El delito de la indiferencia

Por: Nataly Triana Triana

En Colombia soplan vientos que advierten que puede haber paz; sin embargo, este ideal para algunos y esperanza para otros, depende de que lo propuesto en la mesa de negociación de La Habana se cumpla. En otras palabras, que haya voluntad entre las partes para llegar a este propósito. Uno de los puntos, que aparentemente pasa por debajo de la mesa, es el que concierne a los desaparecidos. Por un lado,  el rol del Estado y sus agentes frente a este crimen de lesa humanidad se ve tergiversado; por otro lado, el papel de las FARC se ha sobrevalorado frente a quienes claman una explicación sobre el paradero de sus seres queridos.

Los desaparecidos en cifras: deshonroso ranking para Colombia

Las cifras de víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado sobrepasan el límite de la imaginación: aproximadamente 84.642 personas, como lo señaló medicina legal en el 2017, sin contar las otras que se suman a dicha estadística con el paso del tiempo. Así pues, no es motivo de asombro el hecho de que Colombia se encuentre entre los países que registran el mayor número de personas desaparecidas desde el año de 1980, así como tampoco lo es la ausencia de movilización y de solidaridad ciudadana. La desaparición forzada es un delito cuya magnitud nadie conoce a ciencia cierta y al que el Estado ha respondido con inmensa indolencia; es un crimen de lesa humanidad que conlleva la violación de diversos derechos humanos y que pide a súplicas una pronta solución.

Hay que tener en cuenta que, a pesar de que la cifra que maneja el Centro Nacional de Memoria Histórica en torno al número de desaparecidos es de 60.630 individuos –un poco menos aterradora que la mencionada anteriormente-, en un informe titulado Hasta encontrarlos: El drama de la desaparición forzada en Colombia se establece que estas  magnitudes de la desaparición forzada equivalen a la desaparición de un municipio como El Carmen de Bolívar, centro económico, social y político de una región como los Montes de María en la costa caribe colombiana. En este orden de ideas, en promedio 3 personas son desaparecidas forzadamente cada día, lo que equivale a una persona cada 8 horas. Cabe mencionar que, si bien la totalidad de las desapariciones forzadas registradas en Colombia no están asociadas con el conflicto armado, no cabe duda de que estos dos flagelos están fuertemente relacionados.

Con el transcurso del tiempo, se han evidenciado reformas legales y la creación de distintas organizaciones para dar frente a este problema; la tipificación de la desaparición forzada como delito en el Código Penal colombiano a partir del 2000, la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas, el Mecanismo de Búsqueda Urgente y el Plan Nacional de Búsqueda de Personas son muestra de ello.

Juego de roles

Es de valorar que en el punto 5 del Acuerdo de paz, las víctimas -entre las cuales se incluyen los familiares de los desaparecidos- han desempeñado un papel fundamental en el proceso de paz. En este punto, las partes se comprometieron a una serie de medidas humanitarias inmediatas, a reformas institucionales y a la creación de una nueva Unidad de Búsqueda para las Personas Desaparecidas. A medida que el Registro Nacional de desaparecidos se actualiza, las estadísticas de desaparecidos por año y género muestran una reducción durante los últimos tres años. No obstante, la impunidad que rodea este delito es escandalosa, no solamente por el hecho de que Estado colombiano no ha logrado un desarrollo apropiado para responder a los derechos y requerimientos de las víctimas, sino también por el hecho de que no reconoce su participación en esa conducta antijurídica.

Si bien es cierto que, respecto a lo acordado en la mesa de negociación de La Habana, las FARC está en la obligación de promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas y al esclarecimiento de lo ocurrido, también es cierto que no es el único responsable de cumplir con esta tarea, como quieren hacer mostrar la mayoría de los medios de comunicación. También el Estado, junto con las organizaciones de derechos humanos, tiene la responsabilidad sobre la búsqueda de las víctimas, pero éste históricamente ha invisivilizado el tema y no le ha garantizado la voluntad política de las instituciones a los familiares para cerrar el ciclo de la incertidumbre.

En esto, claro está, la influencia de los medios de comunicación tiene mucho que ver. El mensaje que difunden, la mayoría de las veces, es una imagen positiva del Estado y una negativa del grupo desmovilizado, lo que contribuye a una polarización en el país y a la creación de una cortina de humo frente a las responsabilidades de la organización política. Ataques contra candidatos del  partido FARC y algunos candidatos presidenciales en las elecciones del 2018, son, en gran medida, consecuencia del lenguaje utilizado en la transmisión de la información; la falta de interés y exigencia por parte de los habitantes y víctimas para que se cumpla lo pactado, no se queda atrás.

Es deber de los ciudadanos exigir, tanto al Estado como a los miembros del grupo desmovilizado FARC, el cumplimiento de lo acordado en la Habana. Un crimen de lesa humanidad, que infunde terror en los ciudadanos, que vulnera principalmente el derecho a la seguridad y a la dignidad de las personas, no puede ser dejado de lado, porque como dijo Ghandi: “más que los actos de los malos, me horroriza la indiferencia de los buenos”. Colombia necesita un cambio, y pronto: pide a gritos el reencuentro de los suyos.

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