Las licencias express: un nuevo desafío económico, ambiental y social.

Por Ana María Arango D.

18 de febrero de 2015
Imagen: Corey Matsumoto

A mediados de septiembre, el presidente Santos anunció que el gobierno tiene listo un paquete de medidas que busca facilitar el estudio, construcción, explotación y cierre de proyectos económicos, todo ello, gracias a la agilización de los trámites necesarios para obtener licencias ambientales. El comunicado de prensa con que la Presidencia de la República presenta el proyecto de decreto afirma que el paquete de medidas busca “una relación ideal entre el desarrollo y la preservación de los recursos, con el que se logra un desarrollo sostenible a través del equilibrio entre las dimensiones ambiental, social y económica”, sin embargo, la polémica que desató fue tal, que el gobierno decidió aplazarlo.

Impulso a la inversión extranjera y aceite para la locomotora minera

Entre otros temas, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ha concentrado su propuesta de desarrollo en lo que denominó la locomotora minera y la de infraestructura. En tal sentido, desde 2010 se han intensificado los esfuerzos por facilitar la inversión nacional y extranjera en estos sectores.

Las estimaciones de recursos naturales en Colombia, hacen pensar que tanto la minería como el sector de hidrocarburos son fichas estratégicas de desarrollo y en tal sentido existen grandes expectativas tanto de las regiones que podrían fundamentar en ello su crecimiento económico, como en las empresas explotadoras y del país mismo. De otra parte, el desarrollo de la infraestructura nacional no solamente genera empleo, sino que tiene una incidencia directa en el resto de sectores de la economía.

Sin embargo, existen algunos megaproyectos detenidos por trabas y retrasos al momento de conseguir las licencias ambientales, requisito indispensable de funcionamiento.

El proyecto de decreto entonces, plantea simplificar el proceso de obtención de licencias reduciendo el tiempo que toma el trámite a 5 meses, lo que necesariamente facilitará y promoverá la inversión en estos fundamentales renglones de la economía nacional.

Del afán no queda sino…

Si bien es cierto que reducir la burocracia es, normalmente, una intención de buen recibo, la propuesta de la Casa de Nariño calló como un baldado de agua fría entre los ambientalistas y preocupa a los funcionarios del sector.

Dos de los procesos que más tiempo requieren, al momento de aprobar una licencia ambiental son de un lado los estudios técnicos y de otro las consultas con las comunidades afectadas por cada intervención (el cuidado especial del medio ambiente es un requisito constitucional y las consultas públicas, un requerimiento de las Cortes). Y es que los macroproyectos, necesariamente tienen un impacto ambiental y otro social que no son de poca monta.

Al reducir el plazo de estudio y aprobación de las licencias ambientales, necesariamente se reduce el tiempo que tendrán los ya sobrecargados funcionarios públicos, para analizar los impactos ambientales de cada proyecto y la conveniencia y suficiencia de las medidas mitigatorias propuestas por las empresas. De hecho la falta de información sistemática y oportuna hace que cada proyecto requiera un estudio particular. Todo ello, se ve empeorado por un limitado número de funcionarios y un creciente número de solicitudes.

De otra parte, la obligación de consultar a las comunidades no puede subsanarse con procesos de socialización de los proyectos. El costo de no hacer consultas con las comunidades, o hacerlas a medias, no solamente lo deben asumir los pobladores de las regiones intervenidas, lo asumen también las empresas que encuentran entornos hostiles, incluso agresivos y deben enfrentar toda suerte de reclamos y protestas ciudadanas.

Soy Capaz… de fortalecer el Estado

El panorama entonces, no resulta nada alentador, el proyecto de desarrollo del gobierno requiere facilitar los proyectos económicos, pero su propuesta tendría efectos perversos no solamente para el ambiente, sino para las empresas mismas, que se podrían ver abocadas a que funcionarios precavidos les nieguen las licencias ambientales o que se las aprueben sin los estudios suficientes, con lo que podrían ser revocadas (con los altos costos ambientales y financieros que ellos conlleva) o sus proyectos entorpecidos por comunidades opositoras.

La solución parece obvia, si el problema es falta de capacidad institucional que permita evacuar ágilmente las solicitudes de licencias ambientales, entonces se debe fortalecer la planta de personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales con más funcionarios y un sistema de información eficiente y completo que les permita trabajar al ritmo que exigen las locomotoras presidenciales.

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