La crisis de los Embera: protección de las comunidades indígena

Por: Camila Castañeda

A lo largo de los años, se ha evidenciado cómo diferentes comunidades indígenas han sido obligadas a recurrir al desplazamiento forzoso por diferentes factores sociales, en especial por parte de grupos al margen de la ley que se apropian de sus tierras, obligándolos a ocupar espacios en zonas públicas. Un claro ejemplo de esta situación es la comunidad Embera, un gran referente de lo que ocurre comúnmente en las zonas azotadas por el conflicto al occidente de Colombia, en específico en el Chocó, departamento en el cual se ubicaban. Esta comunidad llegó a Bogotá pidiendo apoyo al presidente Iván Duque. El gobierno colombiano prometió ayudar a financiar el arriendo de casas para sus miembros, pero todavía no se han visto los resultados

A lo largo de los años, se ha evidenciado cómo diferentes comunidades indígenas han sido obligadas a recurrir al desplazamiento forzoso por diferentes factores sociales, en especial por parte de grupos al margen de la ley que se apropian de sus tierras, obligándolos a ocupar espacios en zonas públicas. Un claro ejemplo de esta situación es la comunidad Embera, un gran referente de lo que ocurre comúnmente en las zonas azotadas por el conflicto al occidente de Colombia, en específico en el Chocó, departamento en el cual se ubicaban. Esta comunidad llegó a Bogotá pidiendo apoyo al presidente Iván Duque. El gobierno colombiano prometió ayudar a financiar el arriendo de casas para sus miembros, pero todavía no se han visto los resultados.

Retos a los que se enfrenta la comunidad Emberá

La comunidad Embera, conformada por más de 800 indígenas, se ha visto enfrentada a diferentes conflictos, ya sea por su territorio, por sus creencias o por sus costumbres. Diferentes grupos al margen de la ley y algunas instituciones del Estado vulneran sus derechos, incapacitándolos y obligándolos a recurrir a diferentes medios para garantizar su supervivencia como grupo étnico. Ahora bien, en la actualidad los problemas que creían haber dejado atrás, vuelven con más fuerza. Como consecuencia de su desplazamiento, esta comunidad se encuentra en diferentes zonas públicas en la ciudad de Bogotá, a la espera de una respuesta definitiva ante sus necesidades. Se encuentran, entre tanto, en carpas improvisadas con plástico y cartones. Son 450 indígenas, que conforman 145 familias con niños y adultos mayores, quienes se ven mayormente afectados y evidencian la vulneración de sus derechos.

Como si esto fuera poco, se le suma la emergencia sanitaria del Covid-19. Según un reporte de la Secretaría de Salud por lo menos 7 miembros de esta comunidad han dado positivo en la prueba y se cree que esta cifra debería ser muchísimo más alta. Sin embargo, no se puede decir con precisión debido a que la mayor parte se rehúsa a someterse al examen y no usan tapabocas por creencias culturales, poniendo en peligro no solo su comunidad, sino a una parte importante de la ciudadanía. Con relación a lo anterior, Leonel Campo, vocero de los indígenas, afirma que su principal petición al Gobierno es que se les entregue “una vivienda digna por largo tiempo”, rechazando el ofrecimiento de hacer parte de albergues temporales y mucho más en esta situación de crisis que afrontan, viviendo a la intemperie.

¿Qué está haciendo el Gobierno con esta comunidad desamparada?

El Gobierno Nacional ha dejado la comunidad Embera en segundo plano. A tal punto que ya no generan atención, sino indiferencia. Lo anterior, demuestra el poco valor que le dan a las comunidades nativas del país. Muestra de ello, es el anuncio que hizo el gobierno por medio de Luis Ernesto Gómez, encargado de la Secretaria de Gobierno, el cual manifestó en una entrevista que “tienen todas las intenciones de apoyar a esta comunidad con alternativas temporales, para no arriesgar su salud y la de su entorno, teniendo en cuenta que la ciudad está atravesando el pico de la pandemia”. Sin embargo, a la hora de cumplirse intentan mitigar con ayudas precarias, como el auxilio de $250.000 mensuales para las familias que no estén en albergues como parte del programa de arriendo solidario y, aproximadamente, con la entrega de mercados mensuales a más de 200 familias, que resultan ser un distractor para la realidad que están viviendo.

Las comunidad se ha expresado y ha manifestado por diferentes medios su inconformidad a estas aparentes soluciones. Dejan en claro que su deseo no es retornar a sus territorios ancestrales, por el miedo a volver a ser víctimas de la discriminación, explotación y violación de sus derechos, sin contar con el reclutamiento forzado de niños por parte de milicias ilegales. Lo que exigen es el derecho a la protección y a una vivienda digna y, de igual manera, educación para sus niños, ya que no se garantiza un desarrollo adecuado para la etnia. Para finalizar, el gobierno ha tomado una última alternativa llamada “Iraca”: es un programa que se enfoca puntualmente en comunidades étnicas, para promover la seguridad alimentaria y diferentes proyectos que los ayuden a generar ingresos.

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