12 de octubre de 2015
Defender la vida: una lucha a muerte
Por: Ana María Arango D
En Colombia defender el medio ambiente es una labor peligrosa. Del estigma y la señalización por parte de algunos sectores que tildan a los ecologistas de ser enemigos del desarrollo, se pasa prontamente a las amenazas y los asesinatos.
Las decenas de amenazas que denuncian constantemente reconocidas organizaciones ambientalistas y aguerridos campesinos que defienden la protección ecológica de su entorno, se materializan en asesinatos que, para el 2014, convirtieron a este en el segundo país del mundo en que es más peligroso ejercer la defensa del medio ambiente.
Entre el desarrollo y el medio ambiente.
Según el informe ¿Cuántos más? De la organización Global Witness, fueron 25 los líderes ambientalistas asesinados el año pasado, y la mayoría de ellos, luchaban contra los efectos de actividades como la industria hidroeléctrica, la minería y la agroindustria.
No es de extrañar entonces, que en un país tan polarizado como este, algunos sectores acusen a los ambientalistas de entorpecer el desarrollo. Y es que mientras el gobierno nacional concentraba gran parte de su energía en promover la minería como motor de progreso, las comunidades de Piedras, en Tolima y Tauramena en Casanare promovieron referendos populares para oponerse a esa actividad económica en sus territorios, argumentando razones estrictamente ecológicas (vale aclarar que ninguna de las dos consultas progresó a pesar de que mayoritariamente los ciudadanos se opusieron a la minería).
Para algunos, la hidroeléctrica El Quimbo permitirá abastecer al país de la energía que necesita, para otros, los ambientalistas, el daño ambiental que produjo su construcción y que mantiene su operación es tan grande que de nada servirá la energía que produzca cuando la vida de los ciudadanos esté en riesgo.
Para unos el futuro debe estar direccionado al desarrollo y para otros el afán de desarrollo no hará posible el futuro. Los primeros se enfrentan a protestas, manifestaciones y acciones legales que entorpecen sus proyectos económicos, los otros denuncian amenazas y muerte, no solo de los ecosistemas que defienden, sino de ellos mismos.
Del debate a la victimización.
El debate es productivo, tanto así que desde 1987, con la promulgación del Informe Brundtland se promueve el desarrollo sostenible, es decir, aquel que permita “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades”.
Definir los límites entre desarrollo y daño ambiental es una tarea fundamental que requiere el debate público y la participación de quienes, desde distintas orillas tienen posiciones diferentes que más que antagónicas, deberían ser complementarias en una salida común al dilema. Sin embargo, contrariando uno de los principios fundamentales de negociación de la escuela de Harvard, los colombianos parece que son suaves con los argumentos (cuando los hay) y duros con las personas, así que el contradictor se convierte instantáneamente en enemigo.
La situación se torna particularmente preocupante, cuando de la discusión se pasa a las amenazas, de estas al desplazamiento forzado y por último al asesinato.
Colombia se prepara para la cumbre COP 21 en París, donde se espera avanzar en términos de protección medio ambiental regulando las emisiones de gases de efecto invernadero, y mientras tanto, debe afrontar la nueva posición mundial de ser el segundo país en número de ambientalistas asesinados (que se suma a la de ser el segundo país del mundo en número de personas desplazadas, el primero en América Latina en desaparición forzada y el segundo del mundo en nuevas víctimas por minas antipersona).
Mientras esta sociedad decide que hacer, la victimización persiste. Hace solo dos meses fue asesinado Fabio Hernán Torres Cabrera, ambientalista que luchaba contra la minería en el Cauca y Nariño, después de que el colectivo al que pertenecía, el Comité de Integración del Macizo Colombiano –CIMA, denunciara amenazas en su contra.
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