7 de noviembre de 2020
Las masacres producto del abandono estatal
Por: Natalia Bastidas
El informe realizado por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), el 18 de octubre de 2020, reveló que van 270 personas asesinadas en 68 masacres durante el año. Departamentos como: Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander han sido los más afectados de los 19 departamentos donde se han cometido las masacres. Si bien es cierto la disputa de poder entre las bandas criminales, la ausencia del Estado es la causa principal de las masacres y de la impunidad de los grupos al margen de la ley sobre los territorios. No obstante, el incumplimiento del Gobierno frente a la seguridad, la mala implementación del Acuerdo de Paz y el Narcotráfico son factores de lo que está sucediendo
El informe realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el 18 de octubre de 2020, reveló que van 270 personas asesinadas en 68 masacres durante el año. Departamentos como: Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander han sido los más afectados de los 19 departamentos donde se han cometido las masacres. Si bien es cierto la disputa de poder entre las bandas criminales, la ausencia del Estado es la causa principal de las masacres y de la impunidad de los grupos al margen de la ley sobre los territorios. No obstante, el incumplimiento del Gobierno frente a la seguridad, la mala implementación del Acuerdo de Paz y el Narcotráfico son factores de lo que está sucediendo
¿Qué está pasando?
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia presentó en 2019 su informe sobre el estatus de estas garantías fundamentales en el país, en el que documentó continuas violaciones entre las que se encuentran masacres récord en los últimos cinco años y decenas de asesinatos a líderes sociales. El organismo internacional aseguró que, el 2019 fue “un año muy violento para los derechos humanos en Colombia”. Y, en 2020 expresó: “Su enérgica condena (…) y hace un llamado a las autoridades competentes a fortalecer medidas para eliminar esta violencia”. Estas 68 masacres sin que se acabe el año 2020 sobrepasan las 36 que hubo durante el 2019.
El periodista y abogado Michael Reed Hurtado, investigador de la Corporación Punto de Vista, señaló para El Colombiano en el 2019, que es el Estado quien ocasiona la presencia de los grupos al margen de la ley y no garantiza los derechos humanos en todo el territorio nacional: “En la Política de defensa y seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad, el gobierno de Duque sostiene que: ‘la ausencia de instituciones estatales o su frágil presencia en zonas del territorio generan espacios vacíos de autoridad y Estado de derecho, dando lugar a marginalidad social, política y económica, que aprovechan los grupos criminales’”.
Frente a esta situación, el presidente Iván Duque señaló que, el nombre apropiado es “homicidios colectivos”, y que esto es producto del narcotráfico; además, publicó en su cuenta de Twitter un cuadro comparando las masacres entre en el gobierno de Santos (2010-2018) con las de su gobierno (2019-2020) de datos inexactos. Aunado a lo anterior, para el mandatario, la solución es la erradicación de los cultivos ilícitos, en vez de buscar estrategias que garantice los derechos de los ciudadanos. “Esos hechos de violencia derivados del narcotráfico no son gratuitos, son producto de la expansión de los cultivos ilícitos y el narcotráfico (…) Pero tenemos que hacer más, mucho más y eso implica hacer erradicación, sustitución, desarrollo alternativo y demás herramientas que se requieran para enfrentar las estructuras criminales”, indicó el mandatario el 22 de agosto en el municipio de Samaniego, donde ocurrió una de las masacres.
¿Quién gobierna?
Para acabar o disminuir las masacres en Colombia, el Gobierno debe centrarse realmente en problema y no generar un vacío de las instituciones estatales, porque debido a esto, los grupos al margen de la ley han hecho y deshecho en los territorios. Según la Defensoría del pueblo, los grupos paramilitares se encuentran en un 90% en Colombia.
Diego Restrepo, coordinador de la línea de conflicto, paz y posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación, expone que un factor del aumento de las masacres es: “La disputa por la legitimidad de la población civil. Eso es lo que pasa al sur del Cauca entre el ELN —Ejército de Liberación Nacional— y las disidencias de las Farc; también lo que ocurre en el Urabá antioqueño entre Los Caparrapos y el Clan del Golfo —estructuras dedicadas al narcotráfico y la extorsión” los grupos armados buscan la legitimidad ante la población civil y las disputas de poder entre ellos de los diferentes territorios. Camilo Romero, exgobernador de Nariño, señaló que, en el departamento del sur del país hacen presencia más de 10 organizaciones criminales; Víctor Orlando Cubides, conocido en las filas del ELN como ‘Aureliano Carbonell’, afirmó para el periódico La Vanguardia que: “En Norte de Santander el ELN busca expandirse y controlar la frontera con Venezuela”. Y, otra muestra, es la disputa del ELN vs EPL por Catatumbo, ganó el poder del territorio el ELN, y este mismo, declaró la guerra a los Rastrojos, según la Policía de esta zona para el periódico La Opinión.
Cabe resaltar que, la mala implementación del Acuerdo de Paz ha permitido que los grupos ilegales busquen el dominio, y se lucren a través del narcotráfico. Leonardo González, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, señaló que: “En 2016, la entonces guerrilla de las FARC firmó un pacto con el Gobierno colombiano que contenía diferentes compromisos, desde el abandono de las armas por parte de ese grupo ilegal hasta la llegada integral del Estado a territorios donde históricamente no ha hecho presencia”. Sin embargo, esto no se ha cumplido totalmente, “Como el Estado sigue ausente en el territorio, varios grupos ilegales están tratando de llegar a las zonas donde dominaban las FARC para imponer el orden, y eso no es solo controlar las rutas del narcotráfico, sino tener el control del territorio a través de órdenes a los campesinos, indígenas, afrodescendientes que viven allí”, indicó González.
En la misma línea, Luis Fernando Trejos, doctor en Estudios Americanos e investigador del conflicto y posconflicto en Colombia, afirma que: “Desde el último año de Santos, ya firmados los Acuerdos de Paz, no se aprovechó la coyuntura para crear institucionalidad en regiones olvidadas. El Gobierno Duque tampoco lo ha hecho. Y el vacío que dejaron las Farc lo ocuparon estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal”.
En síntesis, la ausencia estatal ha generado las pugnas de poder de los grupos armados, rutas de narcotráfico, que han cobrado vidas en el país. Evidentemente, el Gobierno colombiano debe imponer el orden, la disgregación de la convivencia en conflicto generalizado, cumplir cabalmente las promesa, acuerdos o tratados y garantizar los derechos para todo el territorio nacional, debido a que, el blanco de estas masacres son precisamente personas con pocas oportunidades de desarrollo, viven en altos índices de pobreza, víctimas del narcotráfico y violencia dentro de su territorio. En sí, el Gobierno debe tener la fuerza para imponerse ante los grupos armados, y que estos no tengan la fuerza de contrarrestarla.
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