20 de agosto de 2019
¿Y a los líderes quién los defiende?
Por: Maria Paula Cerquera
Personas que día a día intentan mejorar la situación política y social de su región son asesinadas constantemente en territorio colombiano. Anualmente en Colombia, aumentan las cifras de asesinatos de líderes sociales, según Indepaz, la concentración más alta se da en el Cauca (48), Antioquia (33), Valle del Cauca (19), Norte de Santander (18) y Putumayo (18), lugares donde antes primaba el conflicto armado por cuenta de las FARC, pero donde aún se registra la presencia de otros grupos armados al margen de la ley. A pesar de la gravedad del problema, el gobierno no le ha dado la importancia que se merece, pues no hay mecanismos de protección suficientes para este conglomerado social.
Ojos que no ven, Gobierno que no siente
En el 68% del territorio colombiano ocurren constantemente asesinatos a líderes sociales entre indígenas, campesinos, afrocolombianos y exguerrilleros. Como consecuencia de esto, instituciones nacionales e internacionales, como la ONU y la Corte Constitucional le han sugerido al Gobierno que le dé prioridad a la reducción de estos asesinatos y mejore la eficacia de los mecanismos y programas que tiene para esto; sin embargo, este no se esmera lo suficiente por investigar y esclarecer estos hechos, como lo afirma el programa Somos Defensores: “a la fecha hay un alto porcentaje (64%) sin avance procesal y se debe comenzar a impulsar investigaciones por otras agresiones como amenazas, atentados, desapariciones, a fin de prever la muerte de estos líderes”.
Las cifras de muertes difieren considerablemente: por un lado, la Fiscalía y Naciones Unidas reportan 253 homicidios y por otro, la Defensoría del pueblo da cuenta de 430 casos desde el 2016. Según Leonardo Díaz, coordinador del programa Somos Defensores, esta diferencia radica en que la Fiscalía no tiene en cuenta a los líderes ambientalistas ni a los que pertenecen a juntas de acción comunal. Estas personas, que luchan por el bien de su comunidad y velan por el cumplimiento de los derechos de la misma, reciben frecuentemente amenazas, sobre las cuales están desprotegidos e indefensos. En ese sentido, el Movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado -MOVICE afirmó: “[el Gobierno] no ha cumplido con el deber legal que le asigna la Constitución y las normas para proteger los líderes sociales que defienden el acuerdo de paz”.
¿Qué hay detrás de las muertes de líderes sociales en Colombia?
Según el director Nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luis González León, el 55% de los casos han sido esclarecidos y llevados a juicio. Así mismo, afirma que en el 63% de estos asesinatos, los autores han sido organizaciones como el ELN, disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, entre otros. También, asegura que muchos de los casos son particulares; es decir, son muertes por razones ajenas al conflicto armado.
El Estado justifica los pobres resultados en que es difícil acceder a información en los territorios en los que suceden los asesinatos: zonas rurales en las que no hay cámaras de seguridad, no hay testigos y la población no colabora por miedo a que los asesinen; sin embargo, la Fiscalía tiene equipos de investigación y protección para reaccionar a las amenazas de estas congregaciones al margen de la ley, como la Unidad Nacional de Protección, encargada de brindarles respaldo a los líderes sociales y programas como el Plan de Acción Oportuna (PAO), cuyo objetivo es la “generación de condiciones sociales y de acciones del Estado que brinden herramientas de actuación, tanto para la protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas, así como para la prevención de agresiones en su contra”.
El presidente de Colombia, Iván Duque, lanzó una campaña el 31 de enero del presente año en la que manifiesta que darán recompensas entre $500 y $4000 millones para capturar a los cabecillas de estos grupos al margen de la ley, autores intelectuales de estos asesinatos. Medidas tomadas con el objetivo de hacer justicia por estos crímenes.
En conclusión, el Gobierno ha demostrado estar comprometido con el tema y ha tomado diferentes medidas para solucionar esta problemática social, aunque ha tenido algunas dificultades, pues la Fiscalía no puede esclarecer todos los casos por falta de información; por esta razón, hay muchos colombianos y organizaciones nacionales e internacionales que no notan este compromiso.
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