Un desarrollo con sabor a carbón, oro y petróleo

Por: Nataly Juliette Rodriguez

¿Cómo opinar sobre la industria que mueve la economía del mundo, a la que se le atribuye gran parte de los nuevos avances tecnológicos, industriales e incluso sociales del último siglo? La extracción minera como la de hidrocarburos sin duda cambió la forma en cómo se entendía el mundo, gracias al carbón los primeros trenes dieron conexión económica a las naciones, el petróleo se convirtió en un fundamental insumo para la movilidad y el gas, en la principal fuente de energía. Es por esto, que se le ha denotado como una poderosa industria que conduce al desarrollo al país que lo sepa administrar, pero ¿cuánto cuesta el “desarrollo”?

La extracción minero-energética y de hidrocarburos se ha ido regulando con el paso del tiempo, principalmente porque tras ella hay una problemática ambiental que más allá de “simplemente contaminar el ambiente” repercute en la sociedad. Las empresas extranjeras y nacionales son conscientes del impacto que se crea con este tipo de actividades, por ende, no es una coincidencia encontrar una relación entre una baja institucionalidad y una alta inversión minera en un país.

La institucionalidad toma temas de gobernabilidad, acogimiento de las leyes, presencia estatal -entre otras muchas cosas-. Como afirma Mauricio Lascurain (2012),  dichas naciones son “aquellas con una vulnerabilidad económica, bajo desarrollo humano y la falta de instituciones fuertes y confiables”, asegura que, al no tener una perspectiva alta de crecimiento dada la misma estructura socioeconómica, los Estados ven una oportunidad de crecimiento en la inversión extranjera.

Así pues, si una empresa tiene la oportunidad de llegar a un país con regulaciones débiles, alta accesibilidad al sector – donde solo tiene que encontrar territorio para explotar- y una mano de obra ‘barata’, no intentará buscar un país con costos de transacción sean exponencialmente más altos. Además, las cosas se facilitan cuando la democracia no se entiende como un instrumento para la población sino, para la institución.

Teniendo en cuenta lo anterior, el ojo del huracán se centra en los países del “sur” o aquellos Estados que se encuentran cercanos a la línea del Ecuador y que están dotados de comodidades ambientales y multiplicidad de recursos, pero con índices de corrupción altos. Pero ¿Qué pasa cuando no se supervisa este tipo de extracciones? ¿Cuál es el problema?

Caso Colombia

La necesidad de encajar en el mundo internacional le ha pasado factura a Colombia. Aquí no solo hablamos de regulaciones mediocres sino, de problemas de salud pública, dependencia económica a un sector e incluso una deslegitimación al pueblo.

Las regulaciones han cambiado en los últimos diez años: se pasó de la necesidad de encontrar un lugar para explotar, y acceder a una licencia para hacerlo, a la protección medio ambiental y la prohibición de explotar zonas protegidas y paramos que hoy están regulados por la ley. Las exigencias para acceder a licencias y al registro minero se intensificaron y, en papel, parecieran ser más garantistas. No obstante, José Devía afirma que la alta informalidad en el sector, la baja presencia del Gobierno en las zonas mineras y la imposibilidad para la formalización de mineros artesanales e informales hace que el Gobierno no haya logrado hacer de la minería un sector eficiente, competitivo, amigable con el medio ambiente y socialmente justo.

Una de esas pretendidas garantías fueron los mecanismos de consulta previa que pretende que las poblaciones asentadas en territorios con potencial minero avalen o rechacen la actividad. Sin embargo, las comunidades son manipuladas, la corrupción impide una participación legítima o, en el peor de los casos, la población simplemente es ignorada. Situación similar ocurre con las conocidas Consultas Mineras, ejercicios electorales que buscan conocer la opinión de los ciudadanos sobre la actividad minera en sus territorios; sobre el tema se pronunció la Corte Constitucional afirmando que el subsuelo es propiedad de la nación, y que, en ese sentido las comunidades locales no podían decidir sobre el mismo, pero entonces ¿Quiénes son los afectados? ¿Quién es nación?

Por otro lado, es importante mencionar que se está jugando con fuego cuando no hay un plan alternativo para un país que vive de un sector no renovable. Cuando se creó el sistema de regalías, se hizo con el objetivo de que las empresas retribuyeran parte de sus ganancias y con ellos, bajo una buena administración, los municipios afectados invirtieran en el desarrollo de otro sector con el fin de que, cuando se acabara el recurso, hubiese más posibilidades económicas. Una vez más, la corrupción atacó a sectores vulnerables y el dinero se fue al desagüe, ¿Dónde quedaron los proyectos de sostenibilidad?

Respecto el ambiente

Es improbable empezar el camino hacia el desarrollo sin pensar en las repercusiones medio ambientales puesto que, no solamente es un tema de la naturaleza y la multiplicidad de especies que viven en ella, sino que es parte de nosotros como sociedad, es parte de nuestra cultura, creencias y supervivencia.

Colombia es un país que no ha pensado en el mañana. El petróleo que queda tiene 5 años más antes de que no pueda suplir la demanda interna. Una vez se cumpla ese tiempo, el fracking no estará en debate porque las opciones son limitadas. La necesidad de empezar a implementar medidas más sostenibles para el país es imperante.

La minería es fundamental y en ese sentido no puede fácilmente suprimirse, pero debe ser ejecutas de manera tecnificada y con regulaciones altas, de lo contrario pueden darse problemáticas como agua contaminada de mercurio y de petróleo o enfermedades respiratorias para las poblaciones aledañas, entre otras.

El costo de esta forma de ver el desarrollo es alto y restrictivo. Colombia, como cualquier otro país que haga de este tipo de actividades su principal fuente de ingreso, debe buscar alternativas que motiven la industria. La inversión en sectores como la investigación e innovación daría la oportunidad de ver nuevas perspectivas para un país diverso, atendiendo a problemáticas internas y sectorizadas.

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