9 de julio de 2015
Proceso de paz: memoria y post-conflicto
Por: Gabriela Madrigal
Colombia es un país con un conflicto de más de cinco décadas de duración, con la guerrilla más antigua del mundo y que, actualmente, está viviendo uno de los momentos más importante en su historia: un proceso de paz con las FARC, que podría determinar el futuro del país. Al ser este un proceso histórico ha sido abordado desde diferentes perspectivas: sociales, políticas, económicas, etc. Pero la más importante de todas estas es la aproximación al conflicto desde la memoria y el reconocimiento y reparación de las víctimas que ha dejado a través de los años, factor vital en el momento de hablar de un modelo de justicia transicional que deberá ser aplicado necesariamente en un futuro cercano.
Verdad, justicia y reparación
El concepto de memoria alude al “esfuerzo consciente de los grupos humanos por encontrarse con su pasado, sea este real o imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto.” Esta es una cuestión viva, mientras que la historia es el devenir de la praxis humana. El conflicto armado en Colombia ha dejado a su paso miles de muertos, desaparecidos, torturados y desplazados, masacres a pueblos enteros, que no pueden quedar en la impunidad. Para que esto suceda, el primer elemento clave es el reconocimiento de las víctimas y de los victimarios, para esto se requiere de la verdad de lo sucedido en estos actos violentos. Desafortunadamente, el ejemplo que tenemos de justicia transicional es el de la desmovilización de los grupos paramilitares, donde miles de los desmovilizados fueron beneficiados con amnistías bajo la excusa de que no tenían investigaciones o condenas por delitos graves en su contra y, por tanto, no se les exigió declarar la verdad sobre los crímenes y violaciones a los derechos humanos que cometieron. No fue posible el establecimiento de la verdad, por ende, el reconocimiento a aquellas víctimas de su movimiento armado; allí se encuentra la primera falla. Según el Informe Sin verdad y sin justicia paramilitares se “desmovilizaron colectivamente” y 3.682 de manera individual, para un total aproximado de 35.353. De este total el 89.72%; es decir, 31.454 paramilitares fueron beneficiados con una amnistía de facto mediante la aplicación de varias normas (Ley 782 y decreto 128 del 2003) INFORME: SIN VERDAD Y SIN JUSTICIA: Verdad fragmentada , reparación ausente. MOVICE – CCAJAR- CSPP
Si no hay reconocimiento a las víctimas difícilmente se podrá hablar de una reparación o justicia para ellas, además, su posibilidad de participación fue mínima. Lo contrario a esto debe suceder en la actualidad, citando al Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo: “La principal consideración en materia de justicia debe ser que vamos a reconocer y a responderles a las víctimas para satisfacer sus derechos y para que esto no vuelva a ocurrir. Ese es el propósito a mi juicio de la justicia transicional y para eso necesitamos la verdad. ”
La mayoría fueron personas que viven en precarias condiciones económicas y residentes en zonas rurales de difícil acceso, las que podían participar no solo se les restringía su acceso, sino, además, desconocen el procedimiento y dinámicas de esta ley. Su limitada intervención se ha circunscrito a la formulación de preguntas sobre los hechos victimizantes. Además, no existen mecanismos que aseguren la seguridad de los denunciantes. Es reconocido que durante el proceso de paz con las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) varios desplazados, líderes de organizaciones, abogados y demás denunciantes fueron asesinados.
Los desafíos
Esta situación no se puede repetir en el actual proceso con los miembros de las FF.MM, para esto se debe establecer, en primera instancia, una Comisión de verdad, en donde se establezca el papel del Estado, de las instituciones y la política, los agentes económicos y que sugiera mecanismos y prácticas que permitan superar la cultura del silencio, la desconfianza y el odio.
Una vez instaurada esta Comisión de verdad se deberá aplicar un modelo de Justicia transicional que verdaderamente repare a las víctimas del conflicto y castigue a los victimarios. Así la aceptación y el olvido será más sencillo y la sociedad permitirá la reintegración a la sociedad por parte de los integrantes de estos grupos subversivos, que es otro factor determinante en el éxito del proceso de paz y en el no recaer en el ejercicio de la violencia. La reinserción de los guerrilleros a la vida civil es un tema delicado, para la mayoría de empresarios es arduo el proceso de aceptación de desmovilizados en sus empresas pese a la capacitación y a los programas que buscan darles una oportunidad social mediante el empleo y la principal causa es que no confían en las personas que pertenecían a grupos al margen de la ley y, podrían llegar a significar una potencial amenaza para sus empresas dados sus antecedentes. De alguna forma, las garantías que el gobierno brinda a estos grupos de desmovilizados no se convierten automáticamente en garantía de que dicha reincorporación social se logre en la vida cotidiana, tal vez, porque el hecho que las políticas públicas acojan a esta población y condonen su deuda con la justicia no repara la deuda con la sociedad, ni les hace merecedores de su confianza. De otro lado, la oferta de mano de obra calificada es baja, lo cual hace al desmovilizado menos competitivo frente al grueso de la población en edad productiva. Entonces, solo habría oportunidad para este grupo si se hace un proceso cultural de aceptación en los empresarios y en la sociedad en general, en donde el estigma de haber pertenecido a grupos subversivos desaparezca o, por lo menos, se atenúe.
Referencias El Libre Pensador:
Razón Pública – La nueva ley sobre desmovilizados: ni verdad, ni justicia, ni reparación.
El Libre Pensador – Laura Gaitán Ayala, Perdón pero no olvido.
El Tiempo – “Hay que separar justicia de la verdad para que esta haga su trabajo”.