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Neoliberalismo
1 de noviembre de 2019

El neoliberalismo en América Latina

En América Latina, la «década perdida» de los años 1980 fue marcada por una profunda crisis económica, hiperinflación, la descomposición de la estructura social e inestabilidades políticas. Una serie de medidas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial aspiraban a mejorar la economía de los países afectados por la crisis al comienzo de los años 70. Dentro de esas reformas, la liberalización del comercio exterior, privatizaciones de monopolios estatales o reformas fiscales permitieron el auge de actores privados en la economía nacional a expensas de un repliegue del Estado pero ¿es deseable el debilitamiento del Estado a favor de un mercado que regula la vida pública de los individuos?

Por: Kévin Tuszynski

Un modelo teóricamente benéfico para la región

Existe un largo consenso sobre los beneficios de una privatización de sectores públicos, que es favorable en la medida que las empresas privadas permiten reducir la inversión pública, lo cual implica una reducción de los gastos estatales y por ende de la deuda pública. A modo de ejemplo, América Latina es la región del mundo con el crecimiento más constante en términos de privatización de la educación esas últimas décadas. En el caso de Chile, este sistema se planteó como una forma de promover la participación del sector privado, considerado por sus impulsores como inherentemente más eficiente y consecuente con las demandas sociales. Se asumía también que el clima competitivo creado por un sistema de estas características incrementaría el nivel general de calidad y eficiencia. Según el Times Higher Education, la Universidad Pontifica Católica de Chile fue designada mejor universidad latinoamericana en 2019.

Otra propuesta del Consenso de Washington fueron las reformas fiscales, cuyo doble objetivo era aumentar el número de contribuyentes y reducir las tasas de imposición marginales. El IVA, que ha reemplazado los múltiples impuestos sobre las ventas en la mayoría de los países, tiende a proveer más recursos y es más fácil a gestionar con los medios disponibles. Además, reduce la posibilidad de fraude y es más racional económicamente ya que impulsa el ahorro. Según la OCDE, las recetas fiscales han aumentado durante dos décadas, sobre todo en Argentina y Colombia, donde casi se duplicaron entre 1990 y 2010. Es una cifra de relativa importancia puesto que  han representado más del 20% del PIB a lo largo de la última década.

Por fin, el consenso de Washington contemplaba, en una lógica de promoción de las exportaciones, liberalizar los intercambios comerciales. Eso implicaba la limitación, incluso supresión, de las barreras tarifarias y no tarifarias. A pesar de un cierto retraso institucional de los diferentes organismos regionales, esta liberalización ha permitido la interconexión de mercados latinoamericanos a través del nacimiento de acuerdos de libre comercio bilaterales o multilaterales.

Sin embargo, el poder de diferentes actores privados, y su influencia en la economía nacional de los países latinoamericanos, ha sido acompañado de una pérdida de soberanía del Estado, lo cual generó consecuencias sociales irrevocables.

Un Estado débil, una sociedad enferma

Como decía Ludwig Erhard, entonces ministro federal de la Economía alemana (1949-1963), «entre más libre es la economía, es más social y mayor es el beneficio para la economía nacional»; sin embargo, la concentración histórica del poder, de las riquezas y de los recursos volvió la región en la más desigual del mundo. Desde los años 90, los esfuerzos gubernamentales para mejorar la calidad y la universalidad del acceso a la educación fracasaron. En el caso de Colombia, se manifiesta desde el inicio de la edad escolar un retraso de la entrada al sistema educativo de un 42%, especialmente en niños de los hogares más pobres frente al 11% de los hijos de familias más acomodadas.

El neoliberalismo implementa y valoriza el individualismo y la competencia y desprecia tanto la acción colectiva como la autoridad pública, puesto que ponen reglas contrarias a la libertad. Las instituciones cumplen normas de competitividad y rendimiento como el sistema de pensiones, por ejemplo. Desde el Consenso de Washington, el Banco Mundial recomendó el privatizado sistema de pensiones chileno a otros países latinoamericanos como Colombia, Perú o Bolivia; sin embargo, solamente el 25% de los trabajadores peruanos eran cubiertos por dicho servicio en 2013. Más allá de lo anterior, la cobertura real -que mide los trabajadores que se afilian y cotizan regularmente- no supera el 40% en toda América Latina y el Caribe en 2013. La teoría de la privatización de las pensiones no era aplicable en una economía altamente dominada por la informalidad y las desigualdades.

La reducción de gastos públicos y la inserción de actores privados han aumentado las disparidades entres las clases sociales. De hecho, el auge del desempleo, la precariedad del empleo y la informalización del trabajo afectaron la estructura del cuerpo social. La ausencia estatal en ciertos territorios y la exclusión social son factores, entre otros, concomitantes a la emergencia de bandas delincuenciales. La aparición de grupos sociales ilegales como las maras en Centroamérica es un síntoma de fragilidad, puesto que la incapacidad para imponer su autoridad y su control a lo largo de su territorio deriva en la apropiación de espacios públicos por parte de actores delincuenciales. En otras palabras, la ausencia estatal que ha sido una característica histórica del Salvador ha permitido el surgimiento de grupos armados al margen de la ley.

A modo de conclusión, el neoliberalismo permitió un aumento global de las riquezas en los países latinoamericanos pero solamente para una élite y a expensas de una gran mayoría de la población cada vez más afectada por el repliegue del Estado.

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