Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales

3 de agosto de 2015

¿Falsos positivos judiciales?

Por: Ana María Arango

Solo 5 días después de los atentados del 2 de julio a dos sedes de Porvenir, la policía capturo a 15 personas que señaló de ser los autores del acto terrorista. Menos de un mes después de las capturas, 2 de los acusados fueron liberados por que demostraron que no estaban en Bogotá, los cargos de otros 10 fueron cambiados y solo 3 personas son investigadas por su presunta participación en los hechos, mientras en las redes sociales denuncian este como un caso de falsos positivos judiciales.

Después de los terribles atentados que dejaron varias personas heridas, uno de ellos en cuidados intensivos, la pregunta natural era ¿quién habría atentado contra Porvenir?. Porvenir, es un fondo de Pensiones y Cesantías de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos del país, y quien solo un año antes había anunciado públicamente su apoyo al proceso de paz, cuando afirmó que superar el conflicto con las guerrillas mejoraría el desempeño económico de las empresas nacionales.

Más dudas que certezas

Paradójicamente, y según informó la policía en la mañana del 7 de julio, quienes atentaron contra la propiedad del empresario comprometido con la paz, habrían sido guerrilleros del el ELN. 15 personas en total fueron detenidas con un cubrimiento televisivo francamente impresionante y los nombres de los inculpados fueron publicados en todos los medios de comunicación en el momento mismo de las capturas. Todos los inculpados tienen en común ser jóvenes, líderes sociales y/o políticos y muchos de ellos pertenecen al movimiento político Congreso de los Pueblos.

Dos de los detenidos fueron liberados después de que el rector de la Universidad Pedagógica, Adolfo Leon Atehortúa, demostrara personalmente que eran estudiantes de esa institución y que el día de los atentados se encontraban fuera de la ciudad.

De los 13 detenidos que quedaron, 10 fueron desvinculados del caso contra Porvenir y señalados de organizar y ejecutar disturbios en la universidad Nacional en el mes de mayo de este año.

Quedan 3 detenidos por los atentados del 2 de julio y señalados de pertenecer a las milicias urbanas del Ejército de Liberación Nacional. De los 3 que quedan, “El Profe”, tiene en su contra videos y testigos que lo ubican en la cede de Porvenir de la calle 72 donde estalló uno de los petardos. Sin embargo, poco después de su captura la Universidad Nacional informó que no era cierto que fuese profesor de esa institución como se había informado inicialmente.

La reacción pública

Desde la mañana misma de las capturas, las redes sociales se inundaron de denuncias de organizaciones sociales, estudiantes, políticos y ciudadanos que afirman que este es un caso de falsos positivos judiciales. Durante las audiencias en los juzgados de Paloquemao, decenas de personas protestaron día y noche.

A lo confuso que ha sido el caso, se sumó una renuncia masiva de los abogados defensores que alegaron falta de garantías judiciales, mientras los medios cubrían la denuncia que hacían algunas organizaciones políticas por persecución. El caso más sonado, es el de Paola Salgado, contratista del distrito y experta en temas de género además de defensora de los derechos de la mujer, pero la mayoría de los detenidos eran, como ella, activistas políticos de oposición.

Las voces que proclaman la inocencia de los detenidos, afirman que esta, es una estrategia para acallar las voces políticas disonantes y contener el movimiento político de los jóvenes. En ese sentido, el senador Alberto Castilla afirmó “En una estrategia usual de la justicia colombiana, se está realizando un montaje judicial que tiene una doble finalidad: mostrar resultados ante la opinión pública y estigmatizar al movimiento social para frenar su acción política […] Estos líderes están siendo víctimas de ‘falsos positivos’ judiciales. Estamos ante montajes que persiguen la presentación de resultados positivos en la labor investigativa, aunque para ello se tengan que valer de información falsa y de la violación de derechos”

Mientras el país debate sobre si son o no falsos positivos judiciales y la justicia avanza en determinar la culpabilidad de 10 de los acusados en los disturbios de la Universidad Nacional y de otros 3 en los atentados del 2 de Julio, queda en el aire la pregunta que surgió desde el principio y que hasta ahora nadie ha respondido ¿Por qué atentaron contra Porvenir? y es que no puede ser casualidad que los dos atentados, casi simultáneos, hayan sido en dos de las 11 sucursales de Porvenir en la ciudad.

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