27 de marzo de 2015
Por qué hizo falta un magnicidio para hablar de juventud en Colombia
Por: Juan Esteban Osorio
El 30 de abril de 1984 es una fecha que marca varios puntos de inflexión en la historia del país. Esa noche murió el ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, por las balas de sicarios del narcotráfico. En la mañana del 1 de mayo el país despertó a una nueva realidad donde se hablaba de narcotráfico como fenómeno violento; por primera vez, se usaba la palabra sicario de manera sistemática. Y por curioso y anacrónico que parezca, fue la primera vez que en Colombia se tomaba en serio el tema de juventud. ¿Por qué hizo falta un magnicidio para poner el tema de la juventud desde políticas públicas?
Por esos aciagos días de 1984, Byron de Jesús era uno solo. No hacía falta ni siquiera mencionar su apellido (Velásquez), la gente sabía que ese muchacho esmirriado de 18 años, era el que conducía la moto desde la que dispararon la metralleta que disparó al ministro de Justicia. Los datos de su vida empezaron a salir, para hacer más cruel el relato detrás de la muerte. Byron sólo había cursado hasta 2º de bachillerato; pertenecía a una familia disfuncional de las comunas de Medellín; su novia estaba embarazada de una hija que lo conoció en la cárcel; y se transó por 2 millones de pesos de la época, de los que hoy, a sus 47 años, reconoce que sólo le pagaron 20 mil. Hoy vive en Medellín, alejado de cualquier síntoma de vida pública, tiene una vida humilde y tranquila, y se abstiene de dar declaraciones sobre el tema que lo hizo conocido. Byron pagó 14 años de cárcel, y aunque se arrepiente, no tiene nada más para decir.
Los primeros pasos
Para algunos, la primera vez que se habló de una política pública de juventud, se remite a 1968, con la creación de Coldeportes, tal como lo recordó en algún momento Juan Manuel Galán, director del programa presidencial Colombia Joven desde el vice ministerio de la Juventud, del gobierno de Andrés Pastrana. Pero lo que no se menciona a fondo, es que realmente Coldeportes se creó para cumplir con ciertos requisitos que organizaciones internacionales le exigían al país, para incluirlo en competencias globales, y no era una entidad preocupada por el joven nacional; si acaso, su objeto era el joven deportista colombiano, que no es igual.
Así que tuvieron que pasar varios años, y llegar además del magnicidio, al año 1985 declarado como Año Internacional de la Juventud. Por decirlo de una manera pesimista -¿realista?-hasta ese año, los jóvenes eran simples ciudadanos en construcción, como un eufemismo para llamar a los ciudadanos de tercera. No contaban, no decidían, no preocupaban.
Hasta 1988, por ejemplo, con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud, se empezaron a crear programas de salud enfocados en jóvenes, población que no se había tenido en cuenta en salud pública hasta el momento. Y parte de lo que generó esta repentina atención, fue la alerta que apuntaba hacia el consumo de drogas sicotrópicas, que de alguna manera, llamaban la atención sobre una población siempre olvidada. Nuevamente, los jóvenes convocaban, desde el problema y la crisis. Ahora, porque eran “drogadictos”.
Ahora sí, en serio, políticas de juventud
En teoría, una política de juventud se define como “el conjunto coherente de principios, objetivos y estrategias que identifica, comprende y aborda las realidades de los jóvenes,, da vigencia a sus derechos y responsabilidades, reconoce y reafirma sus identidades y afianza sus potencialidades, resultado de consensos y acuerdos entre jóvenes, Estado y sociedad”. Pero faltaban años antes de llegar a un verdadero derrotero creado única y exclusivamente pensando en los jóvenes como individuos, más que como focos de problemas.
Llegaron los 90 con algunas nociones mucho más focalizadas a pensar una verdadera política de juventud. En 1992 en medio de la administración Gaviria se creó la Consejería para la juventud, la mujer y la familia, y dos años más tarde, justo a un día de posesionado el presidente Ernesto Samper arrancó el Viceministerio de la Juventud, diseñado para consolidar una verdadera política de juventud en Colombia. En el 97 se pasó de simples maquillajes para cubrir el acné del olvido juvenil y se aprobó la ley de Juventud en Colombia, que mediante la ley 35 dejó de ser un simple tema de gobierno, y pasó a ser una política de Estado. Apenas trece años después que un par de motonetos flacos, nerviosos y asustados hubieran dirigido el foco de atención sobre los jóvenes, mientras derrapaban por la Boyacá con la 127, arrastrando en su caída al ministro Lara Bonilla, y la dulce ignorancia de que la juventud en Colombia era un tema menor.