Lo que nos cuesta la democracia

Por: Valeria Restrepo Gómez

El pasado domingo 19 de abril, se realizó la votación para consulta interna de los partidos Coservador, Liberal y Centro Democrático. La jornada, como pocas otras, se desarrolló de manera impecable, sin cubrimiento de largas filas, escándalo de corrupción o de abuso de la autoridad. ¿Y cómo no? El colmo hubiese sido donde lo anterior hubiese tomado lugar. Esta última fue un jornada donde la asistencia fue tan leve que te había casi 3 mesas por persona, teniendo en cuenta que el total de mesas instaladas fue de 9.956 y la votación total de 417.214 sufragantes.

Sin embargo, debido a la buena fe que tiene la Registraduría para pensar que todos los colombianos íbamos a despertarnos el domingo temprano para ir a votar, esta entidad  tuvo que enviar al número de municipios mencionados el total de paquetes electorales correspondientes a la personas en capacidad de ejercer su derecho al voto. Un estimado de 33 millones de ciudadanos movilizándose a las urnas, y que a las cuatro de la tarde, luego de finalizada la reunión, resulto en menos de medio millón de votos marcados.

Además del desperdicio de papel, alrededor de 65.000 ciudadanos de 62 de los 1.102 municipios del país fueron escogidos como jurado de votación. Número de personas que no se justifica para tan pocos municipios, pues las votaciones no se realizaron ni en la tercera parte del territorio nacional.

Por otro lado, el poco cubrimiento noticioso de las elecciones, fenómeno atípico a las realizadas anteriormente, muestra, de cierta manera, que no era un tema de gran relevancia para la actualidad nacional. Tal vez, los partidos que realizaron la consulta no eran tan afines con los medios de comunicación o tal vez estos últimos no suscitaron interés en el resultado de la jornada .Es decir, estas elecciones no fueron más que dinero de los colombianos desperdiciado.

Fue una votación que tuvo un costo de alrededor de $20 mil millones de pesos, un precio un poco elevado para haber beneficiado solo a tres partidos políticos. Cabría considerar nuevamente el tema de la financiación interna de las consultas de presupuesto de los propios partidos o la implementación de otros mecanismos más tecnológicos que incurra en menos gastos. El despilfarro, en definitiva, fue absurdo. Y, entre tanto, ¿en dónde está la labor del Registrador Nacional?