El tal paro agrario ¿volverá a existir?

Por Indira Margarita Baracaldo Ayala

16 de junio de 2015
Imagen: Camille Pissarro

Desde el 27 de abril del 2015 se estableció en Bogotá una asamblea permanente con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (CACEP) con 300 delegados de las diferentes organizaciones campesinas, indígenas y afro descendientes como el Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, entre otras. Esta cita busca evaluar la situación de los acuerdos firmados con el gobierno en mayo del 2014, pero tras ese ejercicio de balance, se están proyectando nuevas movilizaciones como respuestas ante la dilatación e incumplimiento del gobierno.

¿Plan Nacional de Desarrollo o Plan Negativo de Destacamento campesino?

Los pocos avances del gobierno y la falta de seriedad en las mesas del Putumayo, Catatumbo, Cauca, Arauca, entre otros, donde no se han presentado avances desde el último paro, y el funcionamiento minino de las mesas en otras zonas del país; son las causas que llenan a la Cacep de indignación frente al gobierno. “Porque a pesar de las diversas metodologías que hemos implementado, ha sido constante la dilación por parte del Gobierno”, afirma Andrés Gil, vocero de Marcha Patriótica.

Los acuerdos firmados el año pasado, fueron solo una estrategia del gobierno para acabar con el paro agrario, que por la fecha representaba una debilidad para la campaña electoral del presidente Santos. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es la prueba de una estrategia política; ya que no se tuvo en cuenta las comunidades indígenas, afro descendientes ni los campesinos. Se suponía que el Departamento de Planeación Nacional había estipulado 30 proyectos que se enfocaban en: saneamiento básico, salud, educación, vías terciarias e infraestructura agropecuaria, además del Fondo de Economía Campesina. Nada de esto se incluyó en el presupuesto para el 2015.

El gobierno prometió 250 mil millones a las comunidades para afrontar la crisis agraria, para ser ejecutados en 233 proyectos, de los cuales solo se han aprobado 76 hasta el momento, el gobierno no ha dado el dinero para desarrollar ni siquiera uno de los proyectos. Sin embargo, las herramientas de política pública para favorecer el acceso a la tierra del gran capital y no de la economía campesina, son la base del PND, tal como denuncio Alejandro Mantilla del Congreso de los Pueblos, “El PND favorece al capitalismo y va en contravía de la paz, el movimiento popular, los campesinos, afros e indígenas”.

En la asamblea permanente de este año, ya se decidió que si el gobierno no se pronuncia, se dará inicio a un tercer paro agrario, en el que se ratificarán las ocho peticiones de la cumbre, además de la integración de una Mesa Social de Dialogo para la paz, que busca la participación en el proceso de paz en La Habana con unas futuras negociaciones con el ELN y el EPL, puesto que estas junto con los paramilitares, son los principales victimarios de las comunidades indígenas, afro descendientes y campesinas.

Inconstitucionalidad en peticiones

Las peticiones de la Cumbre Agraria, van más allá de las garantías estipuladas por el gobierno en un principio, la Cacep busca la posibilidad de que en el campo se discutan los cambios estructurales que necesita el país, pero esto no lo avala el Congreso, así que ¿Cómo le pueden exigir a la rama ejecutiva que modifique la posición de la rama legislativa?, que implicaría romper la balanza de poder y lo volvería un acto de inconstitucionalidad.

El escenario legislativo en el que se define la política publica, ya ha establecido muchos de los acuerdos alcanzados en las oficinas ministeriales, en especial, en el ministerio del interior y el de agricultura, en el que sobresalen los avances alcanzados en las zonas agrarias de la región centro oriente del país (Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes) con el Programa de Formalización de la Propiedad Rural, que ha recibido 11.600 solicitudes de formalización en los municipios de Ramiriquí, Sáchica, Villa de Leiva, Moniquirá y Ventaquemada y San Juan de Rioseco.

El ministerio de agricultura en febrero de este año afirmo que en 2015 se van a identificar alternativas potenciales de producción agropecuaria amigables con el medio ambiente y potenciales en lo socioeconómico para contrarrestar la compactación de suelos y problemas de plagas y enfermedades en su principal sistema productivo, el arroz, en las zonas de Boyacá y Santanderes. Además del cumplimiento de la estrategia para la post-erradicación con la colaboración del 98% de los campesinos en la zona del Catatumbo, ha tenido un costo de 12 mil millones de pesos para el gobierno.

El incumplimiento se va a la calle

Las propuestas en pro del agro hechas por el gobierno dejaron de ser legitimas en el momento en que la mayoría de ellas se excluyeron del presupuesto nacional, dando razones a la Cacep para demostrar su indignación por el engaño político que no solo representa un conflicto socioeconómico sino también una debilidad política, que se vuelve peligrosa ante la proximidad de las elecciones regionales.

“Ya es hora de ir a las regiones y pensar sobre la movilización. Despertemos y hagámosle saber al gobierno que tenemos otras formas de hacer política, desde nuestro conocimiento popular”, enfatizó José Santos Cabezas, vocero de la Autoridad Nacional Afrocolombiana y del Proceso de Comunidades Negras.

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