18 de mayo de 2016
Privatizaciones: ¿qué debe hacer el Estado? (parte 1)
Por: Daniel Bernal
Frente a la coyuntura de la venta de ISAGEN a la empresa canadiense Brookfield Asset Management por parte del gobierno y ante la posibilidad de una venta de ETB; dicotomías clásicas sobre el manejo de los servicios públicos por privados o por el Estado han vuelto a la contienda de los debates públicos. El Libre Pensador analizó las implicaciones de las privatizaciones.
La prestación de los servicios públicos ha sido un debate inconcluso presente a lo largo del siglo XX y XXI, debido a que no existe una posición clara sobre cómo debe ser la administración y prestación de estos. Muchos factores son decisivos a la hora de elegir en manos de quién deben recaer dichos servicios; hay que analizar desde la situación del mercado, hasta la infraestructura presente, pasando por los costos de manejo, entre algunos factores.
¿Perdimos un recurso estratégico?
No obstante, este tipo de transacciones no se limitan a un ámbito económico, sino que también abarcan un ámbito político. Así, sobre la concepción de la privatización se puede decir que no es un fin como tal, sino una herramienta influyente económicamente que trae consigo procesos políticos. En Colombia, concretamente, hay una coyuntura frente al caso de Isagen, que ha levantado críticas en contra, argumentando que esta venta representa la pérdida de un recurso estratégico, que a fin de cuentas, es una pérdida de soberanía energética.
Así, queda en tela de juicio la adecuada prestación de un bien económico de interés general como lo es la energía. Esto sugiere que el papel del Estado a partir de la venta de Isagen, se evita que se genere una captura del ente regulador, evitando consecuencias como, en el caso de Andersen-Enron, la empresa americana emblemática por su bancarrota escandalosa, que generó pérdidas de 35 mil millones de dólares.
La eficiencia de la prestación de dichos servicios por parte del Estado se ve puesta en tela de juicio por las denominadas fallas públicas, las cuales hacen referencia a aquellos errores que se derivan de la intervención estatal en el mercado. De esta manera, es el sector privado el que se encargará de asumir la prestación y financiación de dichos servicios, debido a que bajo los supuestos de una economía de mercado, la administración por parte de empresas privadas puede fomentar la competencia y así asegurar una mejor y menos costosa prestación de servicios.
Hay un caso que ilustra bien esta situación, y que vale la pena traer a colación. El caso de British Airways y su privatización en el año 1987, bajo las reformas de Margaret Thatcher, representa las consecuencias positivas que puede acarrear la administración privada de un bien público. La historia de esta aerolínea se caracteriza por las ineficiencias derivadas de la lógica operacional de una empresa pública.
En 1981, con John Leonard King como Presidente del Consejo de Administración, British Airways entra en un periodo pre privatizador en el que buscaba solucionar la crisis financiera de esta empresa originada en los años setenta. Con su privatización tardía en 1987 se evidencia que para los años noventa, British Airways mantiene una rentabilidad positiva en comparación a la mayoría de aerolíneas que tuvieron pérdidas importantes. A esto se suma que, solo en el lapso entre 1986 (antes de la venta) y 1987 (justo después), se ve una reducción del 14,3 % en las tarifas. Todo esto obedeciendo a la eficiencia de la lógica de administración por parte del sector privado, como lo afirma Julián Castaño en su tesis de grado La dirección de los mercados en las empresas privatizadas. Hoy British Airways es una de las mejores aerolíneas del mundo, a diferencia de aerolíneas como Aerolíneas Argentinas, que siguen estando bajo el mando estatal con resultados negativos.
¿Mejor administración, de verdad?
Por otra parte, el supuesto de una mayor eficiencia por la administración del sector privado puede distar de la realidad debido a la existencia de fallas de mercado, permitiendo la existencia, por ejemplo, de monopolios que perjudican la prestación de los servicios públicos. Así, se aprecia que hay dos escenarios en los que la prestación y financiación de los servicios públicos se enmarcan. Por una parte, cuando existen fallas de mercado es mejor que el Estado sea el encargado, mientras que bajo la existencia de fallas públicas es mejor que el sector privado se encargue. No obstante, Isagen es una empresa lo suficientemente sólida, siendo una de las mejores con prácticas de Gobierno Corporativo en Colombia, lo que puede asegurar que la venta de la participación del Gobierno no afectará su funcionamiento, evitando deficiencias en el servicio.
El caso de la venta Isagen refleja el fundamento de decisión del Gobierno en un costo de oportunidad que reafirma el rol estatal desde una perspectiva neoclásica. Así, la apropiación del 57,6 % de las acciones por parte de la firma canadiense Brookfield, permite al Gobierno priorizar sus acciones al desarrollo de infraestructura, en este caso, vial.
La Administración de Santos con su proyecto de vías de cuarta generación (4G) al requerir financiamiento, acude a la venta de su participación en ISAGEN como el medio idóneo para el desarrollo de infraestructura vial. Los beneficios esperados del desarrollo vial será un mecanismo de desarrollo para la economía al tener una repercusión positiva, debido a que el 70 % del transporte de carga se concentra en el modo carretero.
El notorio regazo de desarrollo de infraestructura vial frente a estándares internacionales es una necesidad que atañe fuertemente a Colombia. Esto se evidencia con la pésima calificación en el ranking internacional Doing Bussines frente al comercio transfronterizo, en el cual Colombia se posiciona en el puesto 110, estando una posición mayor que Ucrania (109) y una menor que Santo Tomé y Príncipe (111). Sumando a esto, la incidencia del costo de transporte asociado a problemas de la infraestructura es de un 10% y 35 % al precio final de bienes de exportación del país.
Es necesario desarrollar la infraestructura
Eso se ejemplifica mejor con el siguiente caso que publicó BBC Mundo: llevar un contenedor de 12 metros de Cartagena a Bogotá cuesta $3.200 dólares, por una ditancia apenas superior a los 1.000 km; mientras que llevar el mismo contenedor de Cartagena a Shanghái vale $ 1.100 dólares –casi 3 veces menos-, con una distancia de 15.000 km.
ISAGEN es una de las mejores empresas que cuentan con un Gobierno Corporativo y, adicionando el papel de la Comisión Regulatoria de Energía y Gas (CREG), se tendrá la seguridad de que no se permitirá un cambio en la tarifa y que se presenten deficiencias en la empresa que tengan repercusión en la prestación del servicio.
El panorama de la venta de Isagen resulta una medida controversial por la precaria justificación que dio el gobierno a la opinión pública, pero a la luz de un panorama mucho más global, es innegable que fue una medida totalmente necesaria. La coyuntura nacional no presenta otra forma de iniciar la financiación que permita evidenciar los beneficios sobre el PIB en un mediano plazo, debido a que opciones como la emisión de TES o la utilización de las utilidades de las reservas internacionales del Banco de la República (BR), resultan medidas contraproducentes para la economía colombiana.
Es así que la perspectiva de una etapa post-privatizadora recae sobre el papel de la CREG y de la correcta utilización de los recursos por parte de la venta. A fin de cuentas, la realización de las 4G y sus resultados serán los que medien en esta contienda, dando la razón al gobierno o a sus opositores.
Libre Pensador recomienda:
El País – El buen negocio para Colombia de la venta de Isagén
Portafolio – Sí a la venta de Isagen
Libre Pensador – ¿La venta de ISAGEN: una apuesta al desarrollo económico?