Cúcuta en crisis: ¿acciones u olvido? Reportaje (primera parte)

Por: María del Mar Núñez y Andrés Caicedo

Debido a la crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia, Cúcuta vive hoy uno de los problemas económicos y sociales más graves de su historia. Es por ello, que el Libre Pensador ha hecho un balance general de la situación. Además, nuestros reporteros entrevistaron al alcalde electo  de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala y al  senador que representa el departamento de Norte de Santander, Manuel Guillermo Mora Jaramillo, por el Partido de la U. Con ellos se evaluó cómo se ha manejado el escollo entre los países  y el futuro que le espera a Cúcuta: ¿serán suficientes las medidas?   

“Quiero irme a Bogotá, porque es capital y hay más oportunidades, hay más trabajo. Pero estoy esperando a que me den certificado, que no sigan las mentiras, es lo único que necesito, yo no necesito que me mantengan”.  Así contestó Carlos, un colombo-venezolano, que fue obligado a salir de su país de residencia durante los últimos 43 años, al preguntarle qué pretendía realizar ahora que había sido obligado a volver a Colombia.

Él, que ahora debe compartir una habitación con otras seis personas mientras espera pacientemente a que se normalice su situación en el país que lo vio nacer, provisto de un orgullo apremiante luego de la difícil situación que ha vivido, busca solo una oportunidad de residir con tranquilidad.

Esta es la posición de muchos colombianos que se han visto obligados, en lo que se ha llamado un éxodo, a dejar sus pertenencias y todo lo que había conseguido para ser arrojados a un país, que para ellos parece desconocido. Su travesía, que inició el 21 de agosto del presente año con un decreto de cierre fronterizo y Estado de Excepción en 6 de los pueblos fronterizos con Colombia, ha sido ya ampliamente cubierta dada la magnitud de los alcances y lo inexplicable de la decisión tomada por Nicolás Maduro. No obstante, las consecuencias para ambos países continúan siendo inciertas.

Enfocando nuestra atención a Colombia, el gobierno y la población en general han demostrado (mediante medios de comunicación, acciones de Estado y solidaridad esporádica de los habitantes de la frontera) su intención de normalizar y apoyar a quienes sufren hoy la crisis humanitaria. No está claro; sin embargo, el alcance de una política del Estado por fuera de la presión mediática de la cual ha sido objeto la crisis, así como tampoco lo está la capacidad y la rapidez en la que se atienden de forma efectiva a los desplazados, ni a los problemas derivados del cierre fronterizo.

La Crisis

La situación debe su origen a un ataque que denunció el gobierno venezolano a 3 militares y que atribuyó a grupos “paramilitares” colombianos. Este escándalo derivó entonces no solo en el cierre fronterizo, sino en una serie de acciones ofensivas por parte de militares venezolanos en las que se buscaba identificar a los colombianos residentes en el país, marcando sus casas para ser demolidas y obligándolos a salir hacía la frontera.

El escalamiento del lenguaje y del “éxodo” en el que 1400 colombianos (Noticias RCN, 2015) han sido deportados desde Venezuela, más otros 17,300 que han llegado por sus propios medios, tuvo consecuencias serias en las relaciones entre ambos países. Para mediados de septiembre ya se encontraba el estado de excepción extendido a otros Estados venezolanos así como múltiples puntos de la frontera bloqueados por la “Guardia Bolivariana”.

Los canales diplomáticos utilizados en principio fueron también ineficaces en detener la crisis que estaba en crecimiento, sufriendo una desatención colectiva por los organismos multilaterales como la OEA y la ONU, quienes determinaron que la situación debía ser solucionada por ambos países.

En esta serie de eventos y con una frontera que permanecía bloqueada, las personas en la mitad de la crisis se veían obligados a cruzar los ríos que dividen la nacionalidad de ambos países (especialmente el río Táchira que divide la ciudad de Cúcuta y San Antonio del Táchira) siendo obligados a cargar sus pertenencias por encima de las aguas y esperando encontrar ayuda humanitaria del otro lado de la orilla.

La respuesta del Gobierno

El gobierno ha respondido con albergues y alrededor de 6,000 desplazados han hecho uso de esta. En diferentes entrevistas con los desplazados demuestran su gratitud frente a la ayuda recibida por parte del gobierno colombiano. Ellos dan fe de la atención recibida, no solo en bienes de primera necesidad como alimentos sino también en ropa entre otros. Esto, no obstante, se queda corto para sentir comodidad, y la mayoría de ellos busca poder trabajar en pro de construir un nuevo futuro.

18,700 desplazados provenientes de Venezuela y que se radican principalmente en Cúcuta representan un reto enorme para la ciudad y el departamento de Norte de Santander. Si bien las acciones de atención han sido coordinadas por el gobierno nacional, es indiscutible que Cúcuta y el departamento tienen problemas anteriores a la crisis fronteriza, muchos de los cuales se ven agravados dada la situación.

El problema de desempleo en la ciudad es un ejemplo de lo anterior. Un 14,5% de la población se encuentra en búsqueda de trabajo según el DANE, cerca de 50,000 personas a las que se suman las personas provenientes de Venezuela. A su vez, Cúcuta cuenta con un importante nicho fronterizo —la ciudad representa el cruce más importante de la frontera— del cual subsisten cerca de 8,000 trabajadores informales y 2,000 formales (Núñez, 2015).

Adicionalmente a esto, la ciudad ha percibido una disminución significativa en consecuencia de variantes indirectas. Un ejemplo claro es la disminución en un 45% de los vuelos que ingresan a la ciudad que, en muchos casos, eran  personas que buscaban cruzar la frontera por medios terrestres, utilizando como escala la capital de departamento. Consecuencias como esta podrían parecer menores; sin embargo, la suma del impacto recibido por industrias como la de bienes y servicios que antes podían ser adquiridos en el país vecino a un menor costo han terminado por generar una inflación acelerada (Núñez, 2015).

La seguridad en cuestión

Adicionalmente, otro de los problemas que se ha identificado con base en la crisis es lo relativo a la seguridad. Como explica el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, la gente que llegó (y la que no ha hecho uso de la atención del gobierno) no se encuentra “vagando” en las calles o ubicándose en barrios subnormales. No obstante, las ONG radicadas en Cúcuta han advertido la llegada de integrantes de bandas criminales que se encontraban delinquiendo en el país vecino (Caracol Radio, 2015).

Cerca de 200 hombres armados, quienes se han identificado con nombres de Bacrim colombianas se encuentran en alrededores de la ciudad de Cúcuta así como en su área metropolitana.

Además, los trabajadores informales que operaban en la frontera, especialmente los llamados “pimpineros” (dedicados al tráfico de gasolina en la frontera) han promovido manifestaciones que generan crisis de movilidad en la región. Cerca de 6000 personas de las 8000 que componen los trabajadores informales se dedicaban a dicha actividad, lo que corresponde a una población significativa que permanece ejerciendo presión basados en el congelamiento de la actividad productiva que, aunque ilegal, daba sustento a la mayoría de sus familias.

Dada la extensión de la actividad misma el departamento cuenta actualmente con un desabastecimiento de gasolina y ACPM en la cual los distribuidores (23 en total dentro de la ciudad de los cuales 10 se encuentran sin abastecimiento) culpan al Ministerio de Minas por no enviar el cupo necesario para la ciudad (Caracol Radio, 2015).