Petróleo en la Macarena ¿controversia política?

Por Manuela Rada Arango

14 de mayo de 2016
Imagen: Ana María Arango D

“Licencia para exploración petrolera en la Macarena”, son quizá, las palabras más polémicas durante los últimos días. El paradigma se tornó gris para los colombianos al oír a través de medios de comunicación que la ANLA (Agencia Nacional de Licencias Ambientales) había otorgado una licencia a la multinacional estadounidense para una exploración de hidrocarburos en la Serranía de la Macarena. La noticia fue causa de crítica entre los habitantes de Colombia, razón por la cual el gobierno se vio en la necesidad de revocar la licencia que había sido concedida a la empresa norteamericana. En consecuencia a lo anterior, la ANLA el 19 de abril se manifestó ante la comunidad nacional, mencionando que se decidió anular el permiso de exploración de hidrocarburos en áreas aledañas a parques naturales de la Macarena, ubicada al sur del país. 

¿Qué pasó con la minería y el petróleo en la Macarena?

La noticia generó indignación y preocupación en los Colombianos, pues la corporación autónoma de Macarena (Cormacarena), había expedido el 30 de diciembre de 2015 un plan que prohibía las actividades petroleras en esa zona. El problema radica en que aquella restricción entró en vigencia el día 13 de Abril, fecha en la que se desató la controversia frente al permiso que se le había concedido a la petrolera Hupecol. Es interesante acotar que las zonas que habían sido entregadas para la exploración, corresponden a territorios que limitan con sectores protegidos y de recuperación para la producción sur del distrito de manejo integrado Ariari-Guayabero. La multinacional norteamericana tenía permiso de explorar hasta 150 pozos en una zona de 30.887 hectáreas ubicadas en San Vicente del Caguán (Caquetá) y la Macarena (Meta). Frente a esta situación, Ismael Medellín Dueñas, alcalde del municipio de la Macarena y la gobernadora del departamento del meta toman postura y expresan sus opiniones. Ismael se opone férreamente a la explotación de hidrocarburos, pues sabe que podría llegar inversión extranjera al país y algunos presupuestos de regalías; no obstante, expone frente a lo anterior que aquél municipio es símbolo de protección ambiental para Cormacarena y para el Estado además, ante una posible exploración petrolera Caño Cristales se puede ver afectado, situación que no le conviene al país por que este último es una microcuenca que forma parte del gran corredor biológico, Andes, Amazonía y Orinoquía. A esta opinión, Fernando Ireguí, el director de la ANLA, refuta mencionando que la exploración se haría a 68 km de las zonas protegidas, razón por la cual no se verían afectadas. Aunado a lo anterior, se suma la opinión de la gobernadora del departamento del meta, mostrando un desacuerdo con la ANLA y, argumentando que ni ella ni las autoridades naturales de la región tenían conocimiento de la socialización del permiso y que se enteraron fue por parte de la comunidad y de los medios de comunicación que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales había otorgado la licencia.

Una crisis de autoridad

Análogamente y en relación a lo ya mencionado, el presidente se vio en la necesidad de pronunciarse ante el país mencionando que, la licencia otorgada por la ANLA se suspendería hasta que se garantice una protección medioambiental para Caño cristales. Además, el ministro de ambiente, Gabriel Vallejo, demostró con un estudio de Cormacarena, que ante una eventual explotación de hidrocarburos en la zona, los ríos y demás riquezas naturales se verían gravemente afectados. Por otro lado, el día martes 19 de abril, la Agencia nacional de entidades ambientales tomó la decisión de revocar la licencia teniendo en cuenta el concepto de Cormacarena y resolviendo con ello un recurso de reposición que un tercero instauró.

La decisión de la ANLA generó polémica por parte de petroleras, especialmente por Hupecol, empresa de capitales que se pronunció el miércoles 20 de abril a través de su representante legal, Leonardo Niño, quien aseguró que la decisión tomada por la ANLA no había sido notificada a la compañía que había demostrado un trabajo responsable y ha cumplido con los requerimientos ambientales y jurídicos establecidos por el gobierno colombiano. Por lo anterior, Niño, afirmó que una demanda al Estado podría ser una opción para Hupecol, sin embargo, están esperando una adecuada notificación de la ANLA para poder realizar un análisis administrativo. Por otra parte, la situación para el gobierno se complica pues la asociación colombiana de petróleo (ACP), comunicó que fue el gobierno quien promovió en el país y en el exterior la explotación de petróleo en la Macarena e invitó a las empresas a invertir allí.

La administración pública cae en vergüenza por la ambigüedad con que la ANLA otorga la licencia y luego se retracta ante la opinión pública. Sin embargo, el asunto no es tan sencillo pues el Estado está asumiendo importantes responsabilidades al momento de tomar decisiones para luego incumplirlas, por lo que está demandado por empresas como Eco Oro Minerals en relación a la sentencia C-035 de la Corte Constitucional que deroga los derechos adquiridos por empresas petroleras en territorio colombiano.

Finalmente, los ciudadanos colombianos merecen respeto y seriedad por parte de la administración pública, pues improvisaciones y fallos judiciales como los presentados en el caso de la exploración petrolera en la Macarena, pueden terminar en demandas al país que tendrían que pagar los ciudadanos con sus impuestos.

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