Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales

10 de marzo de 2020

Minería en Colombia: Satanizada, politizada y desconocida

Durante el último año, he tenido la oportunidad de estudiar más a fondo la actividad minera y su papel en el país; he podido hablar con expertos y profesionales directamente involucrados en el área. Como resultado, he llegado a tres conclusiones: primero, la minería se ha satanizado; segundo, la discusión sobre la actividad minera se ha concentrado -erróneamente- en el terreno político y, tercero, en el país se han popularizado posturas sumamente irresponsables. A continuación, explico mis razones.

Por: Juan B. Pavajeau

En la actualidad han surgido nuevos movimientos cuyo objetivo es lograr prohibir -o en su defecto regular estrictamente- la actividad minera. De hecho, no resulta extraño que en Colombia el concepto de minería se relacione inmediatamente con conflicto, subdesarrollo y destrucción ambiental, por lo que se trata, ante los ojos de estas visiones, como una actividad económica “indeseable”.

Resulta interesante cómo círculos académicos, representantes de movimientos ambientalistas, e incluso, personas del común, igualan la minería al subdesarrollo, a la precarización y a la destrucción ambiental, teniendo en cuenta que, desde los orígenes de las sociedades humanas, se han extraído metales para satisfacer las necesidades. A pesar de la grave estigmatización que carga el sector minero, existe un hecho incuestionable al respecto: necesitamos de la minería para subsistir.

En el marco de la sociedad moderna, en el día a día, gozamos de bienes y servicios que requieren del uso de metales. Por ejemplo, las redes y producción estable de energía, los aparatos tecnológicos, los equipos médicos, las redes de telecomunicación, las construcciones, entre muchos otros, necesitan de metales extraídos por medio de la actividad minera. En términos concretos, sin minería no hay posibilidad de desarrollo ¿Cómo podría entonces prohibirse siendo esta el elemento que permite el funcionamiento de la sociedad tal como la conocemos?, ¿Por qué se sigue insistiendo en que la minería no es necesaria?

Ha llegado a tal punto el descontento social frente a la actividad minera, que se han popularizado los políticos autonombrados “voceros de la voz popular” y del “medio ambiente”. Estos actores han adelantado varias acciones populares, tales como las consultas, para impedir la minería en páramos o ecosistemas delicados. Si bien es legítimo dentro del contexto de una democracia participativa, tal como lo es Colombia, que una comunidad decida sobre su futuro, los mecanismos de participación, enfocándose en la a la actividad minera, han sido inadecuados por una serie de problemas.

Primero, los argumentos que se tienden a exponer se basan en lugares comunes, reafirman creencias y carecen de fundamento técnico sólido. Segundo, se ha politizado la discusión de la minería, mientras éste debería ser un debate enfocado desde lo técnico. Tercero, hay varios pueblos de tradición minera como Vetas (Santander), que dependen en su totalidad de la minería artesanal, de manera que su futuro se encuentra comprometido por la posible prohibición de su principal fuente de ingresos. Cuarto, se están utilizando los mecanismos de participación ciudadana como medios para que los políticos ganen visibilidad y reputación. Quinto, las mayores exportaciones del país son recursos minero-energéticos, por lo que se amenaza la estabilidad económica nacional.  Por último, la sobreexplotación de tales mecanismos reduce la confianza y los incentivos para la inversión extranjera directa en el sector minero de Colombia.

Es innegable que la minería puede tener efectos secundarios en el medio ambiente y la salud pública. Por ello, ha surgido la creencia sobre la necesidad de implementar largos procesos burocráticos y regulaciones estrictas para la adjudicación de licencias para la explotación minera. De hecho, se ha probado que tal aproximación por parte del gobierno colombiano ha fallado por una serie de razones.

Entre las razones principales es necesario resaltar el hecho de que los procesos largos y burocráticos, sumados a la alta carga impositiva del sector, reducen los incentivos para optar por las vías de la legalidad. En ese sentido, varios mineros, tanto industriales como artesanales, continúan adelantando prácticas mineras sin el consentimiento del gobierno. Por tanto, se ha perdido tanto el control de sostenibilidad ambiental de tales prácticas, como los posibles ingresos a través de una contribución moderada. Si el aparato Estatal fuese más amigable para con los interesados en la explotación minera, se podría controlar más de fondo a los mineros, el sector generaría más empleos y habría mayor generación de recursos legales para el país.

En ese orden de ideas, concluyo afirmando que el manejo del sector minero ha sido completamente irresponsable; los colombianos han tomado posturas radicales sin el conocimiento técnico del sector. Sumado a ello, varios políticos se han usufructuado de tales demandas vacías de los colombianos, amenazando la estabilidad y la prosperidad, no solo de los pueblos de tradición minera, sino a todos los ciudadanos del país. Además, los incentivos creados con las buenas intenciones de regular la actividad minera solo invitan a la ilegalidad. Esperemos que, algún día, el debate sobre la minería no se base en creencias, percepciones y lugares comunes, sino en argumentos técnicos y económicos serios.