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15 de julio de 2019

Medio ambiente: alístese para los siguientes cuatro años

Colombia es uno de los países más megadiversos del mundo según Colciencias y ha sufrido los últimos años, más que nunca, en cuestiones ambientales: el derrame de 876.001 barriles de petróleo a causa de la guerra y accidentes; la legalización de la venta de piel de caimán; el aumento del 44% de la deforestación en lugares protegidos como Chiribiquete; la afectación de 25.000 hectáreas de bosque en el yacimiento del rio Putumayo por minería; la desprotección de los páramos; la desaparición del 84% del área glacial; la contaminación de los ríos con mercurio y residuos orgánicos, químicos y sólidos, y el impacto ambiental que trajo la intervención infraestructural de Hidroituango. Estas principales problemáticas deben ser resueltas por el Ministerio de Ambiente, pues su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y proteger el patrimonio natural y la soberanía de la Nación. Han pasado 3 años desde que Colombia, junto con otros 193 países, se comprometió con la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas -ONU, pese a ello, el deterioro ambiental ha aumentado. Esto se debe a que, según el informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente publicado por la Contraloría, el Gobierno 2014-2018 no reglamentó de forma integral el régimen de autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales -CAR; no creó políticas públicas articuladas para la erradicación de la minería ilegal y sus elevados costos y pasivos ambientales y, además, no aplicó correcciones a las debilidades del licenciamiento ambiental. En consecuencia, se impactaron negativamente los ecosistemas, la sostenibilidad y la calidad de vida de la población, especialmente la más vulnerable. Por otro lado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS se creó en 2011 debido a la falta de un organismo gubernamental que supliera las necesidades socioambientales variables en el país. Con respecto al PIB, el presupuesto del MADS fue del 0,005% en 2014 y a pesar de los esfuerzos, sus contribuciones al medio ambiente parecen no ser suficientes. Entonces, las problemáticas que ahora tendrá que enfrentar el presidente Duque en temas ambientales son numerosas. Bastará con entender si sus propuestas políticas le darán la oportunidad a Colombia de conservar y restaurar su patrimonio ambiental.

Por: Vanessa González

Colombia es uno de los países más megadiversos del mundo según Colciencias y ha sufrido los últimos años, más que nunca, en cuestiones ambientales: el derrame de 876.001 barriles de petróleo a causa de la guerra y accidentes; la legalización de la venta de piel de caimán; el aumento del 44% de la deforestación en lugares protegidos como Chiribiquete; la afectación de 25.000 hectáreas de bosque en el yacimiento del río Putumayo por minería; la desprotección de los páramos; la desaparición del 84% del área glacial; la contaminación de los ríos con mercurio y residuos orgánicos, químicos y sólidos, y el impacto ambiental que trajo la intervención infraestructural de Hidroituango. Estas principales problemáticas deben ser resueltas por el Ministerio de Ambiente, pues su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y proteger el patrimonio natural y la soberanía de la Nación.

Han pasado 3 años desde que Colombia, junto con otros 193 países, se comprometió con la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas -ONU, pese a ello, el deterioro ambiental ha aumentado. Esto se debe a que, según el informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente publicado por la Contraloría, el Gobierno 2014-2018 no reglamentó de forma integral el régimen de autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales -CAR; no creó políticas públicas articuladas para la erradicación de la minería ilegal y sus elevados costos y pasivos ambientales y, además, no aplicó correcciones a las debilidades del licenciamiento ambiental. En consecuencia, se impactaron negativamente los ecosistemas, la sostenibilidad y la calidad de vida de la población, especialmente la más vulnerable.

Por otro lado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS se creó en 2011 debido a la falta de un organismo gubernamental que supliera las necesidades socioambientales variables en el país. Con respecto al PIB, el presupuesto del MADS fue del 0,005% en 2014 y a pesar de los esfuerzos, sus contribuciones al medio ambiente parecen no ser suficientes. Entonces, las problemáticas que ahora tendrá que enfrentar el presidente Duque en temas ambientales son numerosas. Bastará con entender si sus propuestas políticas le darán la oportunidad a Colombia de conservar y restaurar su patrimonio ambiental.

¿Cómo terminó el gobierno anterior en cuestiones de ambiente?

Luis Gilberto Murillo, el exministro de Ambiente, y Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, generaron mejoras ambientales como el abastecimiento de agua potable para 8 millones de colombianos, la extensión de 2.763.398 de hectáreas protegidas en el Parque Natural Chiribiquete y la protección de 12 humedales y 30 de 37 páramos colombianos; sin embargo, en materia ambiental, varios desastres conmocionaron al país como el derrame de 410.000 galones de crudo que dejó sin agua a más de 160.000 personas en 2015. Además, los derrames frecuentes de mercurio en los que los ríos Ovejas, Cauca, Atrato y Teta han sido los más afectados, se convirtieron en un problema de salud pública pues, según la Organización Mundial de la Salud -OMS, la exposición al mercurio (incluso en pequeñas cantidades) puede ser tóxica para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, riñones y ojos, y es peligrosa para el desarrollo intrauterino y para las primeras etapas de vida.

Uno de los principales temas que caracterizó al ámbito ambiental en el gobierno Santos fue la ilegalidad: la minería de oro en Chocó y Amazonas, la caza del oso de anteojos, la venta de piel de caimán y la construcción de diques en Santa Marta, dejan mucho qué pensar no solo del Ministerio de Ambiente sino, además, el Ministerio de Justicia y la misma presidencia, la cual, a pesar de los intentos de erradicación de la ilegalidad contemplados en su plan de desarrollo, logró reducirla muy poco. Además, aunque el país ha avanzado en el conocimiento de las amenazas geológicas e hidrometeorológicas, gracias al fortalecimiento de la instrumentalización y la capacidad técnica del Servicio Geológico Colombiano –SGC, y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM, aún los fenómenos del niño y la niña afectan en grandes magnitudes tanto al ambiente y suelos como a la sociedad en temas de salud y sostenibilidad.

Retos y consecuencias políticas para Iván Duque

En 2014, el presupuesto del MADS fue de $58.509´998.205 pesos y en 2019, es de $375.000´000.000 -es preocupante que solo los gastos invertidos en personal correspondan al 16%, pues es un porcentaje muy alto que, si disminuyera, podría destinarse a cumplir mejor y más los objetivos del ministerio- y tan solo en relación con el año pasado, el presidente Iván Duque, como primer aporte al Ministerio de Ambiente, logró incrementar el presupuesto en un 60%. Esto, según el MADS, con el fin de solucionar y no incrementar los conflictos; prevenir, y no atender, desastres; acceder al agua potable, y no añorarla; aumentar la productividad de los recursos naturales y no perderlos; combatir la corrupción y el delito ambiental, y no ser parte de ellos, y reestablecer el desarrollo sostenible de la mayoría de ciudadanos que dependen de actividades económicas primarias mediante el uso de la tierra, el agua, la fauna y flora.

La primera acción de Duque en pro del ambiente y el desarrollo a la vez, fue el levantamiento de veda parcial de Caimán Aguja (Crocodylus Acutus), después de más de 50 años de la ley que protegía la amenaza de extinción de esta especie. Esto se debe a la drástica disminución de ejemplares que “llegó a estado crítico entre 1994 y 1997 con poblaciones no mayores a 11 individuos en 70 puntos geográficos de Colombia”, según el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humbolt. A pesar de que el levantamiento de la veda para unos no debía darse por el peligro de extinción de la especie, el Ministerio de Ambiente comunicó que para las poblaciones de caimanes existe un manejo sostenible que garantiza su permanencia a largo plazo (lo que contribuye al ambiente) y el levantamiento de la prohibición contribuiría al desarrollo sostenible y economía de los habitantes de la zona, quienes fueron cazadores durante toda su vida y ahora protegen y liberan una parte de la especie para su conservación.

Iván Duque y su ministro Ricardo Lozano tienen mucho por delante como propuestas y planes a largo plazo. Una de ellas es la de hacer llegar fuentes de energía solar a Colombia, lo que no solo incumbe al Ministerio de Minas y Energía, sino también al MADS en cuanto la energía es generada por la quema de combustibles fósiles; las plantas de electricidad emiten compuestos y gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono (CO2), dióxido de azufre (SO2) y óxido nitroso (N2O), que según la OMS son contaminantes causantes de cáncer; los contaminantes también terminan en las aguas y suelos; y después de que gases y agua reaccionan se genera “lluvia ácida”.

Por otro lado, es necesaria la revisión del sistema judicial ambiental, en cuanto existen inconvenientes de este con las normas de servicios públicos, comercio exterior, protección étnica, propiedad privada y derechos colectivos, porque todos estos ámbitos dependen y requieren del ambiente para poder desarrollarse y llevarse a cabo: el malgasto y distribución desigual de agua y otros recursos no renovables, la exportación masiva de materias primas, los límites de las comunidades étnicas con su medio ambiental y natural, y el dilema del aprovechamiento masivo de los recursos dentro la propiedad privada, entre otros.

Esto con el fin de lograr mayores niveles de efectividad en materia de protección ambiental y disminuir la eficacia simbólica de la cual se acusa a la legislación sobre recursos naturales y medio ambiente. Además, el presidente Duque tendrá que tener entre sus prioridades: primero, remediar los daños ocasionados por el narcotráfico al medio ambiente, porque la erradicación de cultivos ilícitos destruye los suelos y aun así se quiere continuar con la utilización a gran escala de herbicidas como el glifosato, que ha sido objeto de discusión incluso en encuentros de la corte constitucional en los últimos días; segundo, la delimitación territorial del páramo de Santurbán en Santader, con el ánimo de proteger su biodiversidad, garantizar la conservación de su ecosistema y la gestión integral de los territorios aledaños, problemática que no ha podido ser resuelta por los altos tribunales y la Corte Constitucional desde 2013 y, tercero, resolver el caso Playa Blanca en Cartagena, que es absorbido por el turismo y afecta el ecosistema de la tortuga Carey, la cual está en peligro de extinción, lo que significa que si no se toman medidas urgentes, especies como esta, que es endémica de Colombia, desaparecerán en muy poco tiempo, lo que creará un desequilibrio en el ecosistema en que habitan y de esta manera podrá causar daños irreversibles como el aumento o disminución desmedida de poblaciones de otras especies.

Como es evidente, el presidente Iván Duque empezó con el pie derecho la agenda ambiental de los siguientes cuatro años. Es una larga lista de pendientes que dejó el gobierno anterior y es aún más preocupante el estado de emergencia internacional actual que presiona constantemente, pues según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU –IPCC, el 2030 es la fecha límite de la humanidad para evitar una catástrofe global, debido a que, si la temperatura de la tierra a aumenta a un máximo de 1,5 grados centígrados, habría consecuencias devastadoras para el planeta como la extinción de todos los arrecifes de coral, la exposición a inundaciones de diez millones de personas más y cada vez menos zonas aptas para el cultivo de cereales, entre otras son solo el inicio de numerosas problemáticas mundiales. Es necesario, entonces, que el presidente Duque y el MADS distribuyan estratégicamente el presupuesto para los siguientes cuatro años, para así lograr que Colombia, además de ser un país megadiverso, sea también uno de los países que más son ejemplo de conservación y restauración del medio ambiente y de desarrollo sostenible de su población, lo que contribuirá a la vez con su aporte al mundo en materia de ambiente.

Recomendados Librepensador:

Velásquez, R. – Hay que cuidar el Chiribiquete. 

La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. – Organización de Naciones Unidas, sección “Objetivo de desarrollo sostenible”,

Guhl, E. – ¿Cómo le fue a Santos en términos ambientales?. Semana. 

Ejecución presupuestal 2018. -. Ministerio de Ambiente, sección “Presupuesto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”,