20 de agosto de 2019
¿Encontró la educación pública la solución a su crisis?
Por: María Fernanda Gutiérrez
En Colombia, la educación gratuita y de alta calidad es un derecho, pero solo en la letra de la colección de sueños irrealizables de la Constitución Política. El año pasado, tras casi cuatro meses del paro estudiantil, generado por la grave crisis estructural de financiamiento que enfrentan las 32 universidades públicas, el ambiente no estaba del todo claro; sin embargo, el pasado mes de enero luego de llegar a varios acuerdos con el Gobierno Nacional, comenzó el retorno a las aulas de clase. Dolly Montoya, la Rectora de la Universidad Nacional de Colombia afirma que “La crisis que estamos viviendo no es de ahora y lo que pasa es que todo este tiempo se ha querido ocultar, meter la mugre bajo el tapete, cuando la educación pública construye sociedad”, dando cuenta de la cronología que han seguido las serias y persistentes carencias históricas sobre las políticas del gasto educativo en Colombia.
En Colombia, la educación gratuita y de alta calidad es un derecho, pero solo en la letra de la colección de sueños irrealizables de la Constitución Política. El año pasado, tras casi cuatro meses del paro estudiantil, generado por la grave crisis estructural de financiamiento que enfrentan las 32 universidades públicas, el ambiente no estaba del todo claro; sin embargo, el pasado mes de enero luego de llegar a varios acuerdos con el Gobierno Nacional, comenzó el retorno a las aulas de clase.
Dolly Montoya, la Rectora de la Universidad Nacional de Colombia afirma que “La crisis que estamos viviendo no es de ahora y lo que pasa es que todo este tiempo se ha querido ocultar, meter la mugre bajo el tapete, cuando la educación pública construye sociedad”, dando cuenta de la cronología que han seguido las serias y persistentes carencias históricas sobre las políticas del gasto educativo en Colombia.
¿Por qué se dio el retorno a las calles?
La Constitución Política de Colombia afirma la importancia de la educación en su artículo 67, establece que “es un derecho a la persona (…) será gratuita en las instituciones del Estado, que dará satisfacción a las necesidades básicas de los estudiantes en nutrición, transporte, salud y útiles escolares a fin de garantizar su acceso y permanencia en el sistema educativo hasta la finalización de sus estudios”. No obstante, es evidente que esta norma no se ha llevado a la realidad, ni se ha gestionado como un derecho. Así lo demuestra la desfinanciación por parte del Estado, problemática actual por la cual marcharon los estudiantes.
De este modo, las movilizaciones surgen con el fin de solicitar al Gobierno más presupuesto, ya que, por ejemplo, el congelamiento de este mismo por parte del Estado obligó a las Instituciones de Educación Superior -IES públicas a generar recursos a través del aumento de matrículas o adquirir créditos con los bancos, entre otros, lo cual reduce las oportunidades que tienen los jóvenes de acceder a ellas. Además, en el 2019 se destinará para programas de investigación y desarrollo, 2,2 billones, es decir, 0,25 por ciento del PIB, continuando con una tendencia negativa.
Mientras en las principales calles del país se confinaban miles de estudiantes y docentes como respuesta a las medidas en materia económica del gobierno de Iván Duque, aparecían en los medios de comunicación distintos puntos de vista que apoyaban dichos movimientos sociales: a Pepe Mujica, uno de los líderes políticos más admirados del continente, manifestó que “Tal vez de lo poco que podemos hacer para tratar de aniquilar la desigualdad de nuestra sociedad es insistir en los refuerzos educativos y sobre todo agrandar la base, (…), pues Colombia es un país de mucha gente joven que ha pagado un precio horrible por sus años de guerra”.
Contrario a esto, personajes como el secretario de Seguridad de Bogotá se pronunciaron frente a estos hechos: “quienes promueven las protestas deben ser conscientes, ya que la administración ha sido respetuosa con las largas jornadas que adelantan los estudiantes, pero definitivamente no puede aceptar lo que pasó (…)” refiriéndose a los desmanes y actos vandálicos.
Presupuesto de educación 2018 vs. 2019, ¿aumentó?
Durante el mandato de Juan Manuel Santos se priorizó el presupuesto para la educación por encima de los demás rubros. Y, en la actualidad, Duque continúa con esta línea, pues el Gobierno Nacional logró una redistribución en el sector educativo dentro del Presupuesto General de la Nación. Así pues, se registró un aumento en los recursos asignados a la educación superior: $5,4 billones en 2019, es decir, se incrementó un 9% del monto total del presupuesto y, a su vez, se pasó de $1,4 billones a $4,1 billones en la inversión respecto al 2018.
Según el Sistema Universitario Estatal (SUE) las universidades públicas del país atravesaron por una situación económica crítica reflejada en un déficit histórico acumulado en funcionamiento de 3.2 billones de pesos y 15 billones de pesos en inversión hasta el 2018. Por ello, las movilizaciones tienen como propósito exigir 10 puntos, entre los cuales se encuentran: La adición de 18 billones de pesos para mejorar la calidad educativa, créditos sin interés junto a transparencia con los recursos en las universidades privadas y un aumento de presupuesto para el Servicio nacional de Aprendizaje (SENA) entre otros. Ante esto, Iván Duque afirmó “Yo no soy antagonista de los jóvenes; yo quiero ser parte de la solución” apelando a que se valoren los esfuerzos que se están desarrollando para vigorizar la educación. De igual manera, indicó que, para avanzar en el fortalecimiento de las finanzas de la universidad pública, su gobierno se ha comprometido a incrementar los aportes a la base, que pasarán de IPC +1.8 a IPC + 3 para el año 2019 y a IPC + 4 para 2020, 2021 y 2022.
Por lo tanto, el Ministerio de Educación dijo que la intención de la entidad es trabajar en equipo con las universidades públicas. Según los datos del Ministerio, “16 de las 32 universidades públicas son acreditadas de alta calidad”, con lo cual se busca, “a través de nuevos recursos y de políticas de aseguramiento de la calidad avanzar y mejorar en áreas como docencia, investigación, extensión, virtualidad y promoción de programas pertinentes y para tener mayor presencia en las distintas regiones del país y fortalecer el rol de la universidad pública en la generación de oportunidades para los jóvenes”.
Si bien es cierto que los estudiantes encontraron una solución momentánea a su crisis por parte del Estado, es necesario que se sigan implementando reformas para que esta cumpla su función como derecho.
Celedón, N. – Con su presupuesto, Duque continúa la línea de Santos.