1 de noviembre de 2014
Educación: una reforma que no reforma?
Por: Ana María Arango
Cuando el equipo del gobierno Santos II anunció que el presupuesto destinado a la educación sería, por primera vez en la historia superior al de defensa, hubo en Colombia cierto optimismo. Fue una de esas ocasiones que este país se concentra en lo bueno (parece que a todo el mundo le gusta que se destine más plata para la educación) y deja de lado temas que podrían ser polémicos, como que el presupuesto de medio ambiente disminuyó con respecto al 2014 a pesar de que el fenómeno del niño azota a este país y que lo mismo pasara con el presupuesto destinado al Ministerio del interior aunque sería previsible que una buena parte de la carga de materializar el postconflicto recaiga en él. Tampoco hubo mayor escándalo por los rubros presupuestales que aumentaron, como el de Defensa (aunque estamos en medio de un proceso de paz) el de Hacienda (como dice el refrán popular: el que parte y comparte se lleva la mejor parte) y el de Minas y Energía por que la locomotora minera sigue siendo la prioridad, aunque algunos hayan creído que sería la educación.
Necesitamos más ingresos.
Pues bien, el aumento en el presupuesto de Educación, Defensa, Hacienda y Minas, entre otras, costará 12,5 billones de pesos más de los que el Estado recibirá en 2015; y en tanto modificar la estructura de gastos es inconveniente (el país necesita la educación, la defensa y aparentemente también las minas) tendremos que modificar la estructura de ingresos, lo que se traduce en una reforma tributaria. El gobierno, que presentará su propuesta de reforma ante el Congreso antes del 15 de septiembre, ha declarado que si bien no se plantea modificar radicalmente el Estatuto Tributario, si se prevé la permanencia tanto del 4 por mil, como del impuesto al patrimonio.
Tanto la ANIF como Confecámaras recibieron la propuesta con buenos ojos, por que lo cierto es que los colombianos tributan por debajo del promedio latinoamericano y además, una ampliación de la base de tributación, distribuiría las cargas entre un mayor número de colombianos.
Pero así no! El costo es demasiado alto.
No tan conformes quedaron los industriales con la propuesta y soportan su posición fundamentalmente en dos cuestiones: 1. El 4 por mil fue un impuesto creado en el marco de un estado de excepción y como una medida temporal que devino permanente con el pasar de los años (ya hace casi 20 años de su imposición) medida que adicionalmente y dadas sus características, desestimula la bancarización, lo que a su vez, favorece la evasión de impuestos y; 2. El cálculo del impuesto al patrimonio se basa en la actualización catastral que aumentó el valor de los predios sin que ello signifique, necesariamente, un aumento en la riqueza de los contribuyentes.
Pañitos de Agua tibia.
Mientras unos defienden la necesidad de aumentar los ingresos de la Nación para mantener la estructura de gastos propuesta para el 2015 y otros alegan la inconveniencia de la reforma Santos, lo cierto es que el país está en déficit fiscal y esta situación no es nueva; cada año nos plantean la necesidad de una reforma tributaria porque cada año los gastos superan los ingresos del Estado.
Cada año entonces se modifican un par de artículos, se prorroga, modifica o amplía algún impuesto y comúnmente se aumenta la base grabable, pero no se repiensa el sistema de forma sostenible. La reforma que planteó Santos nos alcanzaría para cubrir el déficit de 2015, pero se va a quedar corta para cubrir los retos del 2016 que implican, entre otras, la materialización de los acuerdos de Paz de la Habana.
Colombia necesita una reforma tributaria real, que incluya un análisis actualizado de la estructura de ingresos, pero también de mecanismos de recaudo y control, estos dos últimos en déficit histórico.
Una reforma seria, tendría costos políticos igualmente serios y es más fácil mantener contentos a los analistas con un incremento en el presupuesto a la Educación que tenerlos criticando una reforma del sistema impositivo.
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