Minería artesanal en Colombia I: el laberinto de la vulnerabilidad

Por: Alejandro Mojica

Negar la importancia de la minería en Colombia resulta surrealista. Nuestra historia se forjó por el brillo de los metales preciosos: desde la significación del oro en las comunidades indígenas hasta la anecdótica competencia entre Gonzalo Jiménez de Quesada, Nicolás Federmann y Sebastián de Belalcázar por alcanzar El Dorado. Antes de que Colombia fuera una República, la minería ya era fundamental para la organización en sociedad y ahora en la era tecnológica es indudable que lo seguirá siendo.

Cuando se habla de minería se suele pensar en las grandes empresas multinacionales como Glencore o Anglo Gold que extraen las riquezas del subsuelo. Se desconoce que en la mayoría de los países en desarrollo, la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) es un proceso vital para numerosas comunidades y sus defectuosas economías. Una cuantificación exacta de su magnitud es un proceso con altas complicaciones por su condición intrínseca de informalidad. No obstante, la Agencia Nacional Minera indica que de los 8.635 títulos mineros que el país registraba en septiembre de 2018, cerca del 64% correspondía a la pequeña minería.

Establecer una definición que resulte ampliamente aceptada por todos los actores involucrados como gobiernos, empresas, mercados, comunidades y grupos mineros es un proceso dispendioso al desarrollarse tradicionalmente de manera informal y fuera de los marcos legales. No obstante, la MAPE es identificada por aspectos característicos: los mineros desarrollan su actividad con equipamiento poco mecanizado y bajo en desarrollo tecnológico; los depósitos explotados son pequeños; la existencia de preocupaciones sociales como el empleo de mano de obra infantil y las pocas garantías de empleo y cobertura de riesgos de los empleados y preocupaciones medioambientales por el bajo índice de recuperación de los recursos junto al uso de sustancias toxicas como el mercurio (WBCSD & IIED, 2002, p. 432).

El ciclo de la vulnerabilidad

Al ser reducida la presencia de bienes de capital en la minería artesanal, el proceso de extracción tiene que ser intensivo en mano de obra. Las poblaciones de zonas rurales apartadas y ajenas a la presencia del Estado han tenido que recurrir a la minería artesanal para poder generar algunos recursos por condiciones intrínsecas y estructurales de desempleo, pobreza e, incluso, de indigencia, (Güiza y Muñoz, 2014; Hilson, 2006; Dondeyne, et al., 2009; Fisher et al., 2009). Es decir, esta actividad económica se ha convertido prácticamente en una actividad de subsistencia.

En Colombia, las poblaciones que tradicionalmente se dedican a la minería artesanal son altamente vulnerables por sus condiciones étnicas. En comparación a la gran minería efectuada por multinacionales y la mediana por grupos más organizados con dragas y retroexcavadoras; la pequeña minería es: “realizada por minorías étnicas desde tiempos ancestrales y por campesinos desplazados” (Vicente et al, 2011, p. 20).

La extracción aluvial de platino en el departamento del Chocó, la principal de América Latina es un claro un claro ejemplo de cómo organizaciones artesanales, campesinas y étnicas participan activamente en la minería artesanal. De hecho, es el departamento con mayor presencia de grupos étnicos afroamericanos dedicados a la minería en pequeña escala. La vulnerabilidad estructural e histórica de estos grupos se agrava por la actividad económica que desarrollan: la minería artesanal ha funcionado como un insumo al conflicto armado. No en vano, los mineros artesanales chocoanos están a merced de intermediarios ilegales como las casas comercializadoras, las Bacrim y el ELN (Altimiras-Martin, Lara & Tosi, 2020).

Enfoque de seguridad vs enfoque de desarrollo

Por ser una actividad altamente rentable en territorios de ausencia estatal, los actores ilegales se apoderan de todo el ciclo detrás de la minería artesanal: desde el suministro de insumos hasta el trabajo en mina. Esta presencia ilegal altera los procesos de gobernanza dentro del territorio. Teóricamente se ha definido la gobernanza como: “el proceso de coordinación de actores, grupos sociales e instituciones que permite alcanzar objetivos que han sido discutidos y definidos colectivamente” (Bagnasco & Le Gales, 2000, p. 26). Los ilegales alteran la coordinación y definición, pues impiden procesos de acción colectiva en los que la comunidad define qué hacer con sus recursos y cómo distribuirlos.
En Colombia, la minería artesanal, en términos de política pública, se ha abordado desde un enfoque meramente de seguridad, más no de desarrollo. La categorización de ilegalidad de la minería artesanal se deriva de un profundo desconocimiento de “las condiciones culturales, sociales y económicas de los mineros de subsistencia que sólo utilizan técnicas predominantemente manuales” (Güiza-Suárez, L. 2014, p. 38.). Se trata de reducir la complejidad de un fenómeno social y político, y desdibujar cómo muchas familias dependen de la actividad extractiva a menor escala.

En Minería artesanal en Colombia II: una oportunidad para el desarrollo territorial se abordará como la minería artesanal puede ser pensada desde un enfoque de desarrollo. Es decir, cómo la minería artesanal puede ser una oportunidad, más que un lastre de problemas.