Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales

6 de agosto de 2014

Mujer: ¿discriminación positiva?

Por: Laura Esther Nieto Romero

Como ya es habitual, cada 8 de marzo se celebra el día Internacional de la Mujer, fecha en la que se conmemora la muerte de 129 trabajadoras tras el incendio de la fábrica Cotton Textile Factory, en Washington Square (Nueva York). Este importante acontecimiento histórico, marca el inicio de una época de lucha constante y generalizada por parte de las mujeres en diversos aspectos. Los requerimientos realizados están enfocados hacia la igualdad, el respeto, la inclusión y la equidad. Dentro de las herramientas utilizadas por estos grupos de presión se encuentra además de marchas, protestas y huelgas, programas sociales que cuentan con el respaldo de diversas organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la OCDE, el Banco Mundial;  y otros grupos o movimientos de la sociedad civil que ejercen presión para modificar en algún sentido la realidad de miles de mujeres en el mundo.

Sin embargo, y como lo menciona la ONU, todos estos esfuerzos y cambios deben llevar a un análisis más profundo de las sociedades contemporáneas, y la forma como estas generan los mecanismos para alcanzar los objetivos de igualdad e inclusión.  Entonces, valdría la pena preguntarse ¿Hasta qué punto son pertinentes los diversos mecanismos adoptados en Colombia para la inclusión de la mujer? Y, ¿Qué más queda por hacer?.

Participación Política.

El voto a la mujer otorgado en 1957, constituye el primer avance en materia de participación y representación política hacia la mujer, puesto que no sólo se concedió la posibilidad de ejercer el derecho al sufragio. También, se establecieron los parámetros constitucionales necesarios para permitir que las mujeres fueran elegidas y pudieran ocupar cargos públicos. Sin embargo, en la práctica esto no fue una realidad tangible, y se ha tenido que recurrir a mecanismos legales como la Ley 581 de 2000, también conocida como la Ley de Cuotas, para garantizar la participación política de la mujer en el aparato estatal. Así pues, la Ley de cuotas ha constituido un avance en participación femenina dentro de los entes del Estado y ha creado una nueva realidad social enfocada en la reducción de la exclusión socio–política a la que han estado sometidas las mujeres a lo largo de la historia política colombiana.

Pese a que estos avances reflejan una participación mayor, son cuestionables los ámbitos en los que dicha participación se da. También las condiciones y el crecimiento lento que ha tenido en los entes estatales en comparación de los organismos autónomos del control centralizado del Estado.

Discriminación Positiva: ¿Siempre es buena?

La Ley de cuotas puede ser entendida como una herramienta enfocada hacia la discriminación positiva de la mujer, puesto que establece los parámetros de interacción social en pro de la inclusión y la igualdad. Visto desde una perspectiva general estipular cuotas, leyes, normas o medidas encaminadas hacia la inclusión de los grupos minoritarios de una sociedad, permite crear un contrapeso frente a la discriminación negativa y generar nuevos modelos de conducta.  Establecer como porcentaje fijo un 30% de ocupación de cargos públicos por parte de las mujeres, constituye un claro referente de este tipo de discriminación que busca corregir las fallas que tiene el sistema desde su origen mismo.

En las pasadas elecciones parlamentarias, se puede evidenciar un gran avance en materia de representación y participación femenina, sin embargo, esto constituye el punto de partida para los nuevos retos políticos y sociales que se pueden dar en el país.  Es decir, una de cada cinco curules del Capitolio Nacional está ocupada por una mujer, quienes alcanzaron los votos suficientes y contaron con el respectivo respaldo por parte de los partidos políticos que representan. Sin embargo, esta representación aunque constituye un logro en materia de inclusión e igualdad, motiva a realizar cuestionamientos sobre la calidad de la participación de las mujeres en dichos cargos públicos, la igualdad en materia de poder y ejercicio de la función pública, la aceptación social y la legitimidad necesaria para establecer como nuevo modelo de interacción social cargos públicos a cargo de mujeres.

Inclusión Social.

Sin restarle importancia a la participación política de las mujeres, y su capacidad de acceso a los puestos de dirección del Estado, es necesaria una construcción social amplia que motive a la igualdad y la inclusión. Sin que ello implique tener un mandato legal que determine la necesidad de cumplir con estos objetivos. Puesto que la tradicional exclusión y discriminación negativa hacia la mujer ha estado presente en el país a lo largo de la historia, es indispensable analizar los sucesos recientes en materia de inclusión social para entender por qué no es suficiente la ley de cuotas.

De esta manera, la discriminación positiva puede convertirse en una herramienta de doble filo. Es posible que, en la búsqueda de arreglar un problema o una dificultad, se generen nuevos conflictos, así como se puede desviar la atención de aquellos que son el origen mismo de la discriminación. En el caso de los vagones de Transmilenio, una medida de contingencia puede ser útil en el sentido de evitar más lesiones hacia la minoría vulnerada, pero esconde los grandes problemas que existen en materia de educación, convivencia, respeto, tolerancia, igualdad y demás valores ciudadanos. Los mismos que deberían estar presentes en el desarrollo mismo de la sociedad por cuestión natural y no como obligación o imposición de agentes de control para mejorar las falencias existentes. La cuestión final de todo esto es: ¿Cómo llegar a una construcción social donde el respeto y la igualdad sean valores innatos en la sociedad y no construcciones ajenas a las propias dinámicas sociales?

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