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1 de noviembre de 2018

La dosis mínima y su (i)legalización

Por: Daniel Santiago Páez Martinez

El gobierno de Iván Duque firmó un decreto que le permitirá a las autoridades incautar y destruir cualquier cantidad de droga sin tener en cuenta la dosis mínima. Ante este hecho, múltiples expertos en la materia se han pronunciado en contra de esta medida, ya que, argumentan, sería inconstitucional y no solucionaría el problema del consumo de drogas.

La firma del decreto y las declaraciones de Duque son muestra de su confianza en la efectividad de esta decisión como forma de atacar y prohibir el consumo de drogas. Por otra parte, la oposición al decreto argumenta que este no busca tratar el tema de las drogas como uno de salud pública y que atenta contra del libre desarrollo de la personalidad.

El gobierno y la dosis

El decreto pretende la confiscación de cualquier cantidad de dosis que sea hallada, para así controlar el consumo de drogas y contrarrestar el expendio de estupefacientes en espacios públicos, es decir, atacar a los jíbaros (expendedores de drogas) sin criminalizar a los consumidores. Según la Ministra de Justicia, Gloria Borrero, esto significa que, quien sea sorprendido consumiendo sustancias psicoactivas, deberá entregar la cantidad que posea. Habrá excepción si aquel individuo es un adicto o demuestra, bajo valoración médica o testimonio de los padres, que necesita del consumo de estas sustancias. Si aquello es comprobado, la cantidad incautada será devuelta. Sin embargo, el porte de cantidades que excedan la dosis personal sí será judicializado bajo las normas vigentes.

Según un informe de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar en Colombia, publicado por los Ministerios de Justicia y Salud, al menos 520 mil estudiantes de colegio han consumido drogas por lo menos una vez en su vida. Esa cifra representa el 15.9% de los jóvenes de colegio entre los 12 y 18 años que han consumido estupefacientes. Aunado a ello, el estudio presenta que uno de cada diez niños de séptimo grado ha usado algún tipo de sustancia, mientras que en grado once esta relación es de uno de cada cinco jóvenes. También presenta a la marihuana como la sustancia ilegal más consumida por la población colombiana y que su consumo se ha visto aumentado de un 6.9% en 2011 a un 7.8% en 2016.

Datos como esos han encendido las alarmas en temas de salud y ponen de manifiesto la necesidad de controlar el consumo de drogas y es la razón principal por la que el actual gobierno está llevando a cabo este tipo de políticas puesto que, con el nuevo decreto, se busca “quitar cualquier dosis que esté en las calles de Colombia para que esa tentación no esté amenazando a nuestras familias” según dijo el Presidente Duque en uno de los talleres Construyendo País.

Las posturas críticas hacia el decreto

El decreto ha generado controversia. Voces críticas han señalado que la regulación de la dosis mínima ya venía estipulada bajo la ley 30 de 1986, la cual dice: “Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no supere los 20 gramos; de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína que no exceda de un gramo, y de metacualona que no exceda de dos gramos. No es dosis para uso personal, el estupefaciente que la persona lleve consigo, cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad”

Basado en lo anterior, el crítico del decreto Andrés Beltrán Sierra, expresidente de la Corte Constitucional, subraya que parte de la libertad del individuo es la de consumir drogas si así lo desea, mientras no cause daño a nadie. Sin embargo, la Corte Constitucional aplicó ciertas restricciones al consumo, de manera que, quien vaya a consumir estupefacientes no puede exceder determinada cantidad. Una cosa es la adquisición para consumo personal y otra es obtenerla de manera abundante para su distribución y venta de manera ilegal. Por tanto, la libertad y el desarrollo personal no se pueden afectar mediante un decreto.

En adición, según Julián Quintero, director de la Corporación Acción Técnica Social (ATS), experto en políticas de drogas “Cualquier medida que se tome sobre el tema de las drogas y apunte a la penalización o a la restricción, es un retroceso. El mundo hoy está avanzando hacia flexibilizar las políticas de drogas para poder controlar los mercados”. Siendo así, Colombia se estaría pareciendo a países como Filipinas o China, cuya legislación en la materia es tan severa que incluso implica la pena de muerte. Del mismo modo, la sociedad colombiana se estaría alejando de la imagen de países desarrollados como Canadá y Portugal (este último legalizó el consumo de sustancias psicoactivas hace más de una década y ha experimentado una reducción de más del 75% en el consumo de drogas, según la Open Society Foundation).

Por tanto, se evidencia que la restricción y criminalización de las drogas no presenta una solución al problema de consumo. Contrario a ello, la despenalización de estas sustancias, junto a la educación y prevención, permitirían al Estado un mayor control del consumo y distribución de estupefacientes. La ruptura del oligopolio del narcotráfico y el control de los precios de las drogas, restarían atractivo al microtráfico alcanzando una solución a este problema de salud pública.

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