25 de julio de 2014
Minería: ¿desarrollo o muerte?
Por: Ana Maria Arango
Colombia es un país con una arraigada tradición minera. La industria cobija desde la simple (aunque no por eso menos invasiva) extracción de piedra y grava tan común en la sabana Cundiboyacense, hasta las sofisticadas industrias del carbón en la guajira, de las esmeraldas en muso, del níquel en Cerro Matoso o del oro en la costa pacífica. En total el sector colombiano explota 211 minerales en todo el territorio nacional.
El alto precio internacional de las commodities y el creciente mercado internacional minero, fueron los factores que esgrimió el Presidente Juan Manuel Santos cuando estableció, como no de los pilares de su gobierno la llamada Locomotora Minera, estrategia que apunta al fortalecimiento de la industria minera en el país como enclave de desarrollo.
Un sector para el desarrollo
El fomento a la industria minera ha sido controversial desde el primer momento, pero lo cierto es que el sector minero ha crecido a tasas promedio del 4,5% anual durante la última década y su participación en el PIB es del 6,7%. El potencial minero del país es enorme; Colombia es el primer productor de carbón, esmeraldas y oro en América Latina, y el resto de productos mineros han venido en franco crecimiento durante los últimos años. Los desarrollos legales que el gobierno ha impulsado, han favorecido la inversión internacional en el sector: de 15.171 millones de dólares que el país recibió por Inversión Extranjera Directa en 2013, 12 mil fueron para el sector de minería y petróleo.
Los ingresos brutos de las regiones mineras también han sentido el impacto del fortalecimiento del sector. El monto por concepto de regalías pasó de 285.000 millones de pesos en 2004 a 1,96 billones de pesos en 2012.
Según la Agencia Nacional de Minería, el sostenido crecimiento del sector en Colombia y las expectativas para el futuro, han llevado adicionalmente a que se invierta en investigación, ciencia, tecnología e innovación, en el fortalecimiento institucional y en la formación de capital humano.
Sin embargo, ante lo que parecería un panorama exitoso y de crecimiento, para la opinión pública, la minería ha dejado más daños ambientales y sociales que beneficios económicos.
El precio del crecimiento
La exploración y explotación minera se caracterizan por ser fundamentalmente invasivas y los daños ambientales que dejan son irreversibles. La tierra es perforada en busca de minerales y con ello se perforan también ecosistemas completos. No solamente se rompen abruptamente los paisajes, sino también las condiciones vitales de miles de animales que se ven forzados a desplazarse, la capa vegetal de los suelos desaparece y los químicos utilizados en la minería, que impiden el crecimiento de nueva vegetación, pueden permanecer por miles de años en el ambiente. La frontera agrícola entonces, es desplazada y con ello la soberanía alimentaria del país se pone en riesgo.
El agua, elemento vital para la vida, es uno de los mayores damnificados de la industria minera. Los nacimientos de agua se ven afectados por la intervención de maquinaria pesada que los destruye y los causes de los ríos son desviados. Adicionalmente las aguas son contaminadas en los procesos de exploración y explotación que utilizan agentes químicos (mercurio o cianuro por ejemplo, son utilizados en el proceso de extracción de oro).
La utilización del agua en los procesos mineros también es desproporcional, según informó El Espectador “Mientras la extracción de un gramo de oro implica gastar hasta 1.060 litros de agua, para producir arroz, papa o leche en la misma cantidad, se utilizan menos de 2 litros”. Ante este desolador impacto ambiental, no es comprensible como el Gobierno Colombiano ha otorgado licencias ambientales en parques naturales y zonas de protección que incluso superan en extensión las áreas protegidas (casos como el del páramo de Santurban y el Parque Ecológico Natural Entre Nubes en Bogotá).
¿Desarrollo? ¿Desarrollo de qué?
La relación de minería y desarrollo no ha sido comprobada, la Contraloría es enfática al afirmar que la minería “no genera encadenamientos productivos y no dinamiza directamente la economía”. Prueba de ello es que los municipios con vastas industrias mineras son también de los más pobres del país.
Las condiciones laborales de quienes trabajan en la minería son por lo general deficientes, situación particularmente grave en la minería ilegal que supera el 60% del total de las exploraciones mineras del país. No existen contratos laborales estables, prestaciones sociales ni se cumple con las normas mínimas de seguridad.
El marco normativo, aunque insuficiente, prevé medidas regulatorias y sancionatorias pero el desempeño de los órganos de control deja mucho que desear. Si bien es cierto que se han suspendido licencias e impuesto sanciones ejemplarizantes como la de la Drummond en Santa Marta, el número de investigaciones y sanciones sigue siendo irrisorio.
Mientras el gobierno colombiano anuncia con bombos y platillos la “Locomotora Minera”, los países desarrollados protegen sus recursos naturales y concentran sus actividades de extracción en el tercer mundo que no se ha dado cuenta que su futuro (y acaso su presente también?) depende de ellos.
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