Una paz que dista de ser perfecta

Por: Sharit Saavedra

Pese al Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno y las FARC en el 2016 han sido muy pocos los beneficiados. En el acuerdo se garantizaba la protección de la integridad para quienes se acogieran, sin embargo, el 2020 cerró con 249 excombatientes asesinados y según la vice fiscal general, Martha Yaneth Mancera, la Fiscalía en noviembre, del mismo año, tenía en sus registros 280 personas reincorporadas con afectaciones, ya sean homicidios, tentativa de homicidio o desaparición forzada. Por otro lado, en cuanto a las víctimas del conflicto armado, el último reporte de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) indica que hay 1,758,902 que no han sido atendidas.

Pese al Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno y las FARC en el 2016 han sido muy pocos los beneficiados. En el acuerdo se garantizaba la protección de la integridad para quienes se acogieran, sin embargo, el 2020 cerró con 249 excombatientes asesinados y según la vice fiscal general, Martha Yaneth Mancera, la Fiscalía en noviembre, del mismo año, tenía en sus registros 280 personas reincorporadas con afectaciones, ya sean homicidios, tentativa de homicidio o desaparición forzada. Por otro lado, en cuanto a las víctimas del conflicto armado, el último reporte de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) indica que hay 1,758,902 que no han sido atendidas.

El acuerdo prometía acabar con los flagelos de la guerra

En el contexto nacional, históricamente, todos los pueblos colombianos han sido afectados por la violencia. Múltiples argumentos, múltiples documentos, múltiples acuerdos plasmados en el papel, a veces con tinta, otras veces con sangre, y casi siempre en medio del delito, hacen que la conciencia de la sociedad colombiana hoy se consuma entre la indiferencia y la impunidad, hacía quienes han sufrido el flagelo del conflicto armado.

Estas víctimas vieron en el Acuerdo de Paz una manera de encontrar justicia y de hacer valer sus derechos, debido a que, en este, las FARC se comprometieron a esclarecer todos sus actos cometidos para contribuir con la verdad. Con este fin, fue creada la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, como lo son el conocimiento de la verdad y el acceso a una reparación. Por su parte, los comparecientes debían rendir su libre versión o mejor conocida como confesión, acerca de los delitos cometidos, con el fin de la búsqueda de la verdad.

A pesar de todo lo establecido en el acuerdo firmado en el 2016, esto no ha garantizado aún los derechos de las víctimas, sigue habiendo inconsistencias y retrasos en su implementación. Un ejemplo lo ilustra mejor: en el 2019 hubo seis objeciones a la ley estatutaria de la JEP, debido a la falta de claridad en algunos de sus artículos, todo este tipo de irregularidades atrasan de manera significativa el avance de la justicia.

Aparte de las víctimas, también hay quienes no han sido del todo beneficiados y, por el contrario, han salido afectados: los excombatientes. El 2020 cerró con 249 de ellos asesinados y en lo que va del 2021 ya van 10 casos. El Acuerdo de Paz debe brindar, a quienes se acojan, una garantía de su integridad y el cumplimiento de sus correspondientes derechos. Según declaraciones de la Organización de Naciones Unidas de Colombia, la prioridad de Colombia en este año debe ser la de la protección de los excombatientes y las comunidades afectadas por el conflicto.

El requerimiento de una implementación acertada del Acuerdo de Paz

Es necesario para Colombia cerrar ese ciclo de violencia que ha estado vigente desde hace ya una cantidad bastante amplia del tiempo, acabando con el conflicto armado y garantizando los derechos de las víctimas. Para poder llevar a cabo lo plasmado por el acuerdo, se debe dar solución a todos los impedimentos que han permitido que el conflicto siga avanzando en el tiempo, sin control alguno.

En Colombia ha surgido una nueva época de violencia, así mismo el desplazamiento forzado ha vuelto a tomar lugar. Según un informe de la Defensoría del Pueblo 28.509 personas tuvieron que abandonar sus viviendas como consecuencia de amenazas por los grupos armados y enfrentamientos entre ellos. Estos hechos deberían ya estar en la historia, en el Acuerdo de Paz una de las promesas era la de acabar con todo este tipo de sucesos. Lo propio sucede con el reclutamiento forzado. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, denunció que en la localidad de Sumapaz ya ha habido varios casos de este tipo, aparentemente, por disidencias de las FARC.

En el contexto interno de la implementación es necesario sensibilizar el proceso con cada uno de los actores, por el lado del Estado está el cumplimiento de cada uno de los acuerdos, sensibilizando y socializando las estrategias, especialmente con los afectados por la violencia generación tras generación. Puesto que a través de una reseña histórica se puede entender la actual realidad, para desde ese entendimiento se puedan reinventar escenarios propicios para la paz.

 De otro lado, los suscriptores del acuerdo, como grupos al margen de la ley, tendrán que cumplir con cada una de las cláusulas establecidas para crear un ambiente de confianza y posicionamiento social, que permita su reincorporación de manera propositiva y de cara a su reconocimiento político, con garantías institucionales de inclusión, lejos de manejo de fuentes económicas al margen de la ley, acompañadas de garantías de no persecución y exterminio por su condición.

Ante todo, lo más significativo es que ambas partes digan la verdad y reconozcan sus fallas, solo a partir de esto se puede hablar de implementar de manera correcta los acuerdos.

Recomendados Libre Pensador:

El Tiempo – “El 2020 cierra con 249 excombatientes asesinados según FARC” 

Unidad de Víctimas – “ Reportes de Unidad para las Víctimas”