Intervención en el Bronx ¿éxito o fracaso?

Por: Sebastián Cárdenas Peña / Paula Alejandra Jaime Mendez

Después de que la Alcaldía de Bogotá realizó una intervención en la zona conocida como El Bronx, El Libre Pensador entrevistó a Victor Correa, representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo y Diego Molano, concejal por el Centro Democrático sobre esta polémica acción. Esto fue lo que nos dijeron.

“Para mí, la intervención en el Bronx no daba un día más de espera”

Diego Molano, es administrador de Empresas de la Universidad del Rosario, especialista en Integración Internacional de la Universidad Javeriana y Master en Administración Pública de la Universidad de Columbia, Nueva York. Actualmente es Concejal de Bogotá, catedrático de la Universidad del Rosario y columnista de la Revista Semana.com

Libre Pensador: El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá Hoover Penilla, resaltó la disminución del hurto en la Caracas con décima tras la intervención del Bronx ¿Qué hay de estas cifras para localidades como Los Mártires y Puente Aranda?

Diego Molano: Para mí, la intervención en el Bronx no daba un día más de espera, no podía permitirse que grupos como los Sayayines continuaran con vejámenes como la violación de niñas, trata de blancas y manipulación a los habitantes de la calle a través del consumo de la droga. El Bronx se había convertido en una fuente de delito para el centro de la ciudad.

La intervención sí tuvo efectos en la disminución de delitos como hurto a celulares y a vehículos, asesinatos y agresiones en las localidades Candelaria, Mártires y Santa Fe principalmente, eso es evidente. También hubo disminución de delitos asociados al narcotráfico alrededor de la zona del Bronx.

El otro tema es que la diáspora de habitantes de la calle generada después de la intervención, sí incrementó los delitos anteriormente mencionados en zonas a las que se ha extendido como Cinco Huecos, Estanzuela y San Bernardo, afectando directamente la localidad de los Mártires y recientemente la localidad de Puente Aranda.

L.P.: ¿Es decir que la intervención tuvo efectos positivos en las zonas alrededor del Bronx, pero que en las zonas periféricas la cuestión ha empeorado?

D.M.: No. En las primeras semanas disminuyeron todos los delitos, particularmente los graves, asociados a asesinato, narcotráfico y hurto. Después, con el efecto de la diáspora de habitantes de la calle sí incrementó el delito de hurto principalmente de celulares, de vehículos y de atraco callejero. Esto inició en Santa Fe y se extendió a Puente Aranda.

L.P.: Usted cree que con esta intervención en el Bronx, sí fue posible desmantelar las redes de narcotráfico y del crimen organizado en el Bronx? O si más bien ¿estas se disfrazan por la misma dinámica del crimen y se extendieron a otras partes de la ciudad?

D.M.: El problema sigue siendo el fenómeno del narcotráfico, que es la actividad delictiva más grande y es la mayor amenaza que tiene Bogotá. El narcotráfico en la ciudad tiene su base en la banda denominada Los Sayayines, quienes lograron constituir en los últimos años una organización criminal que no solo se encarga de la protección del negocio de las drogas sino de otras actividades delictivas como el tema de la extorción.

Hubo un avance importante porque se dio captura a 3 de estas personas, pero el fenómeno es muy grande y es ahí cuando empieza la interacción con los habitantes de la calle, quienes representan una fuente importante de ingresos para bandas como esta.

Por lo tanto, la banda no se ha desmantelado totalmente. Lo que ha pasado después de la intervención es que ellos siguen utilizando el negocio del microtráfico y hacen que los habitantes de la calle se desplacen de acuerdo con los intereses del negocio. La banda no está desmantelada, y es la principal amenaza. Se necesita de mucha inteligencia y un esfuerzo grande de seguridad para desmontarla.

L.P.: El golpe al narcotráfico no ha radicado totalmente el problema ¿cuál podría ser la estrategia complementaria para conseguir el impacto que se buscaba con la intervención del Bronx?

D.M.: El problema del habitante de calle está muy asociado al narcotráfico. Ustedes saben que yo soy el Centro Democrático, y voy a hacer un análisis que creo que la gente no identifica. Lo que pasó en Colombia los últimos años, dentro del mismo proceso de negociación de paz, es el incremento de los cultivos ilícitos: pasamos de 40.000 a 160.000 hectáreas de coca en el país.

Con el precio internacional de la coca, y con el incremento notorio de los cultivos, se disparó el nivel de consumo y venta en las ciudades. Hoy el fenómeno del narcotráfico no solo es externo sino que tiene implicaciones directas en las ciudades, ya que las rutas de narcotráfico alimentaron el microtráfico en las ciudades.

Entonces, la lucha estructural es hacia la eliminación del narcotráfico a nivel nacional que impacta fuertemente el consumo interno. Colombia no era un país consumidor interno, pero en los últimos 6 años se ha visto un incremento notorio del consumo. Esto se explica por el surgimiento de estas bandas de narcotráfico como Los Sayayines que utilizan esa capacidad para permear diferentes organizaciones y estructuras en todos los barrios de Bogotá.

La lucha estructural significa una fuerte tarea en Bogotá que integre una estrategia de seguridad para desmontar esta banda y pueda romper los vínculos que genera con los habitantes de la calle. Esa es la segunda estrategia: comenzar a diferenciar la estrategia de intervención con los habitantes de la calle. Porque cuando uno hace un diagnóstico de esta población, se encuentra con que el 60% son dependientes de la droga y el 40% tiene problemas mentales. Entonces, se debe hacer un modelo de salud integral que logre sacarlos de ahí.

Este es un reto muy grande que requiere una intervención integral. Primero par acabar con los grupos narcotraficantes, y segundo, con el caso de los habitantes de la calle, para romper los vínculos de dependencia entre estos y las bandas criminales.

El modelo de salud pública que se necesita debe atender a los que tienen problemas con las drogas para que se rehabiliten, así como a los que sufren de problemas de salud mental para que todos puedan reconstruir su proyecto de vida. Lo anterior, con un enfoque diferenciador por edades. Porque una cosa son los niños y jóvenes habitantes de la calle, otra son los adultos y otra los adultos mayores.

L.P.: En Bogotá hay preocupación por parte de cierto sector de la población por las acciones del gobierno de Enrique Peñalosa, en cuanto a la disminución de los presupuestos de los CAMAD por un lado, y la privatización de la salud pública, por el otro ¿ Usted no cree que lo que está planteado es contradictorio con la privatización de la salud y con la disminución de presupuesto de los CAMAD? ¿Cuál hubiera podido ser el efecto de esas estrategias de la anterior administración? ¿Hubiera sido bueno darles continuidad?

D.M.: Uno de los grandes problemas de la política social de las anteriores administraciones, es que ninguna tiene evaluaciones de impacto para demostrar que hubieran sido efectivas. En la realidad, estas políticas tuvieron un efecto totalmente diferente. Cuando empezó la administración de Gustavo Petro, había 9.000 habitantes de calle. Cuando terminó estaban llegando casi a los 11.500. Es decir, que si una política hubiera sido efectiva, lo primero que hubiera tenido que demostrar es que el habitante de calle sí disminuyó, o por lo menos que hubiera controlado su crecimiento y no incrementado. No hay ninguna evaluación que demuestre que los CAMAD fueron efectivos en la disminución del consumo de drogas por parte de los habitantes de la calle. Lo evidente es que con ese esquema de atención no se solucionaba el problema de habitantes de calle, por eso se tuvo que intervenir en el Bronx.

Por otro lado, en cuanto a la reforma a la salud que se implementó en Bogotá, esta no es una privatización. Básicamente, es una reforma de reorganización de los 22 hospitales en cuatro subredes para mejorar la atención dentro de los hospitales, que mejora la atención integral, incluye una mejora al esquema de emergencias y crea centros de atención prioritaria para aumentar la cobertura.

El problema es que la ley nacional de habitante de la calle, establecía que el Ministerio

debía implementar una ley con un modelo de salud pública, que debía ser implementado por las secretarías de salud. Eso no ha pasado. El gobierno nacional ha fallado porque dicho modelo no existe. Tampoco hay investigación sobre el tema del consumo de drogas, que es una parte fundamental de dicho modelo.

Hay distintos tipos de tratamiento dependiendo del tipo de droga consumida. Por ejemplo, el consumo de heroína es el más difícil de erradicar por el síndrome de abstinencia. Los habitantes de calle tienen un alto síndrome de abstinencia por la dependencia del consumo del bazuco, que es casi lo único que ellos consumen No hay ninguna alternativa al bazuco que permita bajar los niveles de abstinencia.

Por eso se requiere mucha investigación por parte del modelo de salud pública, y eso no existe hoy. Por eso es importante el papel de la secretaría de salud para crear ese modelo de salud pública.

L.P.: ¿qué estrategias a corto plazo y a mediano plazo se podrían implementar en Bogotá desde un enfoque interinstitucional para arreglar la situación de la diáspora de habitantes de calle en el resto de localidades?

D.M.: La administración distrital debe avanzar en una estrategia integral de cuatro líneas de acción:

1. Seguridad. No se debe bajar la guardia, debe haber una estrategia para desmontar estas bandas de narcotraficantes como los Sayayines que para ejercer control territorial utilizan la violencia, a los habitantes de la calle y su adicción a las drogas.

2. Rehabilitación: En primer lugar, orientada a la atención en la transición de la emergencia por parte de la Secretaría de integración Social, donde funcionen los hogares de paso, haya un esfuerzo sistemático de búsqueda activa de esta población y hacer una atención diferenciada por grupos de edad: niños y jóvenes, adultos y adultos mayores, porque es mucho más fácil sacar a un niño que a un adulto de las calles, y el adulto mayor tiene que ser tratado de manera diferentes. En segundo lugar, tiene que haber un modelo de atención pública a largo plazo que trabaje con ellos, como complemento a la atención social.   En ese ejercicio de atención se debe buscar una estratégica jurídica para cambiar el concepto de la Corte Constitucional, que establece que sólo se puede trabajar con habitantes de la calle que voluntariamente quiera aceptarlo. Ese concepto limita mucho la intervención porque para trabajar con habitantes de la calle se requiere de dos o tres años de trabajo continuo. Este concepto no permite que esto se de. Por lo que la estrategia de rehabilitación debe ser integral.

3. Convivencia: El Distrito simultáneamente tiene que trabajar con los actores de la ciudad que están siendo afectados por los habitantes de la calle, como los comerciantes en Los Mártires, y los vecinos de la carrera 30 con calle sexta. Esta estrategia de convivencia debe dar garantías de seguridad, información a la ciudadanía, protección y campañas de información grande, por ejemplo, para que en el centro no se les de comida ni limosna, porque esto alimenta el problema.  También una estrategia para que los habitantes de la calle no generen problemas de seguridad en los barrios, y si generan que se actúe, siempre respetando los derechos de todos los actores, porque el derecho de un habitante de la calle va hasta donde empieza el derecho de un comerciante.

4. Prevención. En primer lugar, según el último diagnóstico, el 50% de los habitantes de la calle vienen por fuera de Bogotá. Esto quiere decir que es un problema nacional. En segundo lugar, hay que trabajar para identificar qué localidades generan habitantes de la calle. Algunas ya están identificadas como Ciudad Bolívar, Bosa, Suba y Usme. Los habitantes de calle se originan en familias disfuncionales, que entraron al consumo siendo menores de edad, a los 11 y 12 años. Es decir que hay un trabajo importante que hacer de prevención con las familias de las localidades generadoras de habitantes de calle.

L.P.: Una de las críticas de la intervención en el Cartucho hace unos años y del Bronx ahora, es el vínculo que existe entre el tráfico de drogas, el consumo de drogas y la falta de oportunidades laborales. Si bien dar limosna no es la solución, ¿cómo evitar los errores del pasado y brindar esas oportunidades deficientes en la sociedad colombiana?

D.M.: Es evidente que la falta de oportunidades genera problemas sociales. Pero en el caso particular de habitantes de calle, lo que pasa es que los niños y los jóvenes se van de la casa o por violencia intrafamiliar o por deserción escolar. Allí es donde se genera la falta de oportunidades. Por eso, es necesario hacer un esfuerzo importante de prevención para disminuir esa violencia intrafamiliar y para crear oportunidades a nivel educativo y garantizar retención escolar. Bogotá tiene una buena cobertura en educación pero los jóvenes se salen del colegio en noveno y décimo, y particularmente en estos barrios y localidades. Es en esta edad cuando se inicia el tránsito hacia la calle.

 “Intervención en el Bronx no logró [su] objetivo sino que por el contrario lo que hizo fue dispersar [el problema]”

Representante a la Cámara por Antioquia, miembro del Partido Polo Democrático Alternativo, Víctor Correa hizo parte de la comisión establecida por la Cámara de Representantes para hacer seguimiento a la situación presentada en el proceso de toma del sector del Bronx por parte de las autoridades. 

Libre Pensador: El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá Hooover Penilla, resaltó la disminución del hurto en la Caracas con décima tras la intervención del Bronx. La pregunta es, ¿qué hay de estas cifras para localidades como Los Mártires, Puente Aranda?

Víctor Correa Vélez: En principio es necesario mencionar que el hurto, ligado a los habitantes de calle, tiene relación directa con un problema de salud pública que afecta al individuo, la cual es la drogo-dependencia. El hurto se comete con la intención de satisfacer una necesidad biológica. Luego es probable, no estoy casi seguro, que los efectos del desplazamiento sea simplemente que estas actividades van a migrar a hacia otros lados, porque el control de fondo acá no es mover los habitantes de calle de un lado para otro como si fueran ganado.

Es por esto que el enfoque no debe ser un enfoque de seguridad, tiene que ser un enfoque de salud que contemple los derechos individuales de los sujetos y que brinden alternativas diferentes. Situación que será difícil lograr si la intervención que se piensa es exclusivamente policial

L.P: Ahora bien, ya que usted menciona que el control de fondo no es mover los habitantes de calle de un lado para otro, sabemos que el Bronx era un lugar de estadía para los habitantes de calle. Sin embargo, después de la intervención estos han sido dispersados a diferentes zonas de la ciudad. La pregunta es, ¿cuáles podrían ser las estrategias a corto y largo plazo para esta problemática?

V.C.V: A corto plazo, al igual que mis compañeros del partido, considero es necesario montar un campamento humanitario. Hay que lograr un punto donde se puedan concentrar donde tengan acceso a bienes y servicios públicos que garanticen unos mínimos de dignidad como a cualquier ser humano. Ahora la solución no es una solución que se pueda pensar a corto plazo. Una intervención frente a la problemática de los habitantes de calle debe ser multidimensional proyectada hacia el mediano y a largo plazo con una consideración de una alta probabilidad de fracaso individual. ¿Por qué? Porque hay compromisos fuertes de adicciones severas que no se recuperan con facilidad. Lo anterior requerirá un esfuerzo institucional aún mayor no desde la criminalización sino desde el acompañamiento a esta población.

Así mismo, la existencia de estructuras criminales son una barrera para el proceso de una intervención social efectiva, ya que impide llevar la oferta institucional, además que son expertos en lograr la reincidencia.

El lío grande tiene que ver con la transformación estructural de la política antidroga. Es allí donde se debe pensar a partir de un tema de país y de mundo, pero creo que se pueden adelantar acciones desde lo local, de pronto el suministro público, de algunas sustancias para ayudar, como lo hizo el ex alcalde Gustavo Petro, con el fin de mantenerlos cerca de la oferta institucional para acceder a un adecuado tratamiento.

Respecto a la estructura criminal, el enfoque no debe ser únicamente perseguir al traficante, sino desmantelar las estructuras desde las cabezas, y yo creo que la intervención en el Bronx no logró ese objetivo sino que por el contrario lo que hizo fue dispersar esa estructura.

L.P: Teniendo en cuenta que usted menciona que el esfuerzo institucional deberá estar encaminado hacia el acompañamiento de la población y acciones locales tales como el suministro público de algunas sustancias, ¿considera usted pertinente la instalación nuevamente de los CAMAD?

V.C.V: Considero que sí, es una estrategia interesante e importante, debido a que la política represiva de criminalización, de judicialización hasta el momento no ha demostrado resultados adecuados, por lo que estas iniciativas nos permiten probar nuevas opciones que a mi parecer pueden ser muy efectivas en lograr resultados en el tiempo. Así mismo, es una forma de reconocer las libertades de los sujetos, ya que el habitante de calle es una persona con las libertades ciudadanas de los otros, por lo que no se le puede obligar a desplazarse a la fuerza de un lado a otro. Los CAMAD permiten cambiar el enfoque punitivo y a respetar los derechos individuales de los habitantes de calle.

L.P: Para finalizar, frente al tema del papel de las instituciones, para no repetir los errores de la pasada intervención del Cartucho, ¿cuál debería ser la articulación institucional para evitar la proliferación y expansión de una nueva olla en Bogotá?

V.C.V: Mucho me temo que va a pasar, no sé si peor, y si no básicamente se dispersan en el territorio estableciendo más puntos de venta, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo: ¿Qué tendrían que hacer las instituciones? A mi parecer deberían tomar control sobre esta población pero no de esa manera, sino brindándole alternativas haciendo que el hecho que se acerque una oferta institucional sea más atractivo para ellos que estar cerca de las instituciones criminales, lo cual implica reconocerlos en su dignidad y sus particularidades. La oferta institucional tiene que avanzar reconociendo el enfoque de salubridad pública del problema, reconocer el enfoque de libertades individuales y la dignidad humana de los habitantes de calle y empezar a trabajar sobre esas diferentes aristas. Por otro lado, el enfoque de seguridad no debe estar encaminado al combatir al habitante de calle que roba, debido a que este último es la manifestación de otro problema, el cual es la necesidad de consumir. Por el contrario, el enfoque de seguridad debe estar orientado a combatir las estructuras criminales, buscando a los que les están vendiendo y empezar a desarticular y romper la relación económica que tienen los habitantes de calle con estos.