9 de septiembre de 2014
Multinacionales y Derechos Humanos en Colombia
Por: María Mercedes Latorre Ruíz
La globalización es un fenómeno que enfrentamos a diario y que está marcando el modo en el que se desenvuelven los mercados. Las nuevas protagonistas de la economía actual son las multinacionales, que han pasado a tener protagonismo en las políticas internas y externas que desarrolla un país. Para el 2008 se calculó aproximadamente la presencia de 1.432 empresas multinacionales en Colombia; de las cuales algunas se han destacado como grandes fuentes generadoras de empleo y han permitido establecer altos flujos de inversión extranjera directa.
A continuación haré referencia sólo a las mineras, pues son éstas las que más coyuntura han representado para el país últimamente; debido a que se caracterizan por la necesidad de contar con el permiso del gobierno, para que se les otorgue una concesión que les autorice la explotación del suelo durante un periodo de tiempo.
Para nadie es un secreto que Colombia es un país biodiverso con una riqueza natural enorme, pese a ello, sin embargo el Gobierno Nacional ofrece, cada vez, más garantías a los inversionistas extranjeros en contravía de las garantías laborales, de asociación y los derechos humanos de millones de colombianos. (Hurtado Fonseca, 2011)
Crecimiento sí, pero con externalidades negativas
Actualmente hay presencia de grandes empresas reconocidas como el Cerrejón, Cerro Matoso, Marmato, la Colosa, entre otras; las cuales a lo largo de su existencia han tenido que rendirle cuentas al Estado en ciertos aspectos como la contaminación, las inconformidades de las comunidades aledañas e incumplimiento de pagos (regalías). Empresas como Cerro Matoso en Montelíbano, Córdoba y el Cerrejón en la Guajira son ejemplos de cómo las multinacionales generan desarrollo en las regiones y a los habitantes de dónde se encuentran. Tal es el caso de Cerro Matoso que brinda educación calificada como Muy Superior, de forma casi gratuita a los habitantes e hijos de trabajadores beneficiados de una de las mayores exportadoras de níquel y ferroníquel del mundo.
No obstante lo anterior, es necesario analizar las externalidades negativas que generan este tipo empresas, ya que muchos se enfocan en ver los beneficios económicos que trae para el país, pero pocos ahondan en los perjuicios que causan las mismas.
Las cifras son alarmantes: la minería de oro a gran escala en Marmato (Caldas) produce aproximadamente 160.000 toneladas de escombros al día, y en la Colosa (reciente yacimiento de oro en el Tolima, catalogado como una de las 10 minas de oro más grandes del planeta) 100.000 toneladas. (García, 2010)
Simultáneamente, hay otro problema ecológico relacionado con la minería y es que ésta necesita grandes cantidades de agua. De acuerdo con datos de la fundación Cerrejón, “para humedecer vías en un proyecto de ampliación para transporte de minerales, por día se utiliza un volumen de agua que serviría para suplir las necesidades de 200.000 guajiros pobres y unos 20.000 no tan pobres” (García, 2010). En este mismo sentido, según una investigación de la Contraloría General de la nación, “Extraer 1 gramo de oro implica gastar hasta 1.060 litros de agua; la misma cantidad de arroz, de papa o de leche se puede producir con menos de 2 litros. A esto se suma la contaminación de las aguas por mercurio o cianuro, utilizados para separar el oro de los minerales y por residuos tóxicos que acompañan los desechos mineros”. (Calle, 2013)
Pero el problema no acaba aquí, Chiquita Brands ha sido problemática en el país desde la masacre de las bananeras en 1928, hasta el más reciente problema destapado en el 2004, cuando se le acusó de pagos por financiar a grupos armados ilegales para que estos cometan las más graves violaciones a los derechos humanos contra colombianos inocentes que hacían uso de su derecho a la asociación sindical.
Aliadas del paramilitarismo y de las violaciones de derechos humanos
Según confesiones del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, éste mismo caso se ha repetido con otras empresas como Del Monte, Dole, Bavaria y Postobón, las cuales financiaron por varios años la organización criminal de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC (Sinaltrainal, 2012). También existen otros casos similares o relacionados al anterior, como el de Drummond, mayor explotadora de Carbón en el país, que see le acusa del crimen de muchos sindicalistas. Rafael García, exjefe de informática del DAS, denunció que “Augusto Jiménez (presidente de la Drummond en Colombia) había dado a Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40” la suma de 200.000 euros con el objeto de que procedieran contra los sindicalistas.” Drummond le permitía a los paramilitares entrar libremente a las instalaciones mineras, les proveía de combustible y finalmente se conoció que los directivos de la misma en Colombia ayudaron e instigaron a las fuerzas paramilitares para que éstas asesinaran a sindicalistas opositores. (Fajardo, 2012)
Es en estos casos en los cuales nos preguntamos ¿qué está haciendo el Estado al respecto? Es poco lo que se puede decir: tan sencillo como que el Gobierno colombiano ha sido negligente al permitir que las multinacionales instaladas en el país no solo se aprovechen de nuestros recursos y mano de obra barata, sino que se ha quedado de brazos cruzados ante las violaciones de los derechos humanos.
Como conclusión nos interrogamos, ¿Hasta dónde pueden llegar las ansias de lucro de las multinacionales? Sin duda, el problema es mucho más grande de lo que se cree y va más allá del dinero y de cómo el Estado maneje sus relaciones con dichas empresas. El problema principal radica en que estas multinacionales no comprenden el concepto ni la importancia de lo que es ser “Humanos”. Es incomprensible que el mundo, las tecnologías y la economía avancen cada día más en miras del progreso, y el hombre en vez de ir en conjunto con estos, lo que hace es ir en retroceso. Considero que la violación de derechos fundamentales de los colombianos es algo preocupante e inconcebible, pues debemos ser conscientes de que nuestros derechos deben primar sobre cualquier interés económico de cualquiera de las partes, o lo que en otras palabras significa que los derechos humanos no son negociables, no están en venta.
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