6 de mayo de 2019
Fuerzas públicas: ¿seguridad o sangre?
Por: Natalia Rodriguez Gomez
El término falso positivo es empleado para referirse a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas públicas. “Los asesinatos fueron presentados como un triunfo en la guerra contra el conflicto armado interno ya que se asesinaban jóvenes civiles de bajos estratos socio económicos, haciéndolos pasar como guerrilleros dados de baja en combate”. (Castro, 2017)
Álvaro Uribe, en ese entonces presidente de la Republica, junto con el ministro de defensa Juan Manuel Santos, se negó a reconocer las ejecuciones realizadas por las fuerzas públicas ¿se hizo el Estado el de los ojos ciegos en el caso de los falsos positivos?
Asesinos de inocentes, recompensas de ganadores
La política de Seguridad Democrática fue creada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y buscaba devolver al país la paz y seguridad que se le estaban siendo arrebatadas por los grupos armados al margen de la ley.
Dentro de esta política, surge el decreto 1400 de 2006, conocido como el decreto Boina, que establece una bonificación por operaciones de importancia nacional, considerando en el Articulo 2, la captura de los cabecillas de los niveles I y II, como una operación de importancia nacional. Al ser este decreto derogado, el Ministerio de Defensa sostiene un estatuto, en el que se mantienen, las bonificaciones a las fuerzas públicas, por los guerrilleros dados de baja en combate (Yepes, 2017).
Al verse beneficiados, los integrantes de la fuerza pública se acercaron, mediante ofertas laborales, a jóvenes de bajos recursos económicos; al aceptar , los jóvenes eran llevados a lugares ajenos a su ciudad donde eran asesinados y vestidos como guerrilleros. Los integrantes de las fuerzas públicas presentaban a los jóvenes asesinados como guerrilleros dados de baja en combate, para poder reclamar la bonificación ofrecida por el Ministerio de Defensa.
El escándalo de los falsos positivos, estalla en el mes de septiembre, en el municipio de Soacha, ya que no era un asesinado, era un patrón de muertes, a lo que Álvaro Uribe contestó afirmando: “ahora la estrategia guerrillera es otra, cada que se le da de una baja a la guerrilla, ahí mismo movilizan sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial”, con esta declaración el mandatario se negó a asumir la responsabilidad de las fuerzas públicas en los falsos positivos, acusando a los guerrilleros de ser los causantes de promulgar información que busca difamar al Estado.
¿Y después de muertos qué?
Los jóvenes asesinados, salieron de sus casas por una oferta de trabajo, sus madres, sus esposas e hijos guardaban la esperanza de volver a verlos, no se imaginaban que ese sería su último adiós.
Los falsos positivos fueron catalogados como un crimen de lesa humanidad:
Según la ONU, los crímenes contra la humanidad engloban los actos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Se entienden como crímenes de lesa humanidad asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación o privación de libertad física que viole el derecho internacional, torturas, violaciones, prostitución forzada o violencia sexual, persecución de un colectivo por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, desaparición forzada de personas, apartheid y otros actos inhumanos que atenten contra la integridad de las personas (ACNUR, 2017).
Estos jóvenes fueron asesinados sin justas razones, por intereses económicos de un grupo en específico (las fuerzas públicas). A los jóvenes no les fueron respetados sus derechos fundamentales, como el derecho a la vida; y aun estando muertos, les fueron afectados los derechos personalísimos como a la imagen, ya que los hicieron pasar como guerrilleros. Esto generó frustración en la población, porque teniendo en cuenta que el Estado fue el ejecutor de estos asesinatos, la posibilidad de que se impartiera justicia en este caso era mínima, es por lo que las familias de los jóvenes asesinados no han recibido una respuesta por parte del Estado. Actualmente las familias de las víctimas siguen en busca de la verdad, y se reúnen entre ellas para conmemorar la memoria de sus familiares.
Los falsos positivos no deben de ser olvidados por los colombianos. No se puede hablar de justicia cuando once años después, las familias de las victimas aun exigen que los responsables reciban castigo. El Estado debe velar por la seguridad de los ciudadanos por medio de la Fuerza Pública, pero en este caso impusieron el terror al implementar “dictadura del positivo”, que evaluaba la efectividad de su labor por las muertes ocasionadas.
Recomendados Libre Pensador
ACNUR. Crímenes de lesa humanidad, las mayores atrocidades de la historia.
Centro de Memoria Historica – Una década sin respuesta para las madres de Soacha