Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales

29 de julio de 2015

La Responsabilidad de los medios de comunicación en el conflicto Colombiano

Por: Ana María Arango

Con el acuerdo de crear una Comisión de la Verdad en el marco del actual proceso de paz que adelantan el Gobierno y las FARC, se renueva la propuesta del ex presidente Cesar Gaviria de incluir en el análisis, la participación de actores no armados en el conflicto colombiano. Si bien el ex presidente encendió el debate planteando la participación de actores fundamentalmente económicos, la discusión se ha enriquecido con nuevas propuestas, como la de investigar cual ha sido la responsabilidad de los medios de comunicación en los más de 60 años de guerra que ha vivido este país.

Ocultar, distorsionar o enfatizar información.

Mientras la Plaza de Bolívar y el Palacio de Justicia eran escenario de una de las más cruentas batallas que protagonizó el M-19, la entonces ministra de comunicaciones Noemí Sanín, tomó la decisión de pedir a los canales de televisión nacional (no existían entonces canales privados) que trasmitieran partidos de fútbol. La situación no pasaría de ser anecdótica, de no ser porque su peso político fue determinante. El gobierno nacional, con la connivencia de los comunicadores de entonces, intentaron ocultar que el símbolo físico de la justicia nacional se había convertido en un campo de batalla. Un par de meses después, se hizo público que ese día, no solamente se produjo un enfrentamiento entre guerrilleros y militares, sino que además fueron asesinados 11 magistrados y varios civiles fueron torturados y desaparecidos. De hecho, muchos años después del histórico 7 de noviembre de 1985, videos no publicados de la Toma al Palacio de Justicia, sirvieron como prueba para demostrar que varios de los civiles reportados como desaparecidos o muertos en los hechos, habían salido con vida del palacio y custodiados por las fuerzas militares, entre ellos el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán Rojas

En otro cuestionado momento del periodismo nacional, miles de colombianos atestiguaron la entrevista que Claudia Gurisatti hizo al jefe paramilitar Carlos Castaño. El sesgo ideológico de la entrevista, llevó a que no pocos colombianos percibieran benévolamente al perpetrador de cientos, sino miles de masacres, desplazamientos forzados y torturas. De hecho, en algunas de las sentencias de Justicia y Paz (proceso de verdad en el marco de la reinserción paramilitar), se afirma que dicha entrevista fortaleció el paramilitarismo en el país.

Pero no solo ocultando información o ensalzando actores armados se manipula a la opinión pública. No pocos titulares sobre la entrega del país al “castrochavismo” (lo que sea que ello signifique) colmaron los titulares de prensa y cientos de minutos en televisión y radio, mientras las explicaciones del gobierno nacional sobre lo que se está negociando en la Habana, son relegadas y apenas si se les da cobertura.

Mientras el fundamento esencial de una democracia es la información, el manejo mediático de la información podría haber generado en los ciudadanos una visión parcializada de la realidad.

Verdad, justicia y reparación.

De comprobarse la participación de algún medio de comunicación o de algún periodista en el conflicto armado, ya no como combatientes en el campo de batalla, sino como cómplices y formadores de una opinión que termine legitimando el accionar de uno u otro actor armado del conflicto ¿tendría que haber un proceso de verdad, justicia y reparación?

El futuro previsto del proceso de negociación de paz, ha sido planteado por el gobierno colombiano como de post conflicto, ello implica que la tarea fundamental tanto de los negociadores como de la sociedad civil colombiana, será la de construir un país en paz. Para ello, la experiencia internacional ha demostrado que es necesario establecer un mecanismo de justicia transicional, que como su nombre lo indica, marque la transición entre una realidad de conflicto armado y otra de paz. Mientras el país discute que tipo de penas son aplicables en el marco del proceso de paz, lo que nadie cuestiona es la importancia de la verdad, el reconocimiento y la reparación para poder superar la guerra.

En ese orden de ideas, es fundamental que el país entienda que los diferentes actores que de una u otra forma han protagonizado el conflicto, tendrán que contarle a los colombianos toda la verdad histórica de su accionar: qué hicieron, por qué lo hicieron, quién se benefició de sus actos, quién los financió, quién los ayudó, cómo lo hicieron.   Eso va a ser doloroso y complicado, pero necesario.

El país también tendrá que diseñar algún mecanismo que permita a esos actores reparar a sus víctimas. Pero cuando las víctimas son todos los colombianos, las armas de victimización son los medios de comunicación y los victimarios empresarios y profesionales del periodismo ¿cómo podrían repararse los daños ideológicos, comunitarios, políticos y sociales que produjeron?

De ser encontrados culpables, los medios de comunicación habrían victimizado la democracia en el país que se jacta de tener la democracia más antigua del continente.

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