Visiones y Preguntas Sobre el Desarrollo Rural en Colombia

Por Andrés Hdo Bodensiek

2 de junio de 2015
Imagen: Jon Izagirr

Organizaciones como Dignidad Agropecuaria y la ONG internacional Oxfam, celebraron recientemente el retiro del proyecto de ley 133 que tramitaba el gobierno del Presidente Santos desde finales del 2014. El proyecto fue bautizado por varios senadores de la oposición como Ley Urrutia, en referencia al polémico caso de compra ilegal de baldíos de propiedad estatal que terminó con la renuncia del abogado, Carlos Urrutia Valenzuela, amigo personal del Presidente de la República, cuando fungía como embajador de Colombia en Washington en momentos en los que el polémico caso vio la luz pública, y quién dirigió la firma de abogados que asesoró a la transnacional Cargill en el proceso de acumulación de más de 60 mil hectáreas de tierras estatales en el departamento del Vichada, violando la legislación colombiana.

Sin duda el caso Cargill ilustra la visión de desarrollo rural que tiene un reducido sector de la sociedad colombiana. Estas líneas se encargan de repasar algunas de las propuestas que desde distintos sectores existen entorno al modelo de desarrollo rural que más le conviene al sector agropecuario Colombiano.

La visión del establecimiento

Cabe empezar con la opinión del exministro Rudolf Hommes (El Tiempo.com, 22 de marzo de 2015), la visión que tiene este economista sobre desarrollo rural pasa por el encadenamiento productivo en la altillanura que podría remplazar con producción interna “1.690 millones de dólares en importaciones de cereales”. No deja de sonar extraño que un defensor a ultranza de las ideas del neoliberalismo haga este tipo de propuestas. Claro, la remata recomendándole al vicepresidente Vargas Lleras que pase a la historia construyendo la vía 4G hasta Puerto Carreño pues “(…) ninguna otra haría posible agregarle al PIB de Colombia por lo menos tres y medio puntos de forma permanente y crear como mínimo 700.000 empleos”.

En este mismo sentido, Javier Gamboa, uno de los negociadores de los TLC en reciente entrevista afirmó (El Libre Pensador, 10 de mayo 2015): “Colombia es de los pocos países que, según la FAO, tiene la capacidad de hacer crecer su frontera agrícola y responder a la creciente demanda de alimentos a nivel mundial”. Hay que preguntarle al gobierno ¿nos dedicaremos a alimentar al mundo mientras en Colombia siguen existiendo 5.5 millones de personas sufren de malnutrición?

La cifra hipotética de empleos y los tres puntos adicionales del PIB, citados por el Dr. Hommes salen del CONPES 3797 de la Altillanura, el cual establece, según un documento de análisis académico al respecto (Olarte, 2015), que de $9,6 billones de inversión de dineros públicos para desarrollo de esa región, 9,4 serían destinados a aeropuertos, muelles y carreteras de alta velocidad, alrededor de 180.000 millones restantes serían para la actualización catastral, y menos de 20.000 millones (US$10 millones) serían dirigidos a erradicación de la pobreza, seguridad alimentaria, educación, desarrollo y medio ambiente. Surgen algunas preguntas: ¿Cuántos años tardaría concluir esas obras?, considerando, por ejemplo, que las vías 4G no tienen cierre financiero, ¿Los cereales no se pueden sembrar en otra parte?, ¿dónde están los estudios de productividad?, ¿se contempla el costo de oportunidad igual a cero que implican los contratos de arrendamiento de los baldíos?

Viendo el panorama completo de la propuesta, es evidente que la producción interna y la construcción de las vías beneficiarían a monopolios y al capital extranjero respectivamente, y que el desarrollo que se propone está en la línea de la “teoría del goteo” de Kuznet (acumular para después repartir) que lleva implementándose, sin éxito, más de 25 años. Esa es la visión que tienen los dueños del país sobre la forma en la que debe implementarse el desarrollo rural en Colombia.

Continuemos. En otra columna de Hommes (El Tiempo, 5 de abril), completa su teoría. Allí muestra su acuerdo con las propuestas del superintendente de notariado y registro, reviviendo el debate aludido al principio de este artículo. Dice que la ley 160 del 1994 no sirve, pues “tiene paralizado al sector agropecuario”. ¿No les basta con el fracaso que en cinco ocasiones ha tenido el intento de modificar dicha ley durante los periodos de los ministros Restrepo, Estupiñan, Lizarralde e Irragorri en la cartera agraria? La respuesta es no, pues por vía del actual Plan Nacional de Desarrollo (art. 102) pretenden modificar, nuevamente, el régimen de baldíos. Cabría recordarles que ya la Corte Constitucional declaró inexequible, gracias a una demanda de Manuel Sarmiento, entonces asesor del Senador Jorge Robledo, un intento similar en el primer PND de Santos. ¿Fracasará por sexta vez el intento actual con el proyecto de ley 223? Duró poco la celebración.

La apuesta de los sectores democráticos

A contramano está la visión de organizaciones como las Dignidades del agro, Oxfam y de personajes de la vida nacional como el mencionado congresista. Pese a que en uno de esos recientes artículos, ya referidos, el exministro Hommes hace un llamado desesperado a que: “por lo menos, un ministro de Estado enfrente al senador Robledo en el Congreso y demuestre que la posición que él defiende se opone al progreso y bienestar de la población campesina”, lo cierto es que los debates públicos que Robledo ha adelantado desde su curul en el senado, ofrecen una visión distinta del desarrollo rural para Colombia.

La defensa de la ley 160 es en últimas la defensa del acceso progresivo a la propiedad de la tierra por parte de los trabajadores rurales tal y como lo promueve la Constitución en su artículo 64. Esto implica la promoción de un modelo dual incluyente con agroindustriales y pequeños productores en condiciones de equidad e independencia, es decir dónde los agricultores puedan decidir que sembrar sin imposiciones ni relaciones de avasallamiento como proponía el modelo Carimagua, o la ventajosa asociatividad del modelo Indupalma, más del lado de la visión del gobierno Santos y su gente.

fotoEl mencionado legislador ha sido férreo opositor a los malos negocios que para el país implican los TLC. Un ejemplo de ello es lo dicho por el presidente de la SAC, Rafael Mejía, quien hace unos días en Revista Dinero (S.F) afirmó: “en la actualidad Colombia exporta 4 millones anuales de toneladas de alimentos al tiempo que importa 10”. Allí surge una segunda apuesta de los sectores democráticos: es necesario renegociar los TLC (y es posible hacerlo).

A la primera visión sobre desarrollo rural habría que añadir lo dispuesto en la Reforma Rural Integral (RII) negociada en La Habana. En ese documento se puede leer que esta se adelantará: “en el macro de la globalización”, con todo lo que eso implica. Es decir, allí no se propone el desarrollo agrario para el mercado interno sino para los TLC. En todos los tonos el gobierno nacional ha hecho saber que en la mesa no se está negociando el modelo económico. Por ejemplo, las Zonas de Reserva Campesina, ya se encuentran estipuladas en la ley 160 del 94, es decir que allí no se prevé la implementación de nada que pueda cambiar la estructura fundamental del sector agropecuario tal y como lo conocemos hoy.

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