15 de enero de 2017
La seguridad ciudadana tras la sombra del Bronx
Por: Paula Jaime Méndez
La intervención en el Bronx del pasado 28 de mayo ha sido percibida por algunos sectores de la opinión como una estrategia de visibilidad de la mano dura de la administración del alcalde Peñalosa Londoño. Esta intervención desplegó la fuerza pública para recuperar esta república del crimen. En cuanto a la seguridad ciudadana, el panorama es incierto: el crimen organizado se adapta fácilmente a golpes como este.
La seguridad mejoró según las cifras
La Policía Metropolitana de Bogotá junto con la Fiscalía y por iniciativa de la alcaldía Peñalosa Londoño, intervino en el sector del Bronx en la localidad Mártires con el fin de acabar con el microtráfico y con otros delitos cometidos sistemáticamente en el sector.
La intervención fue catalogada como un éxito contundente. Según declaraciones del ministro de Defensa Villegas la ciudad está más segura tras el operativo, puesto que hubo un descenso del homicidio de 7% (El Espectador, 2016). Por otro lado, el general Hoover Penilla, comandante de la policía metropolitana de Bogotá, resaltó la disminución en 42% del hurto a celulares, y a vehículos, así como del atraco callejero en el centro de la capital (El Tiempo, 2016).
Las cifras oficiales no son contundentes para afirmar que la seguridad mejoró gracias al operativo. Según el Concejal Diego Molano del Centro Democrático, tras el operativo efectivamente disminuyeron los delitos de asesinato, narcotráfico y hurto. Posteriormente, con el efecto de la diáspora de dichos ciudadanos incrementaron en la localidad de Santa Fe, y luego en la de Puente Aranda. Con lo anterior, queda claro que las afirmaciones de la Alcaldía y de la policía sobre la disminución de los delitos en la ciudad como resultado del ‘exitoso’ operativo no corresponden con la realidad que manifiesta el aumento de delitos en las áreas periféricas al centro de la capital.
La seguridad es multidimensional
Los teóricos de la seguridad han ahondado sobre dos dimensiones que encierran el concepto: la seguridad objetiva y la seguridad subjetiva. La administración distrital se ha concentrado en dar resultados sobre la primera que tiene que ver con la disminución de delitos y violencia, dejando de lado la dimensión subjetiva, que depende de la sensación de inseguridad que perciben los ciudadanos y que se manifiesta en sentimientos de temor y vulnerabilidad. Según la última encuesta de percepción ciudadana realizada en Bogotá, el 46% de los encuestados perciben que la inseguridad en la ciudad ha aumentado (CCB, segundo semestre 2015).
Es cierto que el enfoque de esta intervención tenía todo que ver con el desmantelamiento de las bandas criminales acompañado de una sólida estrategia de seguridad en el Bronx. No obstante, el objetivo del operativo no fue alcanzado. Según el Representante a la Cámara por el Polo Democrático Correa Vélez, el enfoque para abatir las bandas criminales no debe ser únicamente perseguir al traficante, sino desmantelar las estructuras desde las cabezas, y en este sentido cree que la intervención en el Bronx “dispersó el crimen organizado”.
Las tasas de homicidio y la pax mafiosa
Es probable que la reducción en 7% del homicidio en Bogotá sea producto de alianzas entre las distintas bandas del crimen organizado en torno al narcotráfico, que negociaron suspender las disputas territoriales por un tiempo para que, de esta manera, siguiera funcionando el negocio de la droga en las nuevas zonas en las que ya se han constituido nuevos Cartuchos y nuevos Bronx.
Este tipo de análisis llama la atención, puesto que está demostrado que una reducción en las tasas de homicidio no se debe siempre a acciones estatales. Dicha situación se presentó en Medellín, en donde las tasas de homicidio a octubre de 2013 se redujeron en más 60% con respecto al año anterior, disminución que fue relacionada a la famosa pax mafiosa entre las dos bandas criminales más poderosas de la ciudad. La Alcaldía atribuía esta mejora a la mayor inversión en seguridad. Sin embargo, la ONG Instituto Popular de Capacitación (IPC) de Medellín vinculó la reducción en la violencia a la nueva tregua entre las dos bandas criminales más importantes de Medellín, la Oficina de Envigado y los Urabeños. Diego Herrera, director del IPC explicó que si bien los homicidios disminuyeron, las desapariciones aumentaron, y el microtráfico y el desplazamiento forzado se mantuvieron (Insight Crime, 2013).
La mano dura y sus efectos inesperados
La falsa creencia de que la disminución en las cifras de los delitos se debe a la intervención del Bronx, es una muestra más de la miopía selectiva de las administraciones distritales que implementan soluciones de ‘mano dura’, a pesar de ser altamente ineficaces para solucionar problemas de seguridad ciudadana.
El informe regional de Desarrollo Humano demostró que las políticas de mano dura en América Latina han fracasado en su objetivo de disminuir los indicadores de delito y de violencia, y que por el contrario han producido efectos negativos en la convivencia y el respeto por los derechos humanos. El enfoque punitivo que utiliza la represión, el uso de la fuerza y la severidad en las penas ha provocado el aumento en la violencia letal, el fortalecimiento de los grupos criminales y la congestión de los sistemas carcelarios (Hume 2007 en PNUD, 2013).
Por el contrario, para Diego Molano, parte de la estrategia de rehabilitación de los habitantes de calle drogodependientes incluye “buscar una estratégica jurídica para cambiar el concepto de la Corte Constitucional, que establece que sólo se puede trabajar con habitantes de la calle que voluntariamente quieran aceptarlo”. Según el Concejal, “este concepto limita la intervención”.
En América Latina, existe un amplio apoyo hacia la adopción de medidas punitivas más duras para combatir el crimen. Así lo demostró el informe citado anteriormente. En promedio, en la región el 87% de los encuestados está de acuerdo con que la mejor forma de luchar contra la delincuencia es imponiendo castigos más severos. Así mismo, el 35% indicó estar dispuesto a aceptar que la policía viole la ley para detener a los criminales; en otras palabras, “cerca de una de cada tres personas apoya la violación del Estado de Derecho como parte de la respuesta a la delincuencia” (PNUD, 2013).
No dejemos que el ansia por resultados nos hagan desear soluciones que violen el Estado de Derecho, al desconocer que la seguridad ciudadana también pertenece a los habitantes de la calle, tanto como a nosotros.
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