Peñalosa y su mandato ya cuestionado

Por María Margarita Soto Díaz

2 de marzo de 2016
Imagen: Corporación Post-office Cowboys y Fundación Razón Pública

El pasado 25 de octubre de 2015 los ciudadanos salieron a votar para escoger a sus futuros alcaldes y gobernadores en los diferentes departamentos del país. Muchos de los resultados complacieron al pueblo votante y otros no tanto. Fue así, como en Bogotá los ciudadanos escogieron como alcalde de la capital del país a Enrique Peñalosa, quien había ejercido ese mismo cargo en 1998.  A menos de dos meses de posesionado, ya hay un movimiento que recolecta firmas para revocar la elección del actual alcalde de Bogotás.

De una parte los nostálgicos de la anterior alcaldía y la Bogotá Humana, argumentan que Enrique Peñalosa debe ser revocado porque la ciudad comienza ya a retroceder mientras el actual mandatario desmonta los avances hechos por el ex alcalde Gustavo Petro. Sin embargo, en tan poco tiempo de ejercicio del poder en el segundo cargo electoral más importante del país, no se podría asegurar que Peñalosa haya cometido aun una falta contra la Constitución Política o la Ley que permita tramitar una revocación del cargo.

La petición para Bogotá Humana

Dos días después de la elección del nuevo alcalde, surgió una petición por parte de un grupo de personas que buscan destituirlo argumentando que durante su primer mandato (entre 1998 y 2000), el índice de pobreza en la ciudad pasó de un 35.1% a un 50%; adicionalmente afirman que la cuestionada implementación del proyecto Transmilenio y de la falta de compromiso de ese gobierno con los estratos más bajos le trajeron costos a la ciudad que aún hoy no ha podido terminar de pagar.

El movimiento por la destitución de Peñalosa se fundamenta en la convicción de sus promotores en que el plan de gobierno del actual alcalde traerá a la ciudad indicadores similares a los que dejó su primer periodo de gobierno: un desempleo creciente, tasas de homicidio en ascenso, presupuesto desperdiciado en inversiones de poco impacto como bolardos o moños de navidad, un sistema de transporte urbano mal diseñado, implementado y administrado y calles mal construidas que trajeron consecuencias nefastas para la ciudad y su movilidad.

Pero…. ¿y la legalidad del asunto?

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia de 1991, se puede desvincular del cargo a un funcionario público elegido popularmente, previa audiencia y mediante decisión motivada, a quien incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo.

A la luz de la norma, Enrique Peñalosa no ha cometido aun ninguna acción que represente una posible investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación o de cualquier otro ente de control, por ende, no hay argumentos legalmente válidos que soporten una petición de revocatoria, que si bien está basada en un sentimiento de disgusto ciudadano, no se soporta en fundamentos jurídicos.

Hasta ahora el actual alcalde ha tomado decisiones y ha hecho anuncios que no han sido del agrado del pueblo bogotano, entre ellas la posible urbanización de la reserva forestal Thomas van der Hammen, la posibilidad de no construir el metro o hacer uno inferior a las necesidades de la ciudad y congelar el 40% de los recursos de los hospitales públicos capitalinos. Sin embargo, ninguna de estas decisiones, por impopulares que sean, representan una causal de destitución.

Habrá que darle tiempo a este gobierno para desarrollar sus políticas y proyectos, esperando que sean beneficios para Bogotá, de lo contrario, el actual mandatario se tendrá que enfrentar a sus opositores en los estrados judiciales  o administrativos del país.

Por ahora, esta petición más que un ejercicio de control político, resulta una  violación a la soberanía democrática de las personas que salieron a votar el 22 de octubre pasado, en tanto en una democracia como la colombiana, el poder político recae en el pueblo que elige a quienes considera deben velar y proteger sus intereses y bienestar, y que, según el mandato de la ciudadanía, tiene el derecho y la obligación de desarrollar su plan de gobierno.


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