7 de noviembre de 2020
El Cerrejón entre el bien y el mal
Por: Oscar Felipe Rocha Peña
La explotación de carbón genera millonarios recursos en uno de los departamentos más pobres del país, pero a su vez el costo es alto.
La explotación de carbón genera millonarios recursos en uno de los departamentos más pobres del país, pero a su vez el costo es alto.
La empresa Cerrejón lleva 32 años vinculada al sector minero colombiano, opera a cielo abierto y ha generado diferentes controversias en cuanto a su funcionamiento desde sus inicios hasta la actualidad. Esta industria ha activado la economía, generando grandes cuestionamientos en su funcionamiento, operación y producción, en tanto ha perjudicado la calidad de vida de los guajiros y el medio ambiente de la región. Durante el proceso de extracción, procesamiento y transporte del carbón, millones de partículas de materiales estériles viajan desde la mina hacia las comunidades, sin que la empresa ni el Estado respondan.
Los resguardos indígenas alegan que ha producido afectaciones a la salud de los niños y adultos de la tercera edad, especialmente en las vías respiratorias y en la piel.
El análisis del bien y el mal del Cerrejón está basado en lo que se presenta al desarrollar esta actividad, el escuchar las inconformidades de la comunidad, saber qué piensan, qué sienten, qué necesitan, si son beneficiados económica y/o socialmente de forma directa o indirecta y si la presencia de esta empresa en su vida genera algún tipo de lucro o no.
Sin el Cerrejón no existimos
El Cerrejón es una fuente generadora de beneficios económicos para la nación, y por ello es esencial mantener activa la mina.
La Guajira concentra su actividad económica en la producción de carbón, a través de la que genera más de 20.000 empleos. Esta industria encadena otras actividades económicas directas e indirectas como: el turismo, la cultura y el comercio de artesanías entre otros.
La Asociación Colombiana de Minería calcula que esta industria mueve de 1,6 billones de pesos en pagos a proveedores de diferentes áreas. Es así, como, entre el año 2002 y el 2019 la mina, que representa el 70% del total de producción minera de Colombia, produjo más de 500 millones de toneladas de carbón, que significaron más de 18.9 billones de pesos de ingresos para el Estado en regalías e impuestos.
Actualmente, por la pandemia, se ha caído la producción generando algunas perdidas empresariales que han afectado la economía; sin embargo, los planes para cuando la emergencia sanitaria pase, son volver a reactivar este sector tan importante y beneficioso, no solo para este territorio, sino para el país en general.
La vida primero
Los vecinos del Cerrejón, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), piden suspender, así sea temporalmente, toda actividad que se desarrolle en la mina de carbón; desde que se iniciaron los trabajos en la mina, la comunidad aledaña se ha visto perjudicada en su salud, de igual manera, el aire, el agua, la flora y la fauna. El constante ruido y la vibración de la tierra bajan la calidad de vida y generan un daño ambiental irreparable ya que para la extracción de carbón se requieren grandes cantidades de materiales explosivos, los cuales se utilizan para romper las montañas, y las explosiones causadas pueden contaminar las reservas naturales de agua que se encuentran en el subsuelo. De otra parte la alta cantidad de decibeles que se producen dichas explosiones causa daños en los oídos de las especiales animales que viven cerca de la mina.
Se deben tener en cuenta las intervenciones hechas por la compañía a las fuentes hídricas de la región, las cuales han producido un severo impacto en todo el ecosistema. Estudios recientes de la ONG Indepaz muestran que las concentraciones de metales volátiles –como zinc, plomo, magnesio y bario– en los ríos comienzan a subir en aproximaciones al área minera, y continúan haciéndolo en los puntos donde El Cerrejón descarga aguas residuales (en los ríos y arroyos). La situación se agrava, en tanto la mina es atravesada por el rio más importante de la región, el Ranchería, de cuya afluente se benefician más de 55.000 personas que utilizan el agua para actividades como la siembra de cultivos y la ganadería. Así pues, al verse contaminadas sus aguas con esa serie de sustancias químicas, el impacto en la salud y bienestar de los habitantes de la región es alto y peligroso.
Como resultado de las dos posiciones en conflicto se han venido generando una serie de disputas entre las empresas responsables de la mina y las comunidades indígenas que se acentúan en estos territorios y que reclaman, ante la justicia nacional, que se asuma la responsabilidad por los grandes impactos que ha tenido la actividad tanto a nivel social como ambiental.
La economía, el medio ambiente y la calidad de vida de la gente son aspectos que se deben tener en cuenta con el mismo nivel de importancia, legislando y regulando de una forma efectiva que garantice cumplir y favorecer los intereses de todos, en busca de un bien común.
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