Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales

26 de noviembre de 2019

El Monstruo de los Andes y un sistema punitivo débil en Colombia

Por: Andrés Ocampo-Velandia

Su nombre es Luis Alfredo Garavito Cubillos, tiene 59 años, y permanece recluido en el establecimiento penitenciario y carcelario de alta seguridad de Valledupar, Cesar. El hombre conocido como ‘la bestia’ ya cumplió 20 de los 40 años a los que fue condenado y para acceder legalmente a la libertad condicional debe cumplir 24 años de prisión, alrededor de 4 años mas.

El macabro recorrido de Garavito.

En 1999, Garavito fue capturado por el CTI de la Fiscalía. Fue declarado culpable del homicidio de por lo menos 172 crímenes cometidos contra menores entre los años 1992 y 1998. La forma en la que Garavito accedía a sus víctimas no era siempre la misma, se hacía pasar por vendedor ambulante, indigente, discapacitado y hasta miembro de fundaciones en pro de niños y ancianos.

Luis Alfredo confeso haber asesinado unos 140 menores, todos entre 6 y 16 años y de genero masculino, aunque algunos expertos estiman que sus víctimas pudieron ser entre 172 y 192. A cada niño que mató, también violó y torturó. Adoraba manosear a sus víctimas pero también las golpeaba, les pateaba el pecho, la cara y el estomago; les saltaba encima, les pisoteaba las manos; amaba hacerles quemaduras con vela y solía morderles las tetillas, e incluso a algunos les amputó dedos.

Fue un verdadero asesino en serie; recorrió unas cinco veces Colombia, pasando por 59 municipios del país y a su paso, dejando muerte en 11 de los 32 departamentos.

Por su parte, el gobierno de Ecuador solicitó a la Fiscalía general la extradición del llamado ‘Monstruo de los Andes’ quien al terminar su condena en Colombia tendría que responder en ese país por el abuso sexual y posterior asesinato de dos menores de edad. Crímenes que se cometieron entre el 10 y el 18 de julio de 1998.

¿Es débil el sistema punitivo colombiano?

En Colombia no existe ni la pena de muerte (desde 1902) ni la cadena perpetua, según Augusto Ibáñez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, ello se debe a que el país ha suscrito tratados internacionales que se lo impiden. Sin embargo, en 2004 el Congreso de la República reformó el código de procedimiento penal que contempla penas máxima de cárcel de 60 años, que son en la práctica una condena perpetua en tanto el promedio de vida de una persona es de 73.

Por otro lado, la directora del Instituto Colombiano de bienestar Familiar, Cristina Plazas, propone endurecer las sanciones, incluso con la cadena perpetua, para quienes cometan abuso sexual contra menores. Plazas rechaza la pena de muerte, pero afirmó: “la violencia sexual es un delito invisible, Colombia debe enviar un mensaje claro y contundente, cadena perpetua para los violadores de nuestros niños”; y es que ese tipo de condenas no son necesariamente contrarias a la democracia. En Estados Unidos, por ejemplo, existen la cadena perpetua y la pena de muerte para delitos como la tortura y violación, fundamentados en la lucha del Estado por proteger la vida de los individuos pero también, la seguridad de la comunidad.

Si bien las cárceles se crearon para rehabilitar, ese objetivo ha sido ampliamente cuestionado ya que son establecimientos que por su naturaleza misma tienden a ´normalizar´ el crimen, así que no hay garantías de que los exconvictos salgan de ellos sin representar un peligro para la sociedad.

En cuatro años Garavito, ‘el Monstruo de los Andes’, uno de los mas sanguinarios violadores y asesinos en serie del país, tendrá derecho a pedir su libertad condicional. De una condena de 40 años, está a punto de cumplir 20 años preso, eso, más los años que lleva redimidos por su trabajo en la elaboración de manillas y otros beneficios, le permitirá aspirar a que se abran las puertas de la prisión cuando haya pagado 24 años.

El director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía –CTI, afirmó que tienen la certeza de que Garavito mintió y están siguiendo el rastro de posibles nuevos casos que le sean imputables, ya que tiene denuncias sobre la desaparición de menores en Nariño y la Costa Atlántica, casos que encajan con su modus operandi.

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