15 de junio de 2016
Brasil: la democracia a prueba
Por: María José Plazas Sandoval.
En las últimas décadas Brasil se había considerado una de las potencias emergentes más importantes, no solo de Latinoamérica sino del mundo. Miembro del grupo BRICS –asociación económica y comercial de cooperación entre países de economías emergentes– Brasil se convertía en uno de los países más prometedores. Empero, la potencia latinoamericana se ha venido derrumbando por los casos de corrupción en la empresa pública Petrobras, que han salido a la luz y han involucrado a varios políticos, entre los cuales se encuentran el ex presidente Lula Da Silva, y el juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que ha sido apartada de su cargo por seis meses por haber maquillado las cuentas públicas.
El escándalo
Todo comenzó en julio de 2013 cuando la Policía Federal de Brasil investigaba una red de lavado de dinero entre Brasilia y Sao Paulo; falsas empresas y transferencias de dinero injustificadas. En marzo de 2014, Alberto Youssef, un famoso lavador de dinero es capturado por estar implicado en la red y, a cambio de una reducción de pena, confesó: “Amigos, si hablo, la república se va a caer”; en efecto, así fue. Youssef confesó que muchos de estos flujos de dinero provenían de la empresa Petrobras justificados como honorarios o comisiones. Así mismo, otra parte del dinero provenía de contratos sobre-facturados de obras públicas. Esta confesión no solo desestabilizó el clima económico en Brasil por involucrar a la empresa pública más importante, si no que también alteró el clima político por la implicación de muchos políticos en el escándalo.
Durante la investigación, denominada Lava Jato (lavadero de autos) se encontró que los desvíos de fondos se venían presentando aproximadamente desde el 2005. El escándalo recae en su mayor parte en el Partido de los Trabajadores (PT), partido de izquierda brasileño que viene gobernando el país desde el 2002. El desvío de fondos no solo habría sido direccionado hacia cuentas en el extranjero de diferentes políticos, sino que también habría sido utilizado para financiar las campañas presidenciales de Dilma Rousseff. No es coincidencia encontrar que las investigaciones hechas son a partir del año en que ella se encontraba como ministra de Minas y Energía en el gobierno de Lula Da Silva, otro de los implicados.
Se le acusa a la presidenta de haber utilizado fondos de bancos públicos para cubrir programas que estaban dentro del gasto público –para equilibrar ingresos y gastos del gobierno– y era responsabilidad del gobierno ejecutarlos. Lo preocupante es que este tipo de “ajustes” también habrían sido hechos por gobiernos anteriores.
La denuncia hizo que miles de personas salieran a las calles a manifestarse para que “los corruptos les devolvieran su país”, pidiendo la destitución de la presidenta y el fin de la corrupción. La presión por parte de los manifestantes produjo que el 2 de diciembre de 2015, Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, aceptara el comienzo del proceso para se diera un juicio político, conocido como impeachment (impedimento), contra Rousseff. Se admitieron cargos por violar las leyes fiscales y haber maquillado el déficit de la nación (actos irresponsables), no por corrupción (enriquecimiento ilícito).
Tras casi seis meses de iniciado el proceso, el 11 de mayo pasado, la presidenta fue suspendida de su cargo por seis meses. Apartada del poder, fue reemplazada por el vicepresidente Michel Temer, quien tampoco se libra de estar investigado, y es tildado por Dilma como un “traidor y el padre de los conspiradores”. El Senado tiene un plazo máximo de 180 días para decidir no solo el futuro de la nación. Tras estar en el poder 14 años –desde 2002 con Lula Da Silva-, el PT ha perdido mucha legitimidad.
Implicaciones político-económicas
Los escándalos han destapado la poca responsabilidad ética de la clase política y ponen en cuestión la manera en que ellos manejan el poder. Aún viniendo de la izquierda, como en el caso de Brasil, donde en la última década se había presentado una buena administración, lo ocurrido demuestra que incurrieron en prácticas corruptas como las de la derecha.
El impeachment a Rousseff hace preguntarse hasta qué punto ha llegado la corrupción a debilitar los sistemas democráticos. La situación en Brasil abre polémicos debates no solo para la nación sino también para el continente. La corrupción se ha convertido en un problema inherente a las democracias modernas. Sobre todo, que la inestabilidad política y democrática son constantes históricas en la región; Argentina y Venezuela, para citar un ejemplo, también lo viven. Esta coyuntura deslegitima las instituciones democráticas, en primera instancia por el descenso de la credibilidad que tienen los partidos políticos, y segundo por la crisis económica a la que se debe enfrentar la sociedad.
Según Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la corrupción cuesta cerca de 2% del PIB global cada año. Los problemas económicos que dejan los actos irresponsables de la clase política los costea la sociedad. Las clases gobernantes han decidido actuar de acuerdo a sus propios intereses dejando a un lado el crecimiento equilibrado que se refleje en el bienestar de sus países; y se han encargado de deslegitimarse a sí mismos. Por lo tanto, los casos de corrupción no solo deslegitiman a los gobiernos si no también al mismo sistema, a la democracia.
La política y la economía van de la mano. Antes de que se desvelara el tema de la corrupción en Petrobras, Brasil ya manifestaba problemas por sus políticas económicas. En el 2014 cuando el mundial de fútbol, la presidenta tuvo que afrontar grandes manifestaciones de protesta porque la gente estaba descontenta con el gasto que hacía el país en la preparación de estos juegos mientras descuidaba la inversión en salud y educación. Además, el precio del transporte había subido. El escándalo de la corrupción en Petrobras y el maquillaje de las cuentas, afectó todavía más la economía. Los expertos dicen que el año pasado Brasil decreció un 3,8 por ciento y que este año será mayor, entre otras cosas, porque las calificadoras de riesgo le han bajado su puntaje y ha perdido confianza inversionista. El juicio político repercutió a su vez en los mercados. Por eso, desde el punto de vista de la economía política, vale la pena preguntarse: ¿cuáles habrían sido las reacciones si esta coyuntura se hubiera dado en un ambiente de crecimiento alto y sostenido?
Al final, el proceso de Brasil no solo deja una lección para el país sino también para las democracias y en especial las de la región. La ética y la política en las democracias modernas no se están llevando de la mano. El abuso de poder esta debilitando cada vez más la democracia y pone en cuestión si todo acto es válido en la política. Los gobernantes elegidos le fallan al pueblo, a aquellos por quienes fueron elegidos. El sistema se esta desestabilizando y con el caso brasileño continua el debate sobre sus fallas. Ahora el sistema se encuentra enfrentando la insatisfacción de sus ciudadanos porque el criterio personal de los mandatarios se ha desviado del objetivo en común, para anteponer los intereses de las clases gobernantes. Se espera que el proceso de Brasil deje la enseñanza de que la expresión más limpia y duradera de la democracia solo se logra cuando sus representantes son éticos. Como dijo Karl Kraus, la corrupción no solo pone en peligro la moral de un individuo sino la de todo un país.
Referencias El Libre Pensador:
The New York Times – Brazil Impeachment Debate Hinges on a Thorny Legal Question.