Principal víctima del conflicto armado en Colombia: la izquierda humanista

Imagen: Manifestantes a favor de la paz. Colombia, 2013. © deracamandaca.com Tomada de:https://ccpijusticiaglobal.wordpress.com/2015/10/08/la-sociedad-civil-y-el-proceso-de-paz-y-justicia-en-colombia/

La situación actual de derechos humanos en Colombia deslegitima el proceso de paz con las FARC, iniciado el 4 de Septiembre del 2012. Desde el proceso de paz que se hizo con el grupo armado M-19 a finales de los años ochenta, el Estado colombiano no garantizó la seguridad de sus líderes, y las violaciones a los derechos humanos se vienen multiplicando en el país. 

Nunca en la historia de Colombia se ha tenido un gobierno de izquierda. Además, el deseo de la izquierda colombiana de ascender al poder ha generado su masiva persecución, atentados y violaciones a sus derechos humanos. Los grupos paramilitares cargan en mayor medida con este peso, puesto que han sido ellos quienes más han atentado contra los miembros de la izquierda, a costa de no permitir que estos lleguen al poder por vía legal o armada.

Genocidio de la Unión Patriótica

La Unión Patriótica (UP) surgió en 1984 luego del proceso de desmovilizaciones de actores de las FARC, durante el cual se acordó un cese unilateral del fuego, y el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) de ese entonces, se comprometió a que sus integrantes pudieran reorganizarse políticamente, económicamente, y finalmente reintegrarse a la vida civil.

Inmediatamente después de su primera participación electoral, se consolidó un plan de exterminio contra los militantes de la UP, sus familiares y simpatizantes. En esa sangrienta persecución contra la UP fueron asesinados dos candidatos presidenciales, nueve congresistas, setenta concejales, decenas de diputados, alcaldes, dirigentes de juntas comunales, líderes sindicales, estudiantiles, profesionales del sector de la cultura y el magisterio; así como centenares de militantes de base, sin que ninguna institución del Estado lo impidiera, ni actuara eficazmente para esclarecer los crímenes y sancionar a los responsables. Es el tristemente célebre exterminio de la UP. Fue tan fuerte la persecución a sus militantes, que la UP dejó de tener personalidad jurídica hasta que en el 2013 reapareció como partido político activo, cuya principal misión fue definida como la defensa y el activismo a favor de los derechos humanos en Colombia.

Y es que en un país con medio siglo de conflicto armado, el tema de los derechos humanos ha pesado en cuanto a la victimización, pero nunca ha sido primordial en tanto política de Estado. Es bien sabido que esta no es una prioridad para los actores inmiscuidos en una guerra civil, siendo que hay otras prioridades tácticas que están relacionadas con la protección territorial y la soberanía nacional. Sin embargo, en derechos humanos Colombia se viene rajando hace mucho y se raja en la actualidad. La máquina de la guerra, como dice la canción, “es un monstruo grande y pisa fuerte la pobre inocencia de la gente”. Luego es el tema de los derechos humanos en el cual se observan el mayor impacto del paso de la guerra por la vida de las comunidades y los grupos sociales.

La grave persecución a defensores de derechos humanos

Un acto de violencia conlleva a más actos de violencia. En este caso, la persecución a los veladores de los derechos humanos en Colombia es una clara espiral de violencia: actualmente perseguidos por grupos paramilitares al margen de la ley, su cantidad no cesa de aumentar. La situación es grave, y si el Estado no está en capacidad de garantizar su protección, por el momento, no hay gobernabilidad al interior del proceso de construcción de paz. Muchos optimistas, llevados por la emoción, se alegran del fin del conflicto armado en Colombia, pero estas cifras muestran una realidad muy diferente que no permite pensar en un supuesto “fin del conflicto”, luego menos en un “posconflicto“.

Según el último reporte sobre la situación de derechos humanos en Colombia de Amnistía Internacional: “Los grupos paramilitares, a los que el gobierno se refería como bandas criminales (bacrim), seguían cometiendo crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos pese a su supuesta desmovilización en el marco del proceso de Justicia y Paz” (Amnistía Internacional, 2016). Este reporte confirma que el paramilitarismo no ha desaparecido en Colombia, que al contrario se ha reencauchado, y que sigue vivo, en medio del proceso de paz que se lleva actualmente.

De este modo, 51 defensores y defensoras de los derechos humanos perdieron la vida de manera violenta entre enero y septiembre de 2015, frente a los 45 del mismo período de 2014 (SomosDefensores, 2015). De estos, el gran 30% eran representantes de la comunidad LGBTI. Clara muestra de la constante intolerancia que sigue desangrando a este país.

Las Autodefensas Unidas de Colombia (el grupo paramilitar más grande que ha tenido el país) se desmovilizó en 2006, pero eso no significó que cesara la violencia contra sus opositores y la sociedad civil. Con base en esto, se puede afirmar que los grupos paramilitares continúan vulnerando los derechos humanos en Colombia, además de asesinar a aquellos líderes que quieren velar por la seguridad de estos derechos. En efecto, la derecha radical realiza una amalgama entre la ideología de los derechos humanos, y las ideologías políticas comunistas y marxistas, ya que estas defienden los derechos de los trabajadores. La cuestión es saber si el acuerdo de paz que se prepara en la Habana, seguirá vulnerando y desprotegiendo a los líderes defensores de derechos humanos, de cara al resurgimiento del paramilitarismo en Colombia, como las Águilas Negras y las Bacrim.

Resulta difícil – en el actual estado de las cosas –  tener certeza sobre el fin de las violaciones a los derechos humanos en el país. Existe en efecto el riesgo que, como pasó con la UP, luego de la desmovilización de las FARC, los paramilitares aprovechen para atacar. Está en duda la gobernabilidad de la paz que se está haciendo en La Habana. Al cierre de esta edición, El Espectador reporta que: “fueron asesinados Luis Fernando Ortega Rubio (expresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Oasis) y Nolberto Martínez Macana. La entidad, encargada de velar por la defensa de los Derechos Humanos, agregó que “reportes preliminares de Medicina Legal, así como la información sobre la manera como fueron encontrados los cuerpos sin vida de estos ciudadanos, hacen presumir que fueron torturados al momento del asesinato” (26.06.16).

Referencias El Libre Pensador:

Amnistia Internacional – Colombia 2015/2016.

Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” – El genocidio contra la Unión Patriótica.

Programa Somos Defensores – Santos se raja en protección a defensores en Colombia.

El Espectador – Presuntas torturas agudizan crisis de derechos humanos en Soacha.

Youtube – Solo le pido a Dios, Mercedes Sosa.


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