13 de septiembre de 2016
Los deportistas más que alagos, necesitan acción por parte del Estado
Por: Lina Maritza Córdoba
Para Colombia Río 2016 se convirtió en una catapulta frente a los ojos del mundo; la excelente participación de los deportistas colombianos, según la lupa internacional, traduciría, se supone, en una alta inversión para el sector deportivo, ¿pero es una realidad meritoria que se piense en Colombia como potencia deportiva?. Antes de responder a este interrogante no se puede olvidar los datos básicos que contiene este cuestionamiento; según el Comité Olímpico Colombiano se presentó el siguiente balance de ´´gladiadores´´ que lucharían en Río, ´´Son 147 gladiadores que estarán en los diferentes escenarios deportivos en Brasil, defendiendo los colores de nuestro país. Colombia hará presencia en 19 deportes y 24 disciplinas, con un total de 72 mujeres y 75 hombres.´´ Ahora, ¿dónde se encuentra el porqué a la observación del enunciado del Comité Olímpico Colombiano? la postura clara de esta observación, radica en que el análisis debe ir mas allá de conocer cuántos y de qué disciplinas son los deportistas; en cambio es perentorio apropiarse de la realidad que viven los atletas, reconocer su lucha, su templanza y su incansable llamado de atención al gobierno de turno.
Por consiguiente, vale la pena preguntarse ¿este año se incrementó el porcentaje de disciplinas fortalecidas? Sí, el Comité Olímpico Colombiano consiguió el reto planteado hace 4 años en Londres 2012 de mejorar el nivel de deportistas y fortalecer las capacidades físicas. Sin embargo, hay que hacer una reflexión profunda; ¿qué tienen en común que más del 60% de deportistas provengan de zonas marginadas y altamente denigradas por el Estado?, es una conclusión real a la que se llega si se observan las capacidades y logros de cada deportista. Ejemplo de ello es Óscar Figueroa —pesista que alcanzó la medalla de plata en Londres y en Río, el oro. Logró destacarse en los juegos olímpicos y mas aún sostener el nivel requerido para su edad. Si además se entiende que proviene de un sector altamente azotado por el microtráfico y el conflicto armado como lo es Zaragosa (Antioquia), entonces, ¿de dónde nace esta capacidad de superación? En una entrevista que el atleta dio a SEMANA, comentó que su pujanza provenía de ´´su raza, su madre y la superación de su pueblo´´. Ahora bien, en los pasados juegos olímpicos (Río 2016) en los cuales , -como antes se mencionó- se obtuvo un protagonismo sin igual; se subraya entonces cómo “hipócritamente” el Estado realiza un extralimitado reconocimiento de los resultados alcanzados de nuestros deportitas, pero ¿este persistirá en la posición de denigrinación y olvido de estos sectores? Recuerde a Jaqueline Rentería (primera medallista olimpica en judo-Colombia) que es oriunda del Cauca, zona que ha sido golpeada por el conflicto interno colombiano, la cual fue ampliamente visibilizada por sus logros, empero ¿ cuál es el verdadero alcance de esto? si se realiza un enlace con lo antes mencionado se deducirá que el Estado obliga a los deportistas a obtener un nivel superior para que este mismo sea condonable en la intervención del Estado en las zonas de las que provienen. Del mismo modo, este no debería atribuirse el papel de fiel acompañante en el ámbito deportivo, ya que los comportamientos del Estado para con los deportistas solo se quedan consagrados en el papel. Por esta misma línea recuerde qué dice la LEY 181 DE 1995 en la cual el Congreso de la República decreta:
TÍTULO V, DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ESTÍMULOS A LOS DEPORTISTAS… ART. 36.—Los deportistas colombianos que a partir de la vigencia de esta ley reciban reconocimiento en campeonatos nacionales, internacionales, olímpicos o mundiales reconocidos por Coldeportes en categorías de oro, plata o bronce, individualmente o por equipos, tendrán derecho a los siguientes estímulos:
- Seguro de vida, invalidez.
- Seguridad social en salud.
- Auxilio funerario.
“Estos estímulos se harán efectivos a partir del reconocimiento obtenido por el deportista y durante el término que se mantenga como titular del mismo. Para acceder a ellos, el titular deberá demostrar ingresos laborales inferiores a cinco (5) salarios mínimos legales vigentes o ingresos familiares inferiores a diez (10) salarios mínimos legales vigentes.´´ . Ahora bien, este decreto se trae a colación con el propósito de entender que poco de lo que se describe se hace efectivo o se cumple a cabalidad. ¿Cómo se identifica esto? En primera instancia, se hace alución a las quejas que repetidamente son presentadas por los deportistas frente al abandono estatal, verbigracia, Óscar Rentería, quien constantemente afirma en los medios de comunicación, que los fondos que le llegan a el Comité Olímpico Colombiano o —los que le alcanzan a llegar— quedan retenidos en las directivas del mismo. No obstante, es necesario que se cuestione si ¿al Estado realmente le interesa convertir a Colombia en una potencia deportiva? para responder tajantemente el anterior cuestionamiento se debe introducir a los protagonistas del mismo: los atletas. Pese a su excelente participación deportiva en Río, el abandono estatal los orilla a repensar su sueño deportivo, con lo cual se subraya que el verdadero propósito del Estado es socavar a los deportistas como “minas“,obtener riquezas y reconocimiento en la escena internacional y, para esto, convierte el deporte en una necesidad de incorporación social.
Ahora bien, se destaca que el recorte que hace el gobierno de turno al presupuesto que va dirigido al deporte va descendiendo año tras año. Por tanto, esta mínima inversión imposibilita que exista un mejor desarrollo deportivo, así lo destacó el periódico El Tiempo en relación con la pasada temporada olímpica:
´´… Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes, dice que en el 2015 el deporte recibió en inversión y funcionamiento 436.000 millones de pesos, mientras que para el 2016 le fueron asignados por estos dos conceptos 412.000 millones y ahora el techo que les dieron inicialmente es de 299.000 millones de pesos, cerca de un 27,5 por ciento menos”. Más adelante agrega que “por encima del deporte estarían 27 áreas, incluso la información estadística, que recibiría 311.000 millones de pesos. Además, el Estado ha sido claro en afirmar que las prioridades para el 2017 son paz, equidad y educación´´.
Entonces, no se puede clasificar a Colombia como un país altamente deportivo si no se reconoce que la falta de organización de los recursos, en un tiempo –muy cercano- arrojará como resultado la falta de interés de los deportistas colombianos en su participación en las justas deportivas internacionales o, aún más desalentador, que las nuevas generaciones, jóvenes y niños, no vean en el deporte una carrera a la que valga la pena apostarle, pese a los esfuerzos de cada uno de los deportistas que se empeñan en demostrar con esmero, que en el deporte sí hay un futuro posible.
Ahora bien, ya aclarada la falta de participación del Estado en el ámbito deportivo se hace la observación de cómo el gobierno a través, en este caso, del Comité Olímpico Colombiano, se escuda mediante estatutos o letra muerta un deber ser, pero se queda solo en ello, no hay acción. Como muestra de lo anterior, solo falta ingresar al sitio web del Comité Olímpico Colombiano y leer su misión y estatutos. Frente a los primeros, la página reza: “Desarrollar, promover y proteger el movimiento olímpico como organismo coordinador del deporte asociado en Colombia,cumpliendo una función de interés público y social”. Y los estatutos dicen que: “Nos comprometemos, de acuerdo con nuestra misión y nuestro papel a nivel nacional, a participar en acciones que promuevan la paz y apoyen a la mujer en el deporte. También nos comprometemos a apoyar y estimular la promoción de la ética deportiva, a la lucha contra el doping y a demostrar un interés responsable en los asuntos ambientales”.Si bien todas estas premisas están debidamente consagradas en documentos de alta importancia, todo el peso del cumplimiento recae en los deportistas más vulnerables. Por consiguiente, son los que gastan fuerzas y dinero en cumplir un sueño, del cual el Estado debería ser su promotor.