Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales

10 de marzo de 2020

Minería: los rezagos de una cultura en conflicto

La lucha por la tierra en Colombia radica en un problema sistemático y estructural, que históricamente ha afectado a los sectores sociales más desfavorecidos. Las comunidades más antiguas (como los indígenas) tienen un profundo arraigo por sus territorios debido a que, según su cosmovisión, estos proveen los recursos necesarios para sobrevivir. Si bien hay muchas comunidades indígenas, raizales y palenqueras, con costumbres y formas de vida particulares, puede decirse que esto es una generalidad entre ellas. Como afirma Dario Fajardo, la lucha por el control del territorio tiene origen en los grupos de poder que, desde la época de la colonia, separaron a las comunidades de sus tierras a través la apropiación ilegítima de las mismas y el uso de la violencia .

Por: Laura Camila Beltrán

Dichas situaciones escalaron a través de los años y derivaron en limitaciones económicas y sociales para el país, puesto que causaron una enorme desconexión entre las dinámicas rurales y las urbanas, además del desplazamiento masivo de los habitantes de las periferias hacia los centros urbanos, el desempleo y la marginación social, también han generado concentración de grandes capitales en pocas manos, lo que implica desigualdad. Así, las tierras “expresan y concretan relaciones sociales, en particular las que expresan el control sobre la tierra como parte de las relaciones de poder características de la sociedad colombiana” (Fajardo, Darío. 2014. Pg: 7).

La minería formal en Colombia está intrínsecamente relacionada con el problema de las tierras, puesto que sigue la misma lógica de extracción de recursos a partir de los suelos de las comunidades, generalmente, más desfavorecidas del país; esto se debe a que las zonas en las que se realiza labor minera, poseen características como la carencia de servicios públicos de calidad, o una cobertura estatal insuficiente para brindar protección y seguridad a la gente, entre otras falencias institucionales, es decir, suelen localizarse en las zonas del país con índices altos de pobreza (Espitia y Rudas, 2013, citado por Guerrero, Luis 2016, pg 28, parr 1).

Adicionalmente, el papel de la cultura en la minería es esencial debido a su importancia en el impacto social de la intervención. Kottak (2002) caracteriza a la cultura como un proceso adquisitivo que permite la interacción entre individuos mediante un lenguaje (verbal y no verbal) que todos comprenden y replican. De esta forma, se puede entender que la cultura está definida por las costumbres, tradiciones y la identidad misma de cada comunidad. Debido a esto, la relación entre la minería, el conflicto de tierras y la cultura, está dada por la construcción de identidad de las comunidades en conexión con su territorio, por los cambios que ellas perciben tras una intervención minera y por el impacto de lo anterior en las dinámicas sociales de los pobladores. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de las comunidades que habitan en los territorios mineros pertenecen a sectores sociales vulnerables, ya sea por sus condiciones socio-económicas o por su cultura particular, puesto que pueden ser indígenas, -como pasa en la mayoría de los casos- o comunidades raizales, afrodescendientes, o palenqueras.

¿Cuál es el verdadero problema?

Ahora bien, la minería es un tema controversial en Colombia debido a los desastres medioambientales que se han presentado en casos como el de Cajamarca, por ejemplo, municipio en el que se encuentra una mina de oro que había sido intervenida durante 10 años y, debido a los residuos tóxicos que la empresa encargada desechaba descuidadamente y que terminaban afectando a la población -específicamente por la contaminación del río Coello-. Se hizo una consulta popular cuyo resultado arrojó la oposición de la gran mayoría de los pobladores del municipio a seguir permitiendo la labor extractiva del mineral.

Sin embargo, es cierto que la minería sigue siendo necesaria para mantener el ritmo del consumo global actual, puesto que gran parte de la producción mundial hace uso de los hidrocarburos para hacer plásticos, del carbón para generar electricidad, o de metales como el tantalio, el cobalto, el níquel o el estaño para la producción de aparatos electrónicos que se mueven masivamente por el mercado global y de los cuales es casi imposible desprenderse; esto, sin contar la extracción de metales de lujo que igualmente atienden a una demanda importante, como el oro, o la plata. Además, la minería es altamente valorada por su capacidad de generar ingresos; en Colombia, el sector representa el 2% del PIB y el 20% de las exportaciones, además genera empleo y es representativa para la Inversión Extranjera Directa.

En función de lo anterior, una de las mayores críticas al sector minero en Colombia es la corrupción, pero los entramados institucionales también juegan un papel indispensable en el escenario pre y post minería. Respecto a esto, uno de los mayores problemas del enfoque territorial en el país, ha sido la distancia cultural de las entidades del Estado con las comunidades, porque esto dificulta una comunicación efectiva entre ambas partes, cuando no se comprenden dichas diferencias y no se trabaja con ellas.

Ahora, si bien lo territorial en Colombia se ha fortalecido en los últimos años debido a la influencia del desarrollo a nivel global, el tema sigue teniendo problemas, lo cual se debe a fallas estructurales en el proceso. Esto ocurre porque, pese a que antes de que se le abra paso a una minera para intervenir un territorio, se les consulte a sus habitantes y se les expliquen las ventajas que esto traerá, las promesas no se cumplen por la falta de conexión con la cultura de las comunidades o por falta de entendimiento de sus problemáticas reales, debido justamente a la poca comprensión sobre sus costumbres y su identidad, de modo que la llegada de las regalías termina siendo insuficiente para solventar necesidades.

Dos casos, una realidad

Cerro Matoso es una mina a cielo abierto de ferroníquel que está ubicada en varios municipios de Córdoba, especialmente en Montelíbano. Durante el conflicto armado, grupos de autodefensas cooptaban las regalías de la empresa que operaba la mina y tomaron un gran control de la zona, por lo que lograron facilitar el tránsito de las ganancias de la minera hacia el financiamiento de los grupos ilegales. Esto explica la razón por la cual la empresa minera fue negativa para el desarrollo de la región desde su contexto.

Los habitantes de los municipios que abarca Cerro Matoso eran víctimas de la guerra, del despojo de tierras y de la administración débil del Estado; su situación se vio afectada por el financiamiento de los grupos ilegales mediante los réditos de la minera. Pero más allá de eso, las promesas respecto al uso de las regalías fueron falsas, lo cual obstaculizó su economía por fuera de la minería.

Actualmente, la empresa sigue funcionando y la situación se ha limitado a pequeños avances económicos en algunas de las comunidades involucradas, pero el más afectado ha sido Montelíbano (municipio donde empezó operaciones la empresa). Las entidades territoriales, hasta hoy, no han tenido en cuenta cómo se mueven las dinámicas sociales en el sector, no han determinado cuáles son las causas del atraso económico más allá de la corrupción, no han establecido parámetros de desarrollo que contemplen las costumbres y tradiciones de los habitantes para que se sientan cómodos con la presencia de la minera.

El Cerrejón, por su parte, es una mina de carbón ubicada entre los municipios Albania, Barrancas y Hatonuevo, en la Guajira. Antes de la llegada de la mina, en los años 80, los habitantes tenían dinámicas sociales estrechamente relacionadas con el uso de la tierra: compartían el ganado y sembraban en grandes áreas de cultivo; tenían dinámicas comunitarias muy importantes para su socialización y su cultura en general. La cultura de los indígenas wayuu fue atacada con la llegada de la minera, porque no hubo un flujo de comunicación acertado, muchos de ellos no sabían que perderían sus tierras o que ya no podrían recurrir a las dinámicas económicas que tenían antes, sino que tendrían que trabajar para la empresa que se apoderó de su territorio.

Actualmente, El Cerrejón sigue en funcionamiento y los municipios afectados con su operación no han progresado. No hay cobertura básica de servicios públicos -aunque no se sabe si eso es lo que verdaderamente necesitan ellos-, no hay trabajo para todos los habitantes, los índices de pobreza siguen siendo muy elevados, la gente está inconforme y su cultura ha empezado a desaparecer porque han tenido que comerciar con ella para poder generar recursos.

Para concluir, las mineras no son perversas en sí mismas, pero el proceso es descuidado e insuficiente. Fuera de la corrupción, también es necesario visibilizar la falta de atinencia del proceso institucional. Como se mencionó, las mineras y las entidades territoriales buscan llevar desarrollo a las comunidades que prestan sus territorios para la intervención, pero no lo logran debido a que no tienen en cuenta la cultura de las comunidades, de modo que, incluso si el flujo de regalías e impuestos que pagan las empresas, se tradujera efectivamente en más capacidad adquisitiva para los pobladores, el desarrollo seguiría sin darse porque los hábitos económicos y de consumo que tienen los indígenas son muy distintos a los que se consideran “normales”. De acuerdo a esto, la imposición cultural desde el centro del país hacia los territorios, ha sido la causante de la desconexión entre los objetivos de desarrollo y las necesidades reales de las comunidades afectadas. Tomar decisiones desde Bogotá, pensando que lo que las personas en situación de pobreza -en cualquier región del país- necesitan, es dinero, sólo reduce las posibilidades de progreso, porque desconoce las particularidades de las tradiciones culturales que determinan el crecimiento de las comunidades y, a la larga, puede generar la pérdida del valor cultural de estos grupos, cuya identidad (en la mayoría de los casos) está directamente ligada con su territorio.

Recomendados Libre Pensador

Caracol Radio. El sector minero genera 350 mil empleos directos en Colombia.

El Tiempo. Ambientalistas advierten sobre explotación minera en Cajamarca

Fajardo, Darío. Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana

Gómez, A; Tobón, L. Un análisis de la educación indígena y su relación con las Políticas Públicas.  

Guerrero, L. Tierra y territorio en el departamento de Córdoba en el escenario de posconflicto.

Jaramillo, I. – Revista Semana. La corrupción de los privados.

La Silla Vacía. La puja de dos pueblos por la mina de Cerro Matoso (y sus regalías).

Portafolio. Cajamarca votó masivamente en contra de la minería.

Reyes, A. – El Espectador. La falta de lógica territorial.