Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales

28 de enero de 2019

El desarrollo aún no huele a tamarindo

Por: Rodrigo Esteban Bustos Ayala

Los asesinatos de líderes sociales van mucho más allá de una cuestión del derecho a la vida, la paz y el deber del Estado de garantizarlos: son una zancadilla al diálogo centro-periferia, la apertura democrática y las discusiones trascendentales sobre el territorio. Consecuentemente, el desarrollo aún no huele a tamarindo… ni a chontaduro, ni a borojó, ni a guarapo…

El desarrollo a través de medidas pensadas y elaboradas desde el centro es un error que en el mejor de los casos solucionaría las deficiencias parcialmente. Desconocer las lógicas sociales propias de cualquier territorio, los intereses de los individuos, los valores que los rigen y las identidades que los forman, podría generar que una decisión tomada en un escritorio en Bogotá o bien, ahonde el problema que se pretendía resolver, o cree nuevos problemas subyacentes. Es aquí donde los líderes sociales juegan un papel fundamental.

Los líderes sociales son quienes conocen sus territorios, escuchan y articulan las demandas de sus comunidades y participan activamente en la búsqueda de nuevas oportunidades que rompan con la violencia, la desigualdad y la marginalidad que históricamente han estado presentes en sus regiones. En el marco institucional, y sin entrar a discutir qué tan vinculantes son las decisiones adoptadas, su participación en los consejos territoriales de planeación (CTPs) y en los Programas de Desarrollo Agrario con Enfoque Territorial (PDET), resulta transcendental. En el marco social, los líderes ejercen una función de representación de intereses y valores que ni el Estado, ni ningún partido político han logrado, y, además, visibilizan dinámicas y problemáticas que, desde el centro, simplemente, no se ven.

Por ende, que los gobiernos no tomen cartas en el asunto de los asesinatos con la urgencia y determinación que corresponde, es una afrenta al desarrollo en los territorios; es cortarle la cabeza a un proceso social complejo, quitarle la voz a territorios que apenas empezaban a dialogar, perpetuar la ceguera típica del centro, y favorecer a los sectores de la sociedad que se han lucrado de la guerra. Porque sí, sí hay correlación espacial entre las zonas donde han sido asesinados líderes sociales y i) zonas con presencia de cultivos de uso ilícito  e implementación del Acuerdo de Paz en solución al problema de drogas ilícitas, ii) zonas en donde se desarrollan PDET, iii) zonas donde se desarrollan actividades minero-energéticas, iv) zonas con presencia de grupos paramilitares, v) zonas advertidas en Informes de Riesgo y Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, y vi) zonas donde ganó el SÍ en el plebiscito del 2016.

Tampoco se puede afirmar que el gobierno Santos y el gobierno Duque no hayan hecho nada para intentar frenar los asesinatos. Se fortaleció la Unidad Nacional de Protección (UNP), se crearon Zonas Estratégicas de Intervención (ZEI), se creó un Cuerpo Élite de la Policía, y, recientemente, se creó un Plan de Acción Oportuna (PAO). El cuestionamiento gira en relación a los pocos resultados alcanzados -que se reflejan en cifras de asesinatos que nos disminuyen-, en la nula o baja importancia del tema en la agenda mediática, en la metodología que se emplea para establecer la cantidad de asesinatos (de todas la metodologías que existen para hacerlo, los gobiernos han adoptado la que muestra el menor número) y en el tipo de medidas adoptadas, pues, además de ser poco preventivas y más enfocadas a dar con los autores materiales y no los intelectuales, se han centrado en asignar carros y escoltas que al momento de los ataques no parecen ser suficientes.

El PAO de Duque se lanzó casi que sin ninguna cobertura mediática y tampoco recibió ningún pronunciamiento oficial, ¿será porque en él reconoce realidades que el Centro Democrático niega e incluso combate dinámicas que el nicho poblacional del partido ha creado? Sea o no esta la razón del silencio del Gobierno, no se debe desmeritar que no ha ignorado por completo el problema. Reconoce que hay unos líderes sociales que están siendo asesinados, que es necesario protegerlos y garantizarles su participación política, y que además, la estigmatización que se ha generado a su alrededor, empeora su situación, y por tanto, es necesario combatirla a través de campañas mediáticas.

Sin embargo, el panorama no parece muy alentador, en los primeros seis días de enero ya había seis líderes sociales asesinados y ninguna elocución presidencial. Entre ellos, está Maritza Quiroz, miembro de la Mesa de víctimas de Santa Marta, y lideresa en los procesos de desplazamiento de mujeres afro en las zonas rurales de la ciudad y en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Sierra Nevada y Perjiá.

A Maritza la tomo como ejemplo, solo para demostrar que la importancia de los lideres en la construcción del desarrollo en su comunidad es innegable. No hay muertos más o menos importantes que otros. Pero, ¿qué hace que estos muertos no generen indignación y que sean unos pocos medios de comunicación los que informan al respecto? ¿A qué clase de grupo o grupos de personas les da tanto miedo el desarrollo, que matan para que sus regiones queden atrapadas en el tiempo? Y lo más preocupante: ¿por qué los gobiernos no han ni siquiera reconocido que los asesinatos son sistemáticos y generalizados cuando la evidencia y los desarrollos conceptuales de los términos indican que sí lo son? ¿Hay algún interés particular en los gobiernos para que las regiones no se desarrollen? Si parece tan evidente que los asesinatos de líderes son una afrenta al desarrollo de las regiones, ¿qué tipo de desarrollo buscan los gobiernos? o ¿el desarrollo de quién?

El 2019 será un año en el que se demostrará si las medidas adoptadas por el Gobierno realmente fueron diseñadas para frenar los asesinatos, o si más que eso, son una fachada institucional que permite sembrar el miedo en las regiones para legitimar el proyecto de “seguridad con legalidad” con el objetivo de fortalecer electoralmente a los de mano dura y corazón grande para las elecciones regionales de este año.

El desarrollo de las regiones debe ser pensado, articulado, socializado e implementado, especialmente, por quienes habitan en él. La muerte de los líderes sociales es catastrófica para este proceso. Es imperativo que en el 2019 no haya más líderes asesinados; y que el desarrollo empiece a oler a tamarindo.