Caso Odín Sánchez: ¿secuestro con tinte político?

Por: Juan B. Pavajeau F.

El pasado 7 de febrero, el ex congresista acusado por corrupción y parapolítica, Odín Sánchez, fue liberado tras nueve meses de secuestro por el ELN. Sánchez afirma haberse entregado voluntariamente al grupo guerrillero como canje para la liberación de su hermano, Patrocinio, que se encontraba en cautiverio. Por otra parte, el gobierno nacional le exigió al grupo guerrillero liberar a Sánchez como condición para iniciar la fase pública del proceso de paz después de siete años de negociaciones previas. Así, la historia del secuestro del ex congresista ha despertado dudas frente a las intenciones políticas que pudo haber de por medio.

¿Un secuestro conveniente?

Odín Sánchez está en deuda con la justicia del país; debe 5.885 millones de pesos al Estado como penalidad de sus nexos con grupos paramilitares y hasta la fecha, no ha hecho ningún aporte para saldar la deuda. Es importante resaltar que durante su captura, el ELN estaba pidiendo 3 mil millones de pesos para liberarlo, y la familia parecía estar dispuesta a pagar la fianza. Como resultado de una posible negociación con el grupo al margen de la ley, Sánchez puede declararse víctima del conflicto ante el Estado y pedir, por lo tanto, que se le reparen los daños causados a él y su familia, de modo que ese monto sería suficiente para saldar una parte de su deuda con los colombianos.

Por otra parte, tras haber sido condenado en el 2009, Odín Sánchez había dejado de ser protagonista en la política colombiana. No fue hasta el momento en que Patrocinio Sánchez fuera secuestrado, que Odín fue recordado en la arena política, en tanto se volvió el eje de los medios de comunicación ya que el gobierno condicionó el inicio de las negociaciones de paz con el ELN a su liberación.

En un año previo a elecciones legislativas, el excongresista retoma fuerza con un nuevo estatus, el del político que sufrió el secuestro y que hizo posible, finalmente, las negociaciones de paz con el ELN.

Cabe resaltar que Sánchez aún tiene cuentas pendientes con el Estado lo que podría impedirle participar en política durante el siguiente periodo electoral, sin embargo, su secuestro también representa una nueva oportunidad política para su hermana, Astrid Sánchez, quien perdió en elecciones de Senado en el 2014.

Una obligación del ELN

El gobierno ejerció su responsabilidad de exigir la liberación de los secuestrados políticos antes de iniciar un proceso de paz. De hecho, el caso del ex congresista Sánchez no fue el primero denunciado por el gobierno; ya se había exigido la liberación de varias personas retenidas por el ELN, tal como se dio en el caso de Salud Hernández.

Sin embargo, resulta contradictorio para varias instituciones del país, que senadores del Partido de la U, quienes habían expulsado a Sánchez de la colectividad, insistieran en su liberación con mayor énfasis que en otros casos. Entre las pronunciaciones más destacadas se encuentran aquellas del senador Benedetti quien describía al secuestro de ser una “vagabundería” y se respaldaba en el argumento de que Sánchez era el último preso político retenido por este grupo armado, razón por la que sería imposible iniciar una negociación de paz bajo tales condiciones.

El hecho de que el gobierno optara por una actitud crítica frente a la liberación de Sánchez, al punto de detener el futuro del proceso de paz, pudo ser una estrategia para ganar popularidad ante la población, en tanto reafirma la autoridad del Estado frente a los grupos armados. Además, la liberación de Sánchez bajo dichos parámetros, fue vista como un acto de voluntad de paz del ELN.

Resulta imposible en este momento determinar si Sánchez organizó o no su secuestro, como se ha incluso llegado a suponer por las ventajas que le ha significado esta situación; lo que no se puede negar, es que la historia canje – secuestro – liberación – proceso de paz lo trae a él, y a su familia, nuevamente a la arena política.

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