Privatizaciones: ¿qué debe hacer el Estado? (parte 2)

Por Andrés David Parra Ramírez

18 de mayo de 2016
Imagen: Ana María Arango

ISAGEN no debió ser vendida en cuanto la acción representa una violación a la soberanía energética de la nación, así como también deja a la merced de los privados un servicio que obligatoriamente debe ser prestado por el Estado.

La adquisición del 57,6% de participación que tenía el gobierno nacional en las acciones de la empresa generadora de energía ISAGEN, por parte de la multinacional canadiense Brookfield, reabrió el debate en el país entorno al impacto que traen las privatizaciones para las economías nacionales. Aquellos que tomaron una posición en contra, cuestionan la proporcionalidad de los beneficios comparados con las desventajas que traerá para la nación esta privatización, ya que, si bien existirán recursos para llevar a cabo las obras de infraestructura requeridas en la actualidad, el Estado perderá el control sobre una empresa cuyas utilidades ascendieron a los $2,2 billones de pesos desde el año 2000 al 2013.

Una violación a la soberanía energética

Además, la enajenación de la empresa representa una violación a la soberanía energética de la nación, un concepto que cobra importante relevancia en la actualidad a propósito del cambio climático y la necesidad de los países de conservar sus recursos necesarios para la generación de energía de cara al futuro.

Para el sociólogo y cientista político Manuel Luis Rodríguez,

La cuestión de la soberanía energética adquiere una relevancia estratégica, en el sentido que los actores estatales y nacionales deben definir con la mayor claridad posible su rol en relación con los recursos energéticos disponibles en su propio territorio[1].

En este contexto, y ante la crisis energética ya anunciada, la soberanía energética representa el derecho de carácter exclusivo que posee el estado para explotar sus fuentes internas de energía, por lo que esta debe formar una parte fundamental en la configuración de la agenda política de los estados, ya que es este tema el que marcará las dinámicas del capitalismo moderno. De no ejercer el Estado este derecho sobre sus fuentes de energía, pasará a manos de privados, cuyo propósito no es el propender por el bienestar de la comunidad sino la generación de utilidades.

Lo anterior se pudo ver en los corregimientos de Berlín y San Diego en Caldas, en el 2012, cuando se llevaron a cabo actividades de exploración de Uranio, elemento que puede ser utilizado en la generación de energía. Esas actividades fueron llevadas a cabo por parte de la canadiense Gaia Energy, que para 2012 tenían cinco títulos mineros y representaban 10.700 hectáreas de explotación[2]. Lo anterior generó malestar en la población, pues la explotación de Uranio deja efectos irreversibles, como radiación y contaminación de agua y suelos, representando así una actividad que va en detrimento de la preservación de los recursos energéticos del país.

Para analizar el papel del gobierno colombiano en la privatización de ISAGEN, se puede contrastar su actuar con dos de los dos significados que se interrelacionan en la definición de soberanía energética de Manuel Rodríguez:

  • Todos los recursos energéticos deben ser de propiedad nacional, bajo control y gestión estatales.

De aquí se puede extraer que la generación y distribución de energía es una tarea que debe ser ejecutada por el Estado, en cuanto es el único capaz de llevar a cabo este servicio de manera adecuada. En cambio, en manos de privados, la calidad y el precio del servicio no importará, en cuanto el enfoque de la empresa cambia, dejando su enfoque social para pasar a obtener un enfoque de mercado en el que es necesario competir.

La privatización de ISAGEN no sólo ha sido criticada por la violación al patrimonio energético que representa sino también porque al ser privatizada la segunda generadora más importante del país, el pueblo colombiano queda vulnerable ante la subida de las tarifas de energía por parte de los nuevos dueños de ISAGEN, o incluso ante un declive en la prestación del servicio de energía en el país, que debería ser garantizado por el Estado colombiano.

Lo anterior se pudo ver con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Argentina (ENTel), que era una empresa pública de telecomunicaciones creada en 1946, que pasó a manos de privados en el año de 1990. Esto trajo una reducción considerable de empleos, que de 1987 a 1997 disminuyeron en 16.192 personas, lo que equivale al 35% con respecto a 1987. Además, se empezaron a observar importantes atrasos y demoras en los planes de trabajo, alterando así, la calidad del servicio que se ofrecía a tarifas cada vez más crecientes.

  • La matriz energética de cada territorio y cada comunidad debe realizarse prioritariamente a partir de las propias fuentes energéticas, de manera de disminuir al máximo la dependencia energética externa.

                                   

A partir de lo anterior, y reconociendo que la energía se genera a partir de recursos no renovables, el papel eficiente del Estado en las actividades relacionadas con generación y distribución de energía resulta fundamental en cuanto es esto lo que permitirá la conservación de los recursos naturales por más tiempo.

En cambio, en manos de privados, el manejo de esos recursos no será tan eficiente, en cuanto se propende no por la preservación del medio ambiente sino por la generación de utilidades.

Con la enajenación de ISAGEN, el gobierno de Colombia se desprende de la segunda generadora de energía eléctrica en el país, con un 20% de capacidad de generación a nivel nacional, que corresponde a 3.060 de 15.458 megavatios[3], entregando de esta manera el 25% de agua embalsada en el país, recurso que será de fundamental importancia en el mundo, en cuanto no es renovable y sus usos son ilimitados.

Analizando lo anterior, con la enajenación de la empresa ISAGEN, el gobierno colombiano está violando la soberanía energética en cuanto deja en manos de extranjeros el control sobre una parte importante de los recursos energéticos del país. En palabras del senador Jorge Enrique Robledo:

La venta de ISAGEN es solo la excusa para los extranjeros y privados quedarse con los 5.563 millones de metros cúbicos de agua, las aguas subterráneas, los acuíferos, los ríos y las 23.000 hectáreas de bosques; y en el corto plaza afectar al alza las tarifas no sólo de energía, también del agua; la prestación de los servicios públicos domiciliarios; el patrimonio público nacional y se hará la más grave lesión a la soberanía nacional”[4].

El riesgo de la competitividad

Por otro lado, la privatización de ISAGEN no sólo ha sido criticada por la violación al patrimonio energético que representa sino también porque al ser privatizada la segunda generadora más importante del país, el pueblo colombiano queda vulnerable ante la subida de las tarifas de energía por parte de los nuevos dueños de ISAGEN, o incluso ante un declive en la prestación del servicio de energía en el país, que debería ser garantizado por el Estado colombiano.

Y es que, al ser privatizadas, las empresas públicas cambian su enfoque de empresa estatal hacia una empresa que debe ser competitiva en el mercado. Lo anterior supone que, para lograr la transición de empresa pública a empresa competitiva, se deben generar las condiciones que permitan una eficiencia mayor al menor costo posible. Es entonces que se empiezan a reducir puestos de trabajo, a desmejorar condiciones laborales y a prestar servicios de tal manera que la utilidad generada a partir de la labor sea mayor, sin importar la calidad del servicio, sólo la competitividad en el mercado.

Lo anterior se puede ver claramente con la Ley 100 de 1993 cuyo ponente fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En esta ley se empezó a hablar por primera vez de las entidades promotoras de salud, que serían instituciones privadas encargadas de promover la prestación de servicios de salud por medio del aseguramiento de las personas. Una prestación de salud que sería llevada a cabo en las IPS o Institutos Prestadores de Salud. El sistema se dividió tras la privatización en dos regímenes; el contributivo y el subsidiado:

El primero para las personas que pudieran pagar una afiliación periódica a la EPS. Y la segunda para las personas que no tuvieran capacidad de pago y su servicio fuera financiado por una parte del régimen contributivo y una parte estatal.

Se empieza a hablar del POS (Plan Obligatorio de Salud), que hace referencia a los beneficios a los que tienen derecho las personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Sin embargo, la privatización del sistema de salud con la ley 100 de 1993 empezó a presentar profundos problemas.

Además del alza de los precios, la privatización ha tenido externalidades jurídicas y económicas

Primero que todo, el surgimiento de carteles de la salud que captaban millonarias sumas gracias a los aportes del Estado y de los contribuyentes. Estos recursos inclusive irían a financiar los movimientos paramilitares de finales de los años 90, como es el caso del bloque Córdoba, de Salvatore Mancuso.

Segundo, algunas EPS e IPS reportaron unos costos excesivos en lo referente a la adquisición de medicamentos de movimiento constante como el acetaminofén. Se cobran los medicamentos más caros y el Estado debe pagarlos.

Tercero, las tutelas que se generaron a partir de la no inclusión de medicamentos esenciales en el POS, trajeron consigo la creación de carteles de abogados que se aprovechan de la gente para realizar dichos trámites.

Por último, varias EPS negaban realizaban entre sí acuerdos para no llevar a cabo procedimientos y tratamientos obligatorios en el POS, con el fin de subir el costo individual de cada paciente al sistema (UPC).

Las anteriores fallas llevaron a detrimentos patrimoniales de cuantioso valor, además de la disminución en la calidad del servicio. El caso más conocido es el de Saludcoop, entidad que desvió alrededor de 630.000 millones de pesos que debían ser reinvertidos en el POS, para enriquecer a sus directivos.

A nivel internacional también existen ejemplos preocupantes

Pero los ejemplos negativos de las privatizaciones no sólo atañen al ámbito nacional. A nivel internacional, se puede ver el caso de France Telecom, que es el principal operador de telecomunicaciones en Francia. Para 1998, la empresa fue privatizada, lo que vino acompañado de recortes de personal, que para 2006 ascendía a 22.000 personas. Además, las condiciones de los trabajadores remanentes fueron empeorando, a tal punto, que hubo trabajadores que quedaron totalmente relegados sin cumplir función alguna. Para 2011, los suicidios ascendían a 60 trabajadores debido al aislamiento en que habían sido dejados los trabajadores. En las palabras de un antiguo trabajador de France Telecom, Joel Peron:

“Hubo momentos en los que quise suicidarme. Sentía que no servía a nadie, que nadie me necesitaba. Pensaba que era un inútil que molestaba a todo el mundo y quería desaparecer, quitarme de en medio. Es una tortura mental, un proceso de destrucción espiritual que te corroe poco a poco, con reflexiones y malos pensamientos”[5].

Las privatizaciones entonces, pueden conllevar a efectos negativos sobre los trabajadores de la empresa que en algún momento fue pública, debido a que, en este contexto del capitalismo, donde o que importa es la generación cada vez mayor de utilidades, las empresas privadas subsisten solo para competir, por lo que es necesario reducir los costos en su máxima expresión.

En conclusión, la enajenación de las acciones que tenía el gobierno nacional sobre la empresa ISAGEN S.A. representa una violación a la soberanía energética en cuanto el gobierno deja en manos de privados los recursos energéticos que deberían ser de su uso exclusivo, poniendo a la deriva decisiones importantes que tienen un efecto sobre la población colombiana, en cuanto la empresa dueña de la generadora ISAGEN (en este caso la canadiense Brookfield), puede establecer tarifas arbitrarias con el fin de aumentar sus ganancias, sin importar la calidad del servicio que se preste. En palabras del senador Jorge Enrique Robledo, “(…) esta privatización no hará más barato el servicio de energía, que está entre los más caros de América, al contrario, crecerán las tarifas lo que al sector empresarial del país le significará menos competitividad y a los hogares más sufrimientos para poder pagar los altos costos del servicio”[6].

[1] Rodríguez, M. (2011, 04). APROXIMACIONES AL CONCEPTO DE SOBERANÍA ENERGÉTICA. Geopolítica XXI.
[2] 2012, 09). Exploración en Berlín y San Diego (Samaná) Uranio en Caldas, todo por descubrir. LA PATRIA.
[3] Información según Jorge Enrique Robledo, en Tutela contra Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
[4] Robledo, J. (2015, 03). Privatizar Isagen, un pésimo negocio para Colombia: Robledo. JORGE ROBLEDO.
[5] Villaecija, R. (2011, 05). France Télécom: el infierno contado por sus víctimas. El Mundo de España.
[6] Robledo, J. (2015, 03). Privatizar Isagen, un pésimo negocio para Colombia: Robledo. JORGE ROBLEDO.

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