Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales

12 de septiembre de 2017

La visita papal abriría las puertas de la cárcel para al menos 30.000 reclusos

Por: María Paula Castillo Oliveros

La llegada de el papa Francisco a Colombia, de el 6 al 10 de septiembre; tiene como objetivo fundamental fomentar la paz y la reconciliación en Colombia. Esta situación ha movido al congreso de la República a valerse del llamado jubileo, y buscar la reducción de penas para los reclusos colombianos que están pagando sus respectivas condenas, con algunas excepciones para con los delitos de lesa humanidad, violación, secuestro, asesinato y también para los que están vinculados con el narcotráfico. Esta iniciativa ha generado interés en diferentes partidos políticos y también por parte del gobierno.

En qué consiste la medida

El papa Francisco de nombre secular Jorge Mario Bergoglio es el 266º y actual papa de la iglesia católica. El día viernes 10 de marzo, a las 10 a.m. hora colombiana, la Oficina de Prensa del Vaticano anunció la visita del Papa Francisco a Colombia, a partir del siguiente comunicado: Acogiendo la invitación del Presidente de la República y de los Obispos colombianos, Su Santidad el Papa Francisco efectuará un viaje apostólico a Colombia del 6 al 11 de septiembre de 2017, visitando las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín,  y Cartagena”.

El jubileo es una antigua tradición católica que permite otorgar durante un año indulgencias a los fieles que cumplen algunas condiciones establecidas por el Vaticano; es costumbre en los países de mayorías católicas cuando un sumo pontífice realiza una visita, como la que está confirmada por el papa Francisco, y la que despertó el interés del Congreso de la República en iniciar sesión sobre dos iniciativas.

La primera, las de origen parlamentario,  propone el presidente del partido de la U, Armando Benedetti, que asegura que su propósito es reducir en una sexta parte la condena de algunos prisioneros y  también “para las personas que están imputadas, siempre y cuando los delitos no sean de lesa humanidad o de los Estatutos de Roma, nada de violación, de secuestros, de asesinatos”. La segunda, del Centro Democrático, dista de la anterior,  ya que este excluye de los beneficios a los  integrantes de las FARC, que a su juicio cometieron, crímenes atroces, narcotráfico y corrupción.

Los beneficiados

La propuesta del gobierno es presentada por el ministro de Justicia, Enrique Gil, quien explicó cuántas personas podrían verse beneficiadas con la iniciativa.  “Podrían salir de manera racional, paulatina y progresiva entre 20 mil y 30 mil personas. No es una salida masiva de las cárceles como podría entenderse, sino desde unos criterios de judicialización donde habrá que hacer una solicitud, e igualmente quedan proscritos los delitos de lesa humanidad, genocidio y conductas de naturaleza muy grave como la corrupción”, dijo el Ministro.

Cabe resaltar que con la iniciativa del gobierno también saldrían beneficiados quienes ya han sido condenados, y con esta rebaja de la quinta parte serían menos dos años para quien ya ha sido condenado a diez. Estas iniciativas se presentan de forma separada, ya que tienen diferencias que se espera serán resultas en el trámite legislativo. Aunque cabe resaltar que ambas tienen el mismo objetivo.

Sin embargo, hay quienes se oponen a estos proyectos, como lo son el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que le envió una carta al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, en la que se declara desconcertado  por las iniciativas del Gobierno y del partido de La U.

El Fiscal insiste en que no existe ningún fundamento teórico o empírico en el proyecto del senador Armando Benedetti y que está totalmente en desacuerdo con que se propongan beneficios para narcotraficantes, los implicados en el escándalo de Odebrecht y otros casos de corrupción. Incluso, el fiscal reprochó que estas iniciativas no se hubieran discutido primero en la Comisión de Política Penitenciaria, que es integrada por el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo y pidió una pronta reunión. A este llamado se le sumo el  procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, quien está de acuerdo en citar una reunión para discutir las iniciativas y sus consecuencias si fueren aceptadas.

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