La inmigración venezolana impacta al mercado laboral en Colombia

Por: Daniel Santiago Páez

Desde hace bastantes años, Venezuela enfrenta una problemática económica sin precedentes, que ha dejado al país sumido en una crisis social. Esto ha llevado a un éxodo masivo de población venezolana hacia diferentes países de la región, principalmente Colombia. Para julio pasado, el número de venezolanos en territorio nacional superaba los 870 mil, según Migración Colombia. Esto ha llevado a una problemática migratoria que no ha sido tratada de forma apta, ya que a pesar de los controles migratorios y el registro que se hace de cada persona que entra a Colombia, la cantidad de inmigrantes que recibe el país sigue siendo considerable. Esto ha afectado, principalmente, al sector laboral en el país. Muchos empleadores de mano de obra no calificada han optado por la contratación de personal venezolano para reducir el salario que dan a sus empleados. En consecuencia, esto se ha reflejado en un aumento considerable en la informalidad y el desempleo a nivel nacional en las personas no profesionales.

PEP: arma contra el abuso laboral

La masiva llegada de venezolanos a Colombia ha aumentado tras la reelección de Nicolás Maduro. Según Migración Colombia, a diario entran a territorio nacional alrededor de 30.000 venezolanos, muchos de ellos sin la debida documentación para obtener el Permiso Especial de Permanencia (PEP) que les permita tener atención médica básica, conseguir trabajo o acceder a educación de manera formal. Ante la falta de documentos de migración en la mayoría de los venezolanos que entran al país, estos se han visto obligados a buscar trabajos informales o a trabajar de manera desmedida en distintos lugares como bares, restaurantes, etc. Aunado a ello, los dueños de estos establecimientos han abusado de las necesidades de los venezolanos, puesto que estos han llegado a trabajar hasta 12 horas seguidas con un pago por debajo de lo establecido en la ley colombiana.

La explotación laboral a los venezolanos no solo se ha hecho por parte de dueños de establecimientos, sino también por empresas. En lo corrido de 2018 y según la cancillería de Colombia, alrededor de 700 empresas han sido sancionadas por aprovecharse de la vulnerabilidad de los inmigrantes indocumentados. De esta forma, no hay nada que proteja a esta población inmigrante en condición de ilegalidad y así, las empresas pueden pagar por debajo del mínimo, exigiendo una jornada laboral extensa por encima de lo legal.

Ante esta crisis laboral que enfrenta el país, el actual gobierno de Iván Duque, en cabeza del canciller Carlos Holmes Trujillo, ha iniciado una serie de gestiones para hallar una solución a esta adversidad. El pasado 31 de agosto el ministro de Relaciones Exteriores emprendió una gira por la frontera con Venezuela, para analizar la situación, reunirse con mandatarios regionales y buscar soluciones a la crisis migratoria.

Para contrarrestar los efectos del flujo migratorio, en el sector laboral, el canciller, junto con las autoridades de los departamentos afectados, acordó nuevas medidas de control fronterizo y ha solicitado al gobierno venezolano tramitar la documentación para facilitar la situación migratoria de la población venezolana, además de permitir que más venezolanos obtengan el PEP y de esta forma atacar los abusos laborales cometidos por los empleadores con estos inmigrantes.

Mercado laboral afectado

La alta oferta y contratación de venezolanos en el mercado laboral colombiano ha provocado una disminución en la formalidad del personal mencionado anteriormente. Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) entre 200.000 y 600.000 venezolanos están buscando trabajo en Colombia. Además, se estima que hay una contratación de entre el 20% y el 50% de estos, lo que, en términos estadísticos, sería una contratación de cerca de 100.000 a 300.000 venezolanos indocumentados o con PEP. Esto supone un aumento del desempleo de un 9.4% (tasa actual) a un 10% u 11%, según ANIF.

Ciudades como Cúcuta han sido las más afectadas por el alto flujo migratorio. Según la ANIF, allí se presenta una tasa de desempleo del 16%, más alta que el promedio nacional (9.4%). Ante esta situación, asociaciones como Fenalco y Acopi consideran que la situación podría aumentar el desempleo en 1%. Según Fenalco, en la capital colombiana una parte considerable de los empleadores ha contratado venezolanos, ya sea buscando efectuar menos gastos o por simple solidaridad. Además, muchos empresarios expresan que sus ventas e ingresos se han visto afectadas por la llegada de venezolanos a la capital, ya que estos se han asentado en diferentes puestos laborales o han optado por la independencia laboral, haciendo competencia a las empresas y establecimientos. Los sectores más afectados ante esta situación son los de belleza, mensajería y vigilancia.

Según la Secretaría de Integración Social, en Bogotá, hay alrededor de 6.000 venezolanos; cifra lejos de la realidad. La Secretaría de Integración Social, en un estudio, expone que alrededor del 78% de los venezolanos en la capital trabajan de manera informal. Esto, junto a lo mencionado anteriormente, demuestra que el mercado laboral sí se ha visto afectado por el reemplazo de mano de obra no calificada colombiana, por la venezolana.

Es así como las medidas que está tomando el gobierno colombiano frente a la situación migratoria, progresivamente disminuyen la explotación laboral del personal venezolano, mediante el uso de documentación migratoria. Sin embargo, no se ha atacado debidamente el aumento de desempleo en diferentes regiones del país y mientras sigan llegando miles de inmigrantes diariamente, el actual panorama laboral está lejos de cambiar tanto para los colombianos como para los venezolanos.

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