6 de mayo de 2019
Uribe: educación, privatización y doctrina
Por: Sara Isabella Quijano Zuleta
La baja calidad en la educación pública, el acceso de los jóvenes con bajos ingresos a la educación privada y el adoctrinamiento de los estudiantes han sido los principales argumentos usados por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez en defensa de su propuesta sobre la privatización indirecta de la educación pública; sin embargo, para llegar allí, propone un aumento de la inversión estatal en educación privada sustentado en la competencia con equidad y enfatiza en el éxito del proyecto bajo el ejemplo de un modelo que realizó durante su gobierno en Antioquia con escuelas religiosas.
La baja calidad en la educación pública, el acceso de los jóvenes con bajos ingresos a la educación privada y el adoctrinamiento de los estudiantes han sido los principales argumentos usados por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez en defensa de su propuesta sobre la privatización indirecta de la educación pública; sin embargo, para llegar allí, propone un aumento de la inversión estatal en educación privada sustentado en la competencia con equidad y enfatiza en el éxito del proyecto bajo el ejemplo de un modelo que realizó durante su gobierno en Antioquia con escuelas religiosas.
¡Arriba la educación pública!
Si bien los argumentos que usa el líder del Centro Democrático para incentivar la inversión en la educación privada pueden parecer válidos, no cuentan con una estructura argumentativa fuerte que los respalde.
En el año 2016, según las pruebas PISA, tras la valoración de 380 colegios tanto públicos como privados, se estableció que la calidad educativa colombiana se encontraba entre las peores de los países evaluados, esto ocurrió en todas las competencias que cubrió el examen. Así mismo, Julián De Zubiría Samper, director del Instituto Alberto Merani, afirmó que, con un margen de diferencia mínimo, la calidad de las instituciones educativas de carácter público y privado es igualmente baja.
Según la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares, en el 2017, la clase media (70,8% de los colombianos), que cuenta con recursos económicos suficientes, destinó la mayoría a vivienda (28,7%); bienes y servicios (18,3%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (15,9%), destinando a la educación únicamente un 3% de los ingresos recibidos. Ante los ojos del gobierno, la mayoría de la sociedad cuenta con los recursos suficientes; sin embargo, en su estructura de gastos, la educación se posiciona en último lugar, por limitación presupuestal o por elección del consumidor.
La pobreza monetaria alcanzó en Colombia 26,9%, componentes como la pobreza multidimensional el 17% y la pobreza extrema 7,4%. Aunque el gobierno pagara la matricula en colegios privados para los jóvenes de bajos ingresos, según la ley 115 de 1994, los padres o tutores del alumno deben pagar los materiales de la lista escolar y el uniforme de la institución, pero los hogares colombianos con bajos ingresos no podrían hacerlo y el Estado, con una inversión en educación del 4,4% del PIB, es incapaz de financiar a tantos jóvenes como Uribe propone.
Así mismo, el senador afirmó que el adoctrinamiento en instituciones públicas es “un hecho notorio en muchas partes del país, una cara general”, asunto que ya había mencionado con un Twitter acompañado de una imagen de unos niños en los Montes de María al lado de un cartel que decía “Abrazamos la J.E.P”. Ello suscita las bases de esta propuesta de privatización de la educación; no obstante, la solución del expresidente abre paso a un diferente tipo de adoctrinamiento guiado por las escuelas privadas, la religión.
Misma calidad, diferente doctrina
La propuesta de la privatización de la educación para reducir el adoctrinamiento en escuelas públicas no es más que una forma diferente de adoctrinar a los jóvenes que, en primer lugar, son influenciados por el contexto histórico de su región.
Montes de María, según el Centro de Memoria Histórica, es una zona definida por las disputas por las tierras, las masacres, la desaparición de personas y el desplazamiento forzado.
En el año 2016, la Defensoría del Pueblo alertó que en Serranía de San Jacinto (Montes de María) hubo una violación marcada del derecho a la educación por parte del Estado debido al conflicto que durante muchos años se presentó en el territorio, en consecuencia, más de 5000 niños tuvieron que asistir a escuelas que no contaban con los requerimientos básicos para brindar una educación de calidad.
Según Irina Junieles Acosta, defensora regional de Bolívar, más del 80% de las instituciones no se encontraban inscritas en el marco de registro público y, hasta el día de hoy, el problema persiste lo que puede explicar la preferencia de los habitantes de la región por políticas de paz como la que pretende materializar la JEP; sin embargo, Uribe que la imagen de los niños de Montes de María es accidental y el adoctrinamiento en colegios públicos es un asunto general.
Montes de María no es un caso único en la nación, en el país, según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC), el número de víctimas en masacres entre 1958 y 2018 alcanzó las 24.447 personas, mientras que 46.409 fueron afectadas por acciones bélicas y 80.472 por desaparición forzada.
Según la teoría de la pedagogía de Kant, todo ser humano necesita una educación que lo ilustre y una disciplina que lo aplique, con base en ello, la Constitución Política establece que el Estado colombiano debe garantizar el derecho a los ciudadanos a la educación de calidad, la libertad de culto y catedra; no obstante, siendo Colombia un país laico, la religión se excluye del Estado que, como promotor los derechos fundamentales y respetuoso de la autoridad máxima, debe mantener su neutralidad; en consecuencia, soportar el éxito de la propuesta de Uribe en contra del adoctrinamiento de las escuelas públicas, basándose en proyectos realizados con colegios religiosos como Fe y Alegría y pertenecientes a la Diócesis de Urabá, no supone más que una misma educación, en términos de calidad, con diferente doctrina.
En síntesis, incluso cuando los recursos económicos destinados a la educación son insuficientes; la calidad tanto a nivel público como privado es baja y la tasa de ingresos y el poder adquisitivo de la sociedad es corto, la propuesta del senador insiste en invertir en escuelas privadas. Por otro lado, si bien es cierto que la imposición de doctrinas y pensamientos en la educación no es correcta, la privatización de la educación y el incentivo de la competencia en apoyo a la educación privada no son soluciones más eficientes.
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DANE – Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (2016 – 2017)
Banco Mundial – Gasto público en educación, total (% del PIB).