¿Y si legalizamos las drogas?

Por Santiago Alberto Gonzalez Ortiz

Sábado 5 de Septiembre de 2015

Leyendo la columna de Andrés Hoyos en El Espectador (“Las drogas y el futuro”), me recordó cuando en mis primeros semestres en El Externado, apoyaba –y apoyo– que la legalización total de las drogas para uso recreativo y medicinal, tendría como consecuencia lógica, en una economía liberal, la creación de un mercado; pero no solo una creando una especie de competencia para estas, sino una legalización en donde el estado colombiano tuviese un monopolio estatal absoluto sobre la producción y distribución.

En cuestiones de moral, las discusiones suelen ser largas como la historia misma de la humanidad, pero en cuestiones de doctrina -más aún, de doctrina económica-, lo fundamental es tener en cuenta soluciones en virtud del pragmatismo. La legalización es a todas luces una alternativa legítima al financiamiento de la deuda pública colombiana que crece año tras año.

Según las cifras arrojadas para el año 2011, Colombia ha invertido en la lucha contra las drogas cerca de más de US$8.000 millones, dinero que sin duda pudo haber sido mejor invertido en rubros como el de educación, que es esencial para los que estamos convencidos que es la falta de educación –a la población más pobre– la que genera violencia, y no esta última, la que genera pobreza. Entonces, ¿Por qué como Estado colombiano no legalizar las drogas para uso recreativo y medicinal, asumiendo el papel de productor y distribuidor? Debemos asumir que las drogas se consumen y por eso mismo se deben regular. Es casi irracional que drogas –porque son drogas– como el alcohol y el tabaco, sean legales aun cuando son mucho más dañinas que otras.

Hoyos en su columna hace una analogía con respecto a la prostitución: “¿Qué proporción de las mujeres se prostituye? Muy pocas. ¿Y hombres? Menos. ¿Hay que legislar con la idea de que todos estamos en peligro de prostituirnos? Desde luego que no.” Es decir, que legalizar las drogas no va a tener un impacto directamente proporcional en cuanto al aumento del número de consumidores, pero al regular las drogas, el Estado colombiano podría recibir un ingreso considerablemente alto por concepto de impuestos. El mejor ejemplo es el estado de Colorado, Estados Unidos, donde sus ingresos tributarios aumentaron en 0.6% (US$250 millones), desde la legalización de la marihuana (imagínese donde se hubiesen legalizado todas las drogas). Impuestos que han sido utilizados: 1. Para financiar la policía estatal, 2. para mejorar la salud creando nueva infraestructura, 3. para la educación mediante campañas para el uso y consumo, y para la inversión en infraestructura de institutos educativos. ¿No cree que podría implementarse lo mismo para Colombia?

A parte de los beneficios en materia tributaria, se deben tener en cuenta las ventajas de la legalización en materia de generación de empleo. El Estado, controlando la producción, por un lado formalizaría el empleo ilegal que de cualquier forma genera, y por otro lado, -en virtud por la ley de Okun- generaría puestos de empleo adicionales en el campo[1], que es en donde se tienen los mayores índices de desigualdad; mejorando sin duda las condiciones de vida. En consecuencia, haría que el campesino al tener empleo, incremente su poder adquisitivo, con lo que podrá consumir más bienes, haciendo que en general, el consumo del país crezca. ¿Y por qué no? Se pueden obtener beneficios relacionados con el turismo, que no solo beneficia a las personas que están produciendo, sino en últimas, ayudaría también al sector hotelero y de servicios.

Se puede pensar hasta en exportar porque sin ser consumidor, sé que el suelo colombiano puede generar unas de las mejores y más puras drogas a nivel mundial, de forma natural y no sintéticas como pasa en Estados Unidos por ejemplo. Propongo adoptar los modelos de Holanda y el Estado de Colorado, donde existen establecimientos legales donde se vende a mayores de edad hasta una cantidad máxima, explicando las posibles consecuencias de llegar a consumir eso que se está comprando.

Todos estos, beneficios económicos que dejan de un lado el tema ideológico, religioso y moral.

De otra parte, el lector debe saber que sale mucho más barato y eficiente, invertir todos los recursos de la lucha contra las drogas en prevención y rehabilitación, que seguir luchando con una guerra que está perdida.

Llegará el día en que –como lo dice Hoyos–, en los países realmente democráticos, un adulto pueda adquirir las drogas que quiera, como hoy puede comprar tabaco y alcohol, que causan más muertes al año (437.400 y 29.001, respectivamente), que la cocaína (4.944), la heroína (8.257) y la marihuana (0). Contrasta sin duda lo que se mencionaba al principio: irracionalmente, las drogas que son legales para su consumo, son más perjudiciales para la sociedad misma. Y no se mencionarn los beneficios que traería en cuanto al narcotráfico, que como dice Raisbeck, ha sido el motor real del conflicto en Colombia en las últimas décadas, pero nos saldríamos del análisis económico que se intenta plantear.

[1] La Ley de Okun plantea que a medida que la economía manifieste crecimiento económico, eso se verá reflejado en la mejora de empleo, es decir, más crecimiento = más empleo. En este caso, al formalizar los actores que se encuentran bajo la ilegalidad, producirían para el país y no para el narcotráfico, generándole más ingresos a la nación, y con esto, generando un mayor crecimiento.

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