Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales

27 de septiembre de 2015

La seguridad en Bogotá: propuestas de los candidatos a la Alcaldía

Por: Viviana Reyes

El tema de la seguridad ciudadana en la capital ha sido el epicentro de propuestas (controversiales en ocasiones) por parte de los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Por este motivo el Libre Pensador consultó a Jairo Libreros, experto en seguridad ciudadana, el cual dio un panorama desde el punto de vista académico, que permite valorar la situación real de la capital en materia de seguridad y a su vez, la viabilidad de las propuestas de los candidatos en torno a mejorar la seguridad en la ciudad.

¿Percepción de inseguridad o problema real de inseguridad?

La seguridad tiene dos dimensiones: la subjetiva y la objetiva. Por un lado, la dimensión subjetiva está relacionada a la percepción de la seguridad, que no es simple y llanamente una construcción social, refleja lo que sienten los ciudadanos, y en cierta medida tienen unas variables importantes. En el contexto capitalino se refiere a que tan seguros se sienten los bogotanos cuando están en el espacio público (principalmente). En ese sentido es importante resaltar que la percepción de la seguridad se afecta por tres motivos: “…lo que piensa la ciudadanía frente a la capacidad que tiene el gobierno local para gestionar la seguridad, la deficiencia en el sistema judicial y la falta de un trabajo coordinado entre Alcaldía, Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá…”

En el caso de Bogotá, estas tres variables han contribuido a que la percepción de la seguridad sea cada vez peor. Según la encuesta de la Cámara de Comercio, el 89% de las personas se sienten muy inseguras en Transmilenio. Visto desde la gestión de Gustavo Petro como alcalde, la ciudadanía piensa que no se ha hecho una política pública clara en materia de seguridad y, por lo tanto que la gestión de Petro ha sido precaria en este tema. Jairo Libreros argumenta que “…el problema es que no se han comunicado políticas públicas, ni los beneficios, ni los verdaderos alcances de esas políticas públicas. No se ha mostrado que se ha hecho…”.

La otra variable explicativa del aumento en la percepción de la inseguridad en Bogotá (efectividad de la justicia), se puede ver reflejada en el aumento de casos de linchamiento o “justicia por mano propia”, lo cual obedece a una sensación generalizada de que el manejo que le da la justicia a quienes cometen delitos callejeros (o de menor cuantía) no es efectiva, y por lo tanto prefieren administrar la justicia por cuenta propia en lugar de dejar esa tarea a las autoridades competentes. No obstante, cabe resaltar que este tema de la justicia se escapa constitucionalmente de las facultades propias del alcalde. Finalmente la falta de coordinación entre la Alcaldía, Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá, muestra que “…existe una pelea ideológica entre el papel que juega la policía y lo que quiere que sea la policía para Gustavo Petro. Es inconcebible por ejemplo que cuando se formuló la política pública, la policía no hizo parte del trabajo de formulación, ni siquiera hizo parte del trabajo de determinar las variables para el diagnostico. Entonces la policía va por un lado tratando de tapar los huecos que tiene, y por el otro lado, va Gustavo Petro con una política que no ha podido materializar…”

En cuanto a la dimensión objetiva, según el informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, de México, organismo adscrito a Naciones Unidas, Bogotá hoy es una de las 50 ciudades más seguras del mundo, registrando 17.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto, teniendo en cuenta que la tendencia en América Latina es de 50.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Además, se puede decir que “…Bogotá ha logrado mantener un nivel que le permite decir, que no es una de las ciudades más inseguras del mundo...”. No obstante, como lo discute Libreros, esto no se debe a la gestión de Petro, sino a administraciones pasadas y al servicio de la Policía para contener la inseguridad en la capital.

En esta primera parte, cabe concluir que Bogotá esta mal en ambas dimensiones de la seguridad, aunque sea en una -percepción- más que en la otra –problema real de inseguridad-.

¿Y el problema? Bandas criminales, vendedores ambulantes, pie de fuerza insuficiente, policía multitareas, políticas de gobierno…

La consolidación de bandas criminales y la especialización de sus actividades de inteligencia, asociado con el establecimiento casi permanente de ventas ambulantes en zonas destinadas a la circulación peatonal, han contribuido entre otras cosas a una pérdida territorial del espacio público por parte de las autoridades. Estos factores se han afirmado como un flagelo de la seguridad en la capital. Pues se ha comprobado que existen fuertes vínculos entre los vendedores ambulantes y las bandas delictivas, las cuales se apropiaron del espacio público y cobran una cantidad de dinero a los vendedores para que puedan desarrollar su actividad económica en dicho espacio público, siendo ambas cosas prohibidas por la ley. Adicionalmente, la pérdida del control de lugares emblemáticos de la convivencia como lo son los parques, lo cual ha facilitado el desarrollo de actividades delictivas como el microtráfico, los robos, las riñas entre bandas, etc.

Adicional a esto y pese al gran esfuerzo de la policía, “Bogotá tiene 2.2 policías por cada 1.000 habitantes. Es imposible que con ese número y pie de fuerza, la policía tenga la capacidad de respuesta que le exigimos los ciudadanos y sin duda nos parece mediocre que la policía no atienda las cosas. Pero cuando uno escarba a ver lo que ocurre se da cuenta de este tipo de situaciones, que la policía de un lado no tiene el suficiente personal para eso y dos, que tiene multitareas. Tenemos la policía mas todera del mundo, tenemos policía para todo, judicial, antinarcóticos, escolta, para turismo, para buscar gatos perdidos, etc.…” en ese sentido también se ve un problema al interior de la institución, y es que la multiplicidad de tareas que tiene la policía, la aleja de sus labores misionales. Finalmente, es importante mencionar que la falta de continuidad en el tiempo de las políticas públicas de seguridad ciudadana, no dejan que estas sean efectivas, al no respetarse un mínimo de tiempo que permita avanzar en materia de resultados. Estas deberían fijarse como políticas de Estado y no de gobierno.

Análisis de las dos propuestas más sonadas

Las propuestas en materia de seguridad de candidatos como Peñalosa, muestran su orientación a mejorar la seguridad a través de una mejor gestión del alcalde como comandante en jefe de la policía nacional (lo cual corresponde a un principio constitucional), a una mejora en la infraestructura de parques, de Transmilenio, una mejor iluminación, cámaras y, al igual que Clara López un fortalecimiento en materia de inteligencia policial, y el aumento del pie de fuerza.

Por otro lado, llama la atención las propuestas de los candidatos Rafael Pardo y Francisco Santos. Por un lado, Pardo propone la creación de una guardia urbana, conformada por civiles profesionales que se encarguen específicamente de labores administrativas. Por otro lado, Francisco Santos plantea el establecimiento de una “policía militarizada”, conformada por ex integrantes de la policía o de las fuerzas militares, las cuales tengan facultades de policía judicial, funciones que son propias de la policía nacional.

En ese sentido y en palabras de Jairo Libreros, la propuesta de Pardo parece tener mejor viabilidad y beneficios para la seguridad de la capital “…Se trata de tener una guardia urbana que facilite las tareas administrativas de la policía, que verifique que se respeten las normas ambientales, de protección del espacio público, de reducción de los niveles de ruido, de cumplimiento de las normas urbanísticas, temas que en este momento maneja la policía con unos resultados pavorosos. Porque la policía Se ha dedicado a cosas que no tiene que hacer…”. Siguiendo esa línea de análisis, si la guardia urbana logra reemplazar esas funciones de carácter puramente administrativo (que no implique el uso de la fuerza), el panorama de la seguridad en Bogotá puede mejorar en la medida que la policía se podrá dedicar a sus tareas misionales: la convivencia en el espacio público y el apoyo a las funciones de policía judicial.

Mientras que en la propuesta de Pacho Santos, se puede decir que existe un alto peligro para la ciudad, en tanto se busca “militarizar” la ciudad al otorgar facultades policía y policía judicial a ex integrantes de la policía y de las fuerzas militares con el fin de que asistan la tarea de la policía nacional. En ese sentido, se puede ver que esta idea carece de piso constitucional, pues el único facultado constitucionalmente para crear organismos de seguridad y/o cuerpos armados es el presidente de la republica (Capítulo VII- Constitución Política). Además, la historia del país en estos temas, sugiere el peligro de la creación de un Estado dentro del Estado, o de una institución paraestatal. Lo cual, no resolvería la crisis de seguridad que hoy vive la capital sino que la agudizaría.

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