Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales

5 de octubre de 2015

La lucha de la sociedad civil contra la corrupción.

Por: Duly Albarracín Contreras

La lucha anti-corrupción no es un problema reciente: a lo largo de la historia, la sociedad civil se ha manifestado en contra de esta. En pleno siglo XXI, la corrupción es el común denominador en la inestabilidad política y económica de la mayoría de los Estados con estos problemas, constituyéndose como una verdadera amenaza global al bienestar de las sociedades democráticas.

Las manifestaciones y las protestas han sido agentes de cambio en muchos países. Llevadas a cabo por diversos colectivos, han significado un input muy importante en la configuración de un entorno político y social más transparente. En los últimos años, estas movilizaciones se han realizado en torno a un problema que cada vez es más notorio, y cada vez más difícil de combatir: la corrupción. Aunque este mal aqueja a los sistemas políticos desde hace largo tiempo, su lucha para combatirla a nivel mundial no se formalizó sino hasta 1989, cuando la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act, Ley de Prácticas Corruptas) de los Estados Unidos acogió a otros países, buscando disminuir así los crecientes niveles de corrupción, no sólo en el ámbito público, sino también en los entes privados.

Una amenaza contagiosa

Según el último reporte de Transparency International a final del año 2014, la corrupción se concentra, en mayor parte, en los altos funcionarios públicos, lo cual significa, en primer lugar, un atraso económico del país, y en segundo lugar, que todos los esfuerzos en políticas y manifestaciones en contra de la corrupción son totalmente inútiles. Pero otro punto que cabe destacar en el reporte, es la “exportación de corrupción”.

Esto hace referencia al traslado de activos y otro tipo de movimientos de países desarrollados hacia países en vías de desarrollo. Ejemplo de esto son los diversos casos de “paraísos fiscales”, que gracias a organizaciones mediáticas como Wikileaks han sido puestos a la luz pública, así como sus usuarios, que casi siempre son empleados estatales con cargos muy altos. Por lo tanto, el presidente de Transparency International, José Ugaz, asegura que “los países en las posiciones inferiores deben adoptar medidas drásticas contra la corrupción y a favor de su población. Los países en las mejores posiciones del índice deberían asegurarse de no exportar prácticas corruptas a países en desarrollo”.

Un círculo vicioso

Como se mencionó anteriormente, las manifestaciones sociales han sido agentes de cambio sumamente importantes. Muestra de ello es la célebre Primavera Árabe, que sacó a las calles a miles y miles de ciudadanos, para derrocar a sus regímenes autoritarios. En países como Egipto, Libia y Túnez, la caída de los líderes autoritarios trajo consigo una ola de democratización, que en la mayoría de los casos no condujo efectos positivos: los gobiernos que han llegado últimamente al poder han caído en las mismas prácticas (muchas de ellas, corruptas) por las que los ciudadanos se manifestaron en contra nuevamente. Por esto, se podría afirmar que la democracia no siempre es la salida a los obstáculos políticos y económicos de un país, y que esto es debido a la debilidad de las instituciones estatales, que no son capaces de resistir un cambio político tan radical, y terminan incurriendo (de nuevo) en la corrupción.

El obstáculo latinoamericano

Los gobiernos latinoamericanos, en la actualidad, son los que menos cuentan con la empatía del pueblo. La agudización de las crisis sociales y económicas en varios países del sub-continente ha dado pie a un rechazo generalizado hacia sus gobiernos. Son conocidos los casos de detrimentos millonarios al patrimonio de la nación, que impiden que se dé la inversión en aspectos como la salud y la educación, para mantener el bienestar de las comunidades. Existen otros casos donde el crimen organizado hace parte de las acciones gubernamentales, dándose prioridad a sus intereses antes que a los de la sociedad, o bien asociándose a ciertas ramas del gobierno para lograr objetivos obviamente cuestionables. Otros países sufren el flagelo de la “exportación de la corrupción”, que también se da con entes privados: multinacionales, empresas contratistas, que impiden la realización de obras públicas de manera legal, afectando sectores económicos, sociales y hasta ambientales de la nación.

¿Cuál es el antídoto?

Si bien es cierto que la corrupción es un mal generalizado a nivel mundial, las dimensiones de la misma son desproporcionadas. El debate se abre en cómo ha sido la expansión de esta “epidemia”, cómo se contagia de un país a otro, pero es de suma importancia que la solución también se dé a nivel mundial. Las relaciones de cooperación deben darse en torno a la creación de medios de detección de la corrupcón. Países como China han implementado mecanismos para detectar y judicializar los delitos de corrupción, pero se hace necesaria la masificación de estos medios y el apoyo a nivel global de soluciones específicas para cada país. Podría decirse que la globalización y su bandera de interdependencia tienen que servir también para limitar al máximo las prácticas de corrupción, y para así limitar también su impacto en el sistema internacional.

Referencias El Libre Pensador

Daniel del Castillo R. – ¿Existe una sociedad civil mundial?

Andrea Bonime-Blanc – The Fight Against Corruption Goes Global

Transparency International – Índice de Percepción de la Corrupción 2014 El crecimiento transparente en riesgo