26 de noviembre de 2019
Las barreras del gobierno Duque para implementar el acuerdo de paz con las FARC-EP
Por: Juan David López Morales
Implementar un acuerdo de paz cuya negociación no apoyó. En esa paradoja está inmerso el presidente Iván Duque a un año de su gobierno. Llegó al máximo cargo ejecutivo del país como resultado de la disputa entre dos estructuras sociales que se reconfiguraron en torno al proceso de paz con las FARC-EP: una que le dio legitimidad y sustento político y otra que criticó esa legitimidad y se plantó como oposición: en términos simples el ‘sí’ y el ‘no’ al plebiscito refrendario de los acuerdos, votado el 2 de octubre del 2016, que tuvo como resultado la negativa a lo acordado.
Duque ascendió apoyado por los críticos del proceso y el acuerdo, por eso, hay barreras simbólicas por las que no ha sido posible la plena implementación de lo acordado entre el Gobierno y la exguerrilla de las FARC-EP. La primera, relacionada con el desconocimiento del conflicto por parte del sector político representado por Duque; la segunda, arraigada en la diferencia de concepción sobre para qué se hizo el proceso y cuáles son sus objetivos más allá del hecho de desmovilizar a la guerrilla.
Sobre lo que ha hecho Duque se ha dicho que tiene una “narrativa contradictoria”, que “avanza en lo básico” sin darle capital político a las FARC-EP o que ha entrado en un proceso de ralentización “normal”. Aquí no se tratará de evaluar los avances en sí, sino más bien las razones por las que esos avances son parciales.
El peso de no reconocer el conflicto
Para el partido de gobierno, el Centro Democrático, en Colombia no hubo un conflicto armado. Este es uno de los principios doctrinarios e ideológicos de esa colectividad que recoge el pensamiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por lo tanto, para ellos, el Estado colombiano no era el responsable de resolver un conflicto, sino de enfrentar una amenaza terrorista, como se les llamó desde el 2002 a los actores insurgentes en armas.
Esto se es una barrera para la implementación de lo acordado con las FARC-EP, en principio, porque ese acuerdo se fundamentó en el reconocimiento del conflicto armado y, por lo tanto, de la guerrilla como un actor político en ese conflicto. No en vano, su título reza “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, lo que plantea un choque de visiones entre la política a implementar y los encargados de implementarla.
Aunque al momento de Duque asumir el poder ya no podía echar atrás disposiciones como las curules especiales en el Congreso para los miembros del ahora partido FARC, el presidente y su partido no ven con buenos ojos esa apertura política, bajo el argumento de que primero debían ser juzgados por los delitos de lesa humanidad que hubiesen cometido. Más allá del debate jurídico, al no reconocer el conflicto, no reconocen a la contraparte como un actor político ni la inclusión política como una necesidad cierta. La apertura democrática necesaria según diagnósticos como el del Grupo de Memoria Histórica (2013) implica reconocer que hubo una exclusión previa.
Asimismo, la oposición a aprobar curules para las víctimas del conflicto, o bien su condicionamiento a incluir en estas curules a sectores militares que pudiesen considerarse víctimas demuestran el desconocimiento del trasfondo político de seis décadas de guerra. En sintonía con esto, no reconocer el conflicto armado implica menospreciar las causas objetivas de este, sustentadas por amplios sectores académicos e institucionales durante las últimas décadas. También implica no reconocer las consecuencias que en muchas regiones del país se tradujeron en la profundización de las condiciones de pobreza y desigualdad .
No se trata de una discusión semántica ni teórica. Que el Gobierno de turno, en representación del Estado colombiano eche de menos esas causas y implica una mayor tendencia a desatender las políticas encaminadas a resolver esos problemas, como algunas de las consignadas en el Acuerdo Final, por ejemplo, en materia de tierras, igualdad de género y participación política.
En consecuencia, la solución ya no es la paz territorial plasmada en el Acuerdo de Paz basada en la participación ciudadana, la ampliación de la democracia, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, y el reconocimiento de los daños causados por todas las partes en el conflicto armado; sino un proceso de “estabilización” y de garantía de la “legalidad”, asociado con la reincorporación de las bases guerrilleras (no de sus mandos), y pensado en lógica centralista desde Bogotá.
Así, para la visión de “estabilización” del actual Gobierno, el resultado de un proceso de paz está dado por el desarme efectivo y el silencio de los fusiles, lo que riñe con los objetivos con los que fue negociado y pactado el Acuerdo Final con las FARC-EP, insurgencia que en su discurso reclamó transformaciones que favorecieran a los más desprotegidos del país.
Una paz pensada en negativo
El Acuerdo Final entre el Estado y las FARC-EP tiene una concepción dual: tiene elementos de paz negativa y de paz positiva; sin embargo, la perspectiva del gobierno Duque se limita a la primera concepción, a la negativa, por lo que la voluntad de implementar resulta diferencial.
La paz negativa se refiere a la eliminación de la violencia directa, es decir, al acallamiento de las armas, lo que se puede leer en el acuerdo cuando sostiene que “la terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto”. Mientras tanto, la paz positiva se refiere a la eliminación de las formas de violencia indirecta o estructural, entendida como la distancia entre las posibilidades de realización y las condiciones fácticas en una sociedad o, en otras palabras, como las condiciones de desigualdad. Esto, en el Acuerdo, se traduce en concepciones como “dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social y a fortalecer nuestra democracia”.
El enfoque del gobierno Duque en la “estabilización” mencionada se refiere al énfasis de este en la reincorporación. Así lo evidenció, por ejemplo, en su primer discurso como Presidente ante la Asamblea General de la ONU: “Nuestro Gobierno va a trabajar para que el proceso de desmovilización, desarme y reinserción adelantado en los últimos años salga adelante con éxito”.
Este enfoque puede tener consecuencias positivas, dado que incluso para algunos estructuradores del proceso de paz, la reintegración fue un tema al que probablemente se prestó muy poca atención durante las conversaciones y que esta ha sido normalmente la dimensión menos exitosa en los proceso de paz colombianos y ha dado lugar a nuevos ciclos de violencia. Según Vélez y Ávila (2019), el Gobierno “a lo que más le ha metido el acelerador es a que los excombatientes rasos pasen a la vida civil”, y no así, a las medidas más profundas del acuerdo.
Además, la visión negativa de la paz termina armando una paz sin reformas, es decir, débil en la solución de los problemas identificados como causas o condiciones que permitieron el conflicto. Esto se evidencia, sobre todo, en el todavía incipiente desarrollo de las políticas en materia rural y agraria contenidas en el Acuerdo de Paz, como la formalización de tierras y los Planes de Desarrollo con Enfoque Tettitorial -PDET.
A noviembre del 2018, según el Instituto Kroc, el 32 % de disposiciones del Acuerdo de Paz no se habían comenzado a implementar y otro 33 % estaba en una fase de implementación mínima, un 23 % tenía implementación completa y otro 12 % estaba en estado intermedio. Además, hasta hoy el 57 % de las normas necesarias para la implementación no han sido tramitadas en el Congreso de la República. Si bien es cierto que el tiempo es corto para juzgar la gestión del actual Gobierno, el Presidente y sus cercanos han dejado claro que algunos de los puntos más transformadores del acuerdo no son su prioridad.
Que el Estado –Ejecutivo y Legislativo– desatienda los puntos más reformistas del Acuerdo con las FARC-EP en un contexto de vulnerabilidad en materia de posible reciclaje de violencias implica: primero, una posibilidad de frustración generalizada en sectores claves para la implementación: excombatientes, víctimas y la sociedad civil que apoyó el proceso; segundo, la reiteración de las condiciones que dieron lugar a conflictos anteriores como caldo de cultivo para nuevos y más complejos conflictos armados y sociales.
En resumen, el presidente Duque está implementando un acuerdo de paz distinto al que se negoció y ratificó. Al respecto fue bastante diciente la discusión jurídica sostenida al inicio de su Gobierno sobre si el Acuerdo se trataba de un compromiso de Estado o de una política de paz del gobierno de Juan Manuel Santos. No obstante, en el 2017 la Corte Constitucional había dejado claro en su sentencia C-630 que lo acordado asignaba obligaciones “a todas las instituciones y órganos del Estado, no solo al Gobierno Nacional” y que el Estado debía cumplir de buena fe y en coherencia con el espíritu de lo acordado.
Por otro lado, se trata de una paz sin reformas porque el enfoque de Duque y sus funcionarios es el de continuar la reincorporación y “estabilización” postacuerdo, más que implementar las medidas de fondo que buscaban solucionar parcialmente las condiciones de marginalidad de algunas de las zonas más afectadas por el conflicto mismo, defendidas como causas del mismo por sectores académicos y sociales.
Es difícil imaginar que algo de esto vaya a cambiar. Aunque haya un reconocimiento de compromisos que hay que cumplir frente a los excombatientes, la comunidad internacional y la sociedad colombiana, Duque implementará todo a su manera, y no necesariamente como fue plasmado y firmado en el Acuerdo de Paz alcanzado en el 2016.
Recomendados Libre Pensador
Corte Constitucional – Sentencia C-630/17
Grupo de Memoria Histórica – ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad.